El director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, apostó ayer por “llegar a un punto de entendimiento” con el Concello tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la rebaja unilateral de tarifas de autobús realizada por el Gobierno local de Marea Atlántica en 2018 . Esta podría dar derecho a una compensación hacia la compañía, pues ha visto rebajados sus ingresos desde que los nuevos precios entraran en vigor en febrero de 2019, y la alcaldesa Inés Rey indicó ayer que sería “gravosa” para las arcas municipales. Antes de la rebaja, la tarifa general era de 1,30 euros en vez de los 1,20 actuales, y además se estableció la gratuidad para los viajes de menores de trece años y los transbordos.

La sentencia todavía puede recurrirse. Rey señaló que va “contra los intereses del Concello” y que los servicios jurídicos municipales están estudiando las posibilidades “para buscar el resultado menos gravoso para los intereses generales”. Fuentes municipales especifican que se ha pedido a la asesoría jurídica un informe acerca de si habría posibilidades de éxito a la hora de llevarla ante el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento ha tenido una interpretación judicial a su favor, pues el Juzgado de los Contencioso-administrativo número 4 de la ciudad falló en febrero a favor del Concello en esta cuestión. Pero si el Alto Tribunal entiende, como el Superior, que la rebaja fue irregular por fundamentarse en una aplicación retroactiva de la ley y no haberla justificada por su “interés social”, aumentaría la indemnización que tendría que abonarse a la concesionaria.

Sobre la posibilidad de que vuelvan a subir las tarifas tras el fallo judicial, Rey señaló ayer que “no puedo decirlo”, pues el Concello aún está analizando la sentencia. Prada indicó que el fallo anula la rebaja, y aunque no lo dijo directamente, de esto se deduce que volverían a incrementarse, si se hace firme y no se llega a un acuerdo con la empresa.

Aunque consideró que analizar un posible cambio de tarifa “no es ahora mismo lo relevante”, Prada señaló que “siempre se puede llegar a un acuerdo” para mantener el precio a 1,20 siempre que se mantenga la “seguridad jurídica” y no se les impongan cambios unilaterales en el convenio; en esta ocasión, como en otras, el Concello tendría que compensar a la concesionaria. Rey apostó por el “diálogo y la búsqueda de acuerdos” con las concesionarias.

Prada atribuyó una intención política, y no de búsqueda de interés general, a la rebaja de tarifas, indicando que entró en vigor tres meses antes de las elecciones municipales de 2019, si bien la decisión de realizar la rebaja se aprobó en septiembre de 2018 y partía de informes elaborados previamente.

Prada también defendió que los costes del billete no eran altos, en comparación con otras ciudades españolas, y argumentó que la tarifa promedio en las ciudades entre 200.000 y 350.000 habitantes, excluyendo A Coruña, fue 1,35 euros en 2019. Además, señaló que A Coruña fue la ciudad en la que menos cuesta a las arcas municipales subvencionar el transporte urbano, pues el 78% de los costes de explotación se cubren con las tarifas, si bien para justificar esto presentó datos de 2016.

Entre 2018 y 2019 los viajes en bus subieron un 5%, en 1,1 millones, según resaltó Marea para defender la rebaja de tarifas, pero Prada afirma que los descensos de precios no tienen efecto relevante en el uso transporte público y que los incrementos de ese año se correspondieron con la media nacional.

Beneficios pese a la rebaja

Este mayor número de usuarios no se correspondió con un incremento de los ingresos. En 2019, los beneficios de la concesionaria bajaron un 12,3% en relación al año anterior, pero se mantuvieron por encima de los 3,3 millones de euros.

Marea argumentaba la rebaja en los “beneficios extraordinarios” de la compañía. Al menos desde 2010, y según las cuentas de la concesionaria, a las que ha tenido acceso este diario, Tranvía siempre ha tenido beneficios, que oscilaron entre los 2,8 millones de ese año hasta los 4,66 de 2012. El reparto de dividendos ha ido incrementándose: dos millones en 2010-2014; 2,2 millones en 2015 y 2,6 millones en 2016-2019, y han oscilado entre el 42,8% y el 78,3% de los beneficios. Esta cifra récord se alcanzó en 2019, si bien se congeló la entrega por el COVID.

Tranvías argumenta que la falta de “seguridad jurídica” causada por la rebaja, y por la interpretación del anterior Gobierno local de que la concesión acababa en 2016 (también tumbada en los tribunales) llevó a la compañía a no invertir, ya que no sabían si los beneficios les serían retirados unilateralmente o si se les anularía el contrato. Así, afirmó que dejaron de renovar 56 buses, más de la mitad de la flota.

El PP lamenta el coste para los ciudadanos

El PP lamenta las repercusiones económicas de la sentencia: “Todos los coruñeses tendrán que pagar con su dinero las ilegalidades del Gobierno de Marea. Las arcas municipales deberán afrontar una indemnización millonaria”. E insta a Inés Rey a reflexionar sobre su modelo de ciudad, ya que negocia los presupuestos con Marea.

Marea denuncia el mismo reparto de dividendos

María García, portavoz de Marea, denuncia que Tranvías mantuvo intacto el reparto de dividendos “mientras congelaba la inversión” en el servicio. “En 2018, antes de la bajada del billete del bus, y en 2019, después, la empresa asignó los mismos dividendos a los accionistas: 2,6 millones [si bien se congeló el reparto]. Casi ocho de cada diez euros van al bolsillo de los propietarios”, denuncia, y defiende “agotar todas las vías jurídicas”.

El BNG insta a recurrir el fallo del Superior

El BNG sintetiza en tres aspectos su análisis de la sentencia del TSXG que anula reducción del billete del bus. Para los nacionalistas, el Concello “debe recurrir el fallo para proteger los intereses municipales”. Lamentan que no se hayan reordenado las líneas del bus y llaman al Gobierno local a que asuma la gestión directa del servicio.