En 2018 el Gobierno local, en el que por aquel entonces estaba Marea Atlántica, decidió imponer a la concesionaria de buses urbanos, la Compañía de Tranvías, una rebaja de las tarifas. Esta entró en vigor en febrero de 2019 y supuso la bajada del billete general de 1,30 a 1,20 euros, además de la gratuidad para los transbordos y los viajes para menores de trece años.
Tranvías recurrió esta decisión, entendiendo que la perjudicaba, y el pasado 1 de octubre el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio la razón, anulando el acuerdo por el que se aprobó la rebaja, que había sido avalado previamente por la Justicia en primera instancia. En pleno conflicto judicial, el PP defenderá hoy en el pleno municipal una moción, que presentó antes de conocerse la sentencia, para que el bus sea gratis para los menores de 18 y se amplíen bonos, y líneas, aunque “siempre negociando con la concesionaria”.
¿Por qué se realizó la rebaja de tarifas? La ventaja para el Ayuntamiento consistía en que podía ofrecer un servicio más barato para los ciudadanos sin coste para sus arcas, y lo justificó en base a dos argumentos, de los que el primero era que así se adecuaba el convenio a lo que dispone la normativa europea sobre transporte colectivo de viajeros, aprobada en 2007. Marea también entendía que la concesionaria obtenía beneficios extraordinarios, una postura que mantiene; la portavoz del grupo, María García, reiteró ayer que son “abusivos”. Recopiló cuatro informes entre ellos uno de investigadores de la Universidade da Coruña, otro de la asesoría jurídica municipal y un tercero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia.
¿Por qué se opuso Tranvías? La Compañía de Tranvías consigue sus ingresos de dos formas: por subvenciones municipales (en 2019, unos 9,5 millones), y por los billetes, que ese año supusieron unos 13,7 millones. Los gastos de explotación corren a su cargo, y la diferencia entre uno y otro determina el beneficio (o, en su caso, pérdida) que consigue, por lo que la rebaja de las tarifas hace que obtenga menos beneficios. En otras ocasiones se habían moderado las tarifas o su crecimiento, pero siempre de manera consensuada con la empresa, y esta ha recibido dinero público en compensación. Adicionalmente, Tranvías señala que este cambio la pone en una situación de inseguridad jurídica, pues no tiene la certeza de que no se le recorten los beneficios alterando el contrato. Esto, afirma la empresa, le llevó a cancelar inversiones, como la renovación de 56 vehículos.
¿Existían los beneficios extraordinarios que alegó el Gobierno de Marea? Así lo entendió el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de la ciudad, que vio el asunto en primera instancia e interpretó que resultaba “desproporcionado el equilibrio entre el beneficio de la compañía y el interés público de los ciudadanos”, dando la razón al Ayuntamiento. Al menos entre 2010 y 2019, según las cuentas de la compañía, esta ha ganado anualmente entre 2,8 y 4,66 millones de euros, y repartido beneficios entre los dos y los 2,6 millones de euros anuales (aunque en los de 2019 se congeló la entrega). Tranvías insiste en que el convenio es un contrato “a riesgo y ventura”, en el que la concesionaria gana dinero y se expone a perderlo. Su director, Ignacio Prada, señala que la media de tarifas en ciudades similares a A Coruña en 2019 fue de 1,35 euros, y afirma que el sistema de buses coruñés es el que menos dinero municipal requiere.
¿Por qué el Superior anula la rebaja? Considera que es irrelevante que haya o no beneficios extraordinarios, pues lo que hay que analizar es si el Ayuntamiento tenía derecho a cambiar la concesión. Entiende que no, pues no ha acreditado un “interés social” que podría justificarlo. En cuanto a la normativa europea, el Superior considera que se ha aplicado retroactivamente, y que si se quería adaptar el convenio a esta, habría que compensar a Tranvías.
¿La sentencia es definitiva? No, todavía no es firme. El Concello puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, algo que reclaman Marea y BNG. La asesoría jurídica municipal prepara un informe para analizar si hay posibilidades de éxito, pues si el asunto se llevase al Alto Tribunal y este lo rechazase, el Concello asegura que tendría que afrontar gastos adicionales La alcaldesa Inés Rey ha asegurado que se tomará la decisión que conduzca al resultado “menos gravoso para las arcas municipales”. Sobre las posibilidades de recurrir existen discrepancias, pues algunas fuentes conocedoras del procedimiento consultadas por este diario ven pocas posibilidades de que prospere, mientras que otras fuentes jurídicas señalan que el Supremo ha fallado en favor de posturas asimilables a las del Ayuntamiento.
¿Volverá a subir el billete? La sentencia señala tan solo que se anula el acuerdo que realizó la rebaja, sin señalar un procedimiento de ejecución ni anticipar compensación. Tanto el Ayuntamiento como la compañía han rechazado decirlo directamente, pero la consecuencia es que, si la anulación de la rebaja se hace firme, los precios vuelvan a la situación de 2019. Una posibilidad es que se mantenga el precio a cambio de algún tipo de compensación del Ayuntamiento a la concesionaria. Prada se mostró dispuesto a “llegar a un acuerdo” con el Ayuntamiento para encontrar una solución. Rey apostó el pasado martes por el “diálogo” con las concesionarias. La hipotética negociación se afrontará con el fin de la concesión en el horizonte: acaba en 2024, tras 36 años.
La otra disputa con Tranvías. La concesionaria llevó al anterior Gobierno local a los tribunales en otra ocasión, pues el Ayuntamiento, aplicando otro punto de la normativa europea de 2007, entendió que la concesión debía terminar en 2016, a los treinta años de su inicio. Tranvías recurrió entonces a los tribunales para mantener el contrato hasta 2024, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le dio la razón, fallando que las tres décadas de plazo debían contarse a partir de 2009, cuando entró en vigor la normativa.
