Casi seis de cada diez viviendas registradas en la ciudad en los últimos doce años pertenecen a sociedades que son propietarias de ocho o más inmuebles residenciales, según consta en la estadística del Catastro, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. De las 16.025 altas que se recogen en este apartado, 8.985 fueron inscritas por empresas que ya eran propietarias de más de ocho inmuebles. De estos 16.025 inmuebles registrados en los últimos doce años, 5.742 pertenecen a personas físicas, de las cuales tan solo 463 tienen más de ocho propiedades residenciales.
Esta cifra no quiere decir que todas las altas que se hayan producido sean de pisos, ya que, según fuentes del departamento catastral, si no está hecha la división horizontal de un edificio, la referencia es solo una, aunque haya más de una vivienda en el inmueble.
A pesar del peso que tienen todavía los grandes tenedores en la serie de datos desde 2008, la tendencia de los grandes propietarios ha ido cambiando con el paso de los años y, sobre todo, con el de la crisis económica anterior a la de la pandemia, ya que las cifras de altas se redujeron considerablemente en todas las categorías. El pico está en 2009, cuando se registraron 3.397 propiedades residenciales, para entonces, 2.289 pertenecían a sociedades con más de ocho inmuebles (el 67,38%) y 737 (21,7%), a personas físicas con una o dos propiedades —el perfil de dueño que adquiere la vivienda para residir en ella—.
Tras este pico, las cifras de altas de inmuebles residenciales fueron reduciéndose y también el peso de los grandes tenedores de vivienda, con la excepción del año 2013, cuando las sociedades con más de ocho inmuebles que registraban sus adquisiciones llegó a rozar el 68%, para entonces, el total de las altas fue de 1.718 inmuebles y más de 1.100 pertenecían a este tipo de propietarios. Ese año, sin embargo, ninguna persona física con más de ocho propiedades registró un nuevo inmueble. El año con menos altas en el ejercicio fue el siguiente, el 2014, con solo 285 registros, 86 de ellos, de grandes tenedores de vivienda. El porcentaje de los grandes propietarios ha ido mermando con el paso de los años hasta pasar al 40% de los años 2018 y 2019.
Y el año pasado con la pandemia, ¿cómo se comportó el mercado inmobiliario en la ciudad? Según los datos del catastro, se dieron de alta 661 viviendas, de las que más de la mitad, 206, fueron inscritas por empresas que ya tenían más de ocho inmuebles. De las 387 personas físicas que inscribieron una residencia durante el pasado ejercicio, 208 eran propietarios de una o dos inmuebles y 89, de más de ocho. A pesar de que el año 2020 estuvo marcado por la pandemia y, sobre todo, por el confinamiento y las restricciones tanto de movilidad como de actividades no esenciales, las cifras de altas de viviendas superaron a las de 2019, cuando solo se inscribieron 453 inmuebles residenciales, de ellas, 185 eran de personas jurídicas con más de ocho propiedades.
La nueva ley de vivienda anunciada por el Gobierno del Estado pretende limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas y también imponer un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que tengan viviendas vacías para forzarles a que las pongan en alquiler y que sus precios puedan ser accesibles a la población. Estos datos reflejan que hay una parte importante del mercado inmobiliario en la ciudad que está en manos de empresas con más de ocho propiedades.
La definición de vivienda vacía y la de zona tensionada condicionan la aplicación de la nueva ley de vivienda
El Gobierno local considera que la nueva ley de vivienda es “positiva”, aunque todavía no sabe cómo se aplicará, ya que fuentes municipales indican que están a la espera de que la Xunta especifique qué es una vivienda vacía, ya que se pueden tener en cuenta diferentes variables para definir qué es y a qué inmuebles se les puede aplicar el recargo en el IBI. También queda por definir qué se entiende por zona tensionada, para saber en qué lugares se puede intervenir el precio del alquiler. El secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, explica que no será hasta que se publique la ley cuando sepan si resulta beneficiosa o no para el mercado de la vivienda, aunque, por ahora, asegura que “la música” que suena no les gusta a los empresarios del sector. La asociación considera que es necesario también definir bien qué es lo que se va a tener en cuenta para considerar que una vivienda está o no vacía. “Si no nos vale el padrón y vamos a que no tenga consumo de suministros, a lo mejor, lo que hacemos es peor, porque puede haber propietarios que enciendan la luz unas horas a la semana o que abran los grifos y desperdicien el agua solo para que no se entienda que su vivienda está vacía. No parece lógico que se haga algo así”, relata Yáñez, que se posiciona en contra de la intervención en el precio del alquiler, porque considera que no favorece a la rehabilitación, ya que los propietarios, al tener un tope en el precio que pueden exigir a sus inquilinos, “no pueden recuperar a través de la renta la inversión realizada” en mejorar las viviendas, y hace una analogía con la ley aplicada durante el franquismo, que dio pie a las rentas antiguas. La entidad asegura que los propietarios de vivienda quieren alquilar y que si no lo hacen es porque no encuentran quien pague el precio que piden.
