El precio medio del alquiler ha subido desde 2014 un 30%, según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Frente a los 403,4 euros al mes que costaba entonces de media alquilar una vivienda en la ciudad, ahora, el precio asciende a 524,5 euros. La diferencia es de 121,1 euros, que representa un incremento del 30% del precio medio del alquiler en la ciudad. En 2019, el precio era ya de 502 euros.
La subida de los arrendamientos casi duplica al incremento que experimentó en el mismo periodo —desde 2014 a 2021— el precio medio del metro cuadrado de las viviendas adquiridas en la ciudad, que pasó de 1.534,3 euros a 1.809,5 euros, según el mismo observatorio autonómico, a partir de datos del Instituto Galego de Estatística. Unos 275 euros que representan una subida de casi el 18% del precio. Un año antes, el precio del metro cuadrado de las viviendas era un poco más alto, 1.610 euros, por lo que el incremento en comparación con las transacciones realizadas durante este año es inferior, de un 12,38%.
Estos datos son reflejo de los precios medios de la ciudad teniendo en cuenta los contratos de alquiler depositados en el Instituto Galego de Vivenda e Solo y también de las transacciones realizadas por compraventa. Los pisos disponibles en portales de internet e inmobiliarias en la ciudad cuentan con precios superiores a los 400 euros, los pocos que bajan de ese precio suelen ser quintos o sextos sin ascensor o de dimensiones muy reducidas.
El incremento del precio del alquiler supera la subida en la renta media disponible de los vecinos. Según los datos recogidos por la Agencia Tributaria, cuyo dato más actualizado es de 2019, la renta disponible en la ciudad era de 25.700 euros, un 19% más que en 2013, cuando la renta disponible —que es el dinero con el que cuentan los coruñeses de media anual después del abono de los impuestos— era de 21.554 euros.
Durante la pandemia y tras el confinamiento más severo, el mercado inmobiliario se escoró hacia las viviendas unifamiliares, también hacia las residencias con piscina, que, por sus características hacen que suban los precios medios.
La nueva Ley de Vivienda, anunciada por el Gobierno, pretende facilitar el acceso al alquiler, por una parte, poniendo coto a los precios que piden los propietarios a quienes quieren arrendar una residencia en zonas tensionadas y, por la otra, permitiendo que los ayuntamientos impongan un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios que tengan viviendas vacías. A falta de que se publique finalmente el contenido de la ley, que incluye, además, ayudas de 250 euros mensuales para los jóvenes de entre 18 y 35 años, quedan por definir conceptos como vivienda vacía o zona tensionada, para poder aplicar estas medidas. Para hablar de vivienda vacía pueden tenerse en cuenta varias cosas, como el padrón o el recibo de los suministros básicos, como el agua y la luz.
El director gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, relata que el mercado del alquiler en la ciudad está integrado en su mayoría por pequeños propietarios, que quieren sacar rendimiento de sus residencias.
Apunta a que, según la definición que se haga de vivienda vacía, puede darse la picaresca entre los propietarios que, por ejemplo, pueden empadronar a alguien en su propiedad para que cuente como una residencia habitada o que vayan a encender las luces o a abrir los grifos una vez a la semana para que el recibo suba y parezca que está ocupada y para que no se les pueda imponer el recargo. Por ahora, estos conceptos no han sido definidos, aunque las maneras de intentar sortear sus consecuencias se han desarrollado ya. Los inquilinos apuntan a la necesidad de que la aplicación de la ley no infle el mercado.
Rey censura al PP por rechazar la Ley de Vivienda
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se refirió ayer a la Ley de Vivienda como una conquista social y afeó al Partido Popular sus “insumisiones, entre comillas legales” para “torpedear políticas de progreso”. Preguntada por el anuncio del PP de no aplicar la nueva norma en las comunidades en las que gobierna, la regidora criticó que “no es nuevo que el PP rechace cumplir leyes que amplían derechos, que protegen a los más vulnerables y que ayudan al progreso social”. “A la mente se nos viene a todos desde la ley del matrimonio homosexual hasta la ley del aborto y, en su momento, hace muchos años, hasta la ley del divorcio”, añadió la alcaldesa, que indicó que “cualquier conquista social en este país en los últimos años” se materializó con el PSOE en el Gobierno del Estado. “Siempre ha habido una resistencia del ala más conservadora del país, de la derecha y del PP que se ha mostrado reticente a los avances sociales”, explicó la regidora municipal. “Hay caminos que son solo de ida. La ampliación de derechos y la protección social es uno de ellos. Me gustaría que en esto tuviéramos todos el mismo sentido de Estado y la misma vocación de servicio público”, comentó la alcaldesa, que afeó al PP que se opusiese a la aplicación de la nueva Ley de Vivienda que prevé aprobar el Gobierno para fomentar el acceso a la vivienda, sobre todo, de los más jóvenes, ya que incluye unas ayudas directas de 250 euros mensuales a los futuros arrendadores de entre 18 y 35 años.
