Las investigaciones acerca de la muerte de Diego Bello, el joven coruñés abatido en enero del año pasado por la Policía filipina en una supuesta operación contra el tráfico de drogas, se han reactivado con la presentación de casos criminales contra tres agentes. La Justicia del país asiático les ha reclamado que presenten declaraciones juradas sobre el incidente antes del 25 de este mes, según la agencia nacional de noticias, Philippine News Agency. Se les acusa de asesinato, manipular pruebas y perjurio, coincidiendo en esto con la versión de la familia, que habla de montaje policial.
Otro medio del país, el Philippine Daily Inquirer, cita al secretario de Justicia filipino, Menardo Guevarra, que ha declarado que el Gobierno español está siguiendo el caso de cerca y que el embajador le ha pedido hablar del caso en otras dos ocasiones, lo que llevó al departamento a presentar cargos contra los agentes en septiembre. La Justicia investiga el caso dentro de una revisión de 52 muertes en la lucha contra las drogas. Fuentes de la familia de Bello señalan que se personarán como acusación privada en la causa “casi con toda seguridad”.
