La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria o Sareb, el llamado banco malo, ha iniciado un proceso con el que persigue la identificación de los ocupantes o legítimos propietarios de los inmuebles con 55 viviendas del barrio de Palavea en los que desde hace unos años ha habido personas instaladas ilegalmente. El objeto de este procedimiento es conocer si esos dueños tienen derecho a permanecer en los pisos abandonados, cuestión que resolverá un juzgado una vez que se produzcan las identificaciones. Del dictamen judicial dependerá la subasta de los edificios por algo más de nueve millones de euros, un proceso que la Sareb suspendió en mayo de este año, por lo que aplazó las negociaciones con el Concello por la cesión de las viviendas para dedicarlas a fines sociales.

El Gobierno local informó al grupo municipal del BNG a través de una respuesta escrita en el último pleno de que a finales de septiembre la Sareb comunicó que la puja judicial “estaba en tramitación” y a la espera de que el juzgado resolviese los derechos de los ocupantes o propietarios del edificio de Palavea. Fuentes judiciales confirman que se ha iniciado de acuerdo con lo que señala la ley de enjuiciamiento civil sin que la subasta de los pisos haya sido reactivada.

La Sareb decidió paralizar la puja hace cinco meses para “revisar la estrategia judicial” sobre el inmueble. Al mismo tiempo, el Concello aclaró que la suspensión de la subasta no tenía relación con su negociación con la entidad ya que la posible cesión de los pisos no podría producirse hasta que la Sareb recibiese su adjudicación a través de la puja. Esta operación había sido convocada por un juzgado coruñés para satisfacer la deuda de 6,2 millones generada por la hipoteca bancaria solicitada por la promotora, la constructora Epamar, y los gastos de las obras realizadas, y en ella el valor de los pisos se fijó en 9,2 millones de euros.

En abril de este año, el director de sostenibilidad de la Sareb y el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, informaron de que negociaban la posibilidad de incorporar al parque municipal viviendas del banco malo para que el Concello las pusiera a disposición de familias sin recursos o sectores con dificultades para acceder a un hogar.