El Ayuntamiento de Valencia recibió en 2012 de la Autoridad Portuaria de la ciudad una superficie de 158.000 metros cuadrados que le fue cedida de forma gratuita, mientras que el Consistorio de Almería ultima ahora los trámites para recibir de la misma forma casi 84.000 metros cuadrados que son propiedad del Puerto de esa capital andaluza. En ambos casos estas operaciones se ampararon en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que entró en vigor en 2004 y que autoriza la cesión gratuita de bienes del Estado cuando tienen por destinatario a otras administraciones y siempre que se dediquen a “fines de utilidad pública o interés social de su competencia”, e incluso permite que la cesión se realice a fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública.
Frente a estas iniciativas, que hacen posible que los ciudadanos de Valencia disfruten desde hace años de los terrenos que fueron utilizados en su día por el Puerto y posteriormente por la organización de la Copa del América, la Autoridad Portuaria de A Coruña defendió tradicionalmente que la cesión gratuita de propiedades públicas está prohibida por la Ley. El entonces presidente del organismo, Enrique Losada, calificó en 2017 de “absolutamente demagógica” la reclamación de la entrega sin coste de los terrenos portuarios al Concello que reclamaba el Gobierno local de Marea Atlántica y advirtió de que esas operaciones “le van a costar dinero al ciudadano ya sea por el bolsillo derecho o el izquierdo”.
Losada también puso en duda que el Gobierno central fuese a condonar la deuda que mantenía en ese momento el Consorcio Valencia 2007 con el Estado por los gastos efectuados en las instalaciones portuarias. Pero a finales de 2020 el Ejecutivo estatal asumió los 390 millones que le debía el consorcio valenciano y acordó pagar además los costes que se adeudaban a la Autoridad Portuaria por aquellas actuaciones, lo que se efectuó en dos plazos de 16,9 millones, el segundo de los cuales aparece en el proyecto de Presupuestos del Estado presentado el pasado miércoles. Por si fuera poco, el crédito de 60 millones que solicitó el Consorcio Valencia 2007 al Banco Santander y que transferido al fondo de inversión TCA será asumido finalmente por el Ayuntamiento, la Comunidad Valenciana y el Estado.
Frente a esta postura hacia Valencia, el Gobierno central no solo no prevé la cesión gratuita de los terrenos de A Coruña que dejarán de tener actividad portuaria, sino que rechaza de plano la posibilidad de una condonación de la deuda de 200 millones que la Autoridad Portuaria mantiene con Puertos del Estado por la construcción de la dársena de punta Langosteira.
La diferencia entre los casos de Valencia y A Coruña fue expuesta por el propio presidente del Puerto coruñés en 2017, ya que Losada recordó entonces que el organismo que dirigía precisaba obtener recursos para “poder pagar las deudas que asumió con la construcción del puerto exterior”. Esa necesidad y la vigencia de los convenios firmados en 2004, que establecían la venta de los muelles interiores para financiar el puerto exterior, son los argumentos empleados por quienes se oponen tanto a la condonación de la deuda como a la cesión gratuita de los terrenos del puerto.
La legislación autoriza ese tipo de operaciones pero establece que cuando el valor de los bienes transferidos supere los tres millones de euros debe ser aprobada por Puertos del Estado, mientras que si sobrepasa los 18 millones es preciso el permiso del Gobierno estatal. La superficie cedida por la Autoridad Portuaria de Valencia al Ayuntamiento en 2012 fue de 158.887 metros cuadrados, mientras que la construida alcanzó los 174.420 metros cuadrados. El valor catastral que tenían esos bienes, según los datos del Tribunal de Cuentas fue de 56.181.052 euros, de los que 26.493.398 correspondían al suelo y 29.687.654 a las construcciones existentes, entre ellas la antigua Lonja de Pescado y el edificio de trabajos portuarios.
Para efectuar la cesión y debido al valor de los bienes, la Autoridad Portuaria solicitó la autorización al Gobierno, que remitió el caso a la Dirección General de Patrimonio del Estado, cuyo visto bueno hizo posible que el Consejo de Ministros diera vía libre a la entrega de los terrenos y edificaciones. Posteriormente, el Ayuntamiento traspasó los terrenos al Consorcio Valencia 2007 con el fin de que sirviesen de garantía para el pago de la deuda que mantenía con el Estado y que finalmente fue asumida por esa misma administración.
Nueva etapa
El pago de la deuda abrirá además una nueva etapa en el Consorcio valenciano, ya que el 1 de noviembre será abandonado por el Estado. Para sustituir su participación en el ente se analiza ahora si es más conveniente la entrada de la Autoridad Portuaria o de Puertos del Estado.
En el caso de Almería, el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Puerto, alcanzado a principios de este mes, recurrirá a la fórmula de la concesión demanial a la administración municipal, ya que en una parte de los 83.875 metros cuadrados que forman parte de esta operación continuará habiendo actividad portuaria, ya que el muelle en el que atracan los cruceros está situado en esa zona. Ese sistema permitirá al Ayuntamiento ocupar los terrenos a pesar de que la Autoridad Portuaria siga desarrollando su actividad en ese entorno.
Ambas instituciones se proponen que el muelle de Levante continúe siendo el lugar de arribada de los cruceros, pero que al mismo tiempo se dote de instalaciones de ocio, comerciales, culturales y administrativas. Otro de los objetivos que se persiguen con la transformación de los terrenos es la conexión de todo el frente marítimo de la ciudad, en el que se instalará un nuevo pavimento, además de servicios y mobiliario urbano.
