La Xunta y el Estado se reunieron ayer con la agrupación de mariscadores a pie coruñesa para resolver quién compensará a estos profesionales cuando se paralice su actividad por el dragado de la ría de O Burgo, un asunto que lleva años sin solución. Fue, según el portavoz de los mariscadores, Manuel Baldomir, una charla “poco fructífera” en el que “el 90% del tiempo se pasó en discrepancias políticas” y en el que las Administraciones siguen “políticamente enrocadas” en que el pago le corresponde a la otra. Baldomir considera que “no quedará más remedio que recurrir a Europa”, en relación a la denuncia que los mariscadores interpusieron ya en 2010 y que en abril de este año pidieron al Parlamento Europeo que mantenga abierta.

Por parte de la Xunta acudió la conselleira de Mar, Rosa Quintana, que insistió en la postura del Gobierno gallego: el Gobierno central promueve el dragado, y, por tanto, es el “responsable” de pagar las indemnizaciones. Se apoya en un informe pedido por parte de la Xunta y firmado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago (UDC), Luis Míguez, que se basó en la legislación existente, la jurisprudencia y el propio proyecto de regeneración.

Por parte del Gobierno central acudió la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, que insistió en que el Gobierno ya aporta “todo el dinero” para la regeneración de la ría, si bien la mayoría proviene de fondos europeos, y que la financiación de las ayudas corresponde a la Xunta, que suspende las licencias de explotación de los pescadores y tiene derivadas las competencias de marisqueo.

De acuerdo con Baldomir, los representantes del Estado les transmitieron a los mariscadores, como ya lo habían hecho anteriormente, que “tiene que ser la Xunta la que pague” y que si hay desacuerdo “podemos presentar una denuncia y que el juez resuelva”, algo que le parece poco práctico dado que un juicio “tardaría años”. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se comprometió en una reunión meses atrás a “desbloquear la situación”, recuerda Baldomir, “pero a día de hoy todo sigue igual”, mientras que el plan social propuesto en 2019, que no se llevó a cabo, prueba que “diálogo entre las Administraciones no hubo”.

La Xunta también propuso que los trabajos de recogida y reposición de simientes de marisco en la zona, los realicen los propios profesionales. El Estado ha incluido 600.000 euros en el proyecto para realizar estas labores, según recordó ayer Rivas.

Pero Baldomir calcula que la mitad de esta cifra irá a comprar material, y que la restante solo podrá compensar a las “ochenta familias” que dependen de la labor de marisqueo durante unos pocos meses, no los 26 que se supone que durará la obra. Los mariscadores han calculado en anteriores ocasiones el monto de ayudas necesarias en 700.000 euros.