La profesora de Derecho de la Universidade da Coruña Patricia Faraldo es la única candidata española para cubrir una vacante en el Grupo de expertas y expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica del Consejo de Europa. Las tres Secretarías de Estado con competencia en la materia, Igualdad, Asuntos Exteriores y Justicia, optaron únicamente por Faraldo en una reunión en la que podían escoger hasta tres.

Es la única candidata propuesta por el Gobierno para la vacante en el grupo de expertos y expertas de la Unión Europea. ¿Qué nos dice eso de su trayectoria?

Pues que he trabajado desde 2006 en temas relacionados con la violencia de género, en sentido amplio. Empecé ese año con un artículos sobre la introducción de la perspectiva de género en el Derecho Penal. He trabajado desde la perspectiva de las penas para los agresores, sobre todo las penas de aproximación y comunicación, y últimamente estoy trabajando en temas relacionados con las agresiones, los abusos sexuales y la falta de consentimiento en la violación.

¿Cómo ha evolucionado la perspectiva de la sociedad sobre estos temas desde que empezó a trabajar sobre ellos en 2006?

La Ley Integral contra la Violencia de Género ha tenido un impacto muy positivo. La lucha contra la violencia de género se ha convertido en una política pública, y hay una mayor percepción ciudadana sobre los daños que causa y las causas de esta forma de violencia. Creo que el impacto ha sido muy positivo en los últimos años, aunque no se refleje siempre en el nivel de denuncias.

¿Cómo se comporta la legislación española en ese sentido? ¿Estamos aquí más avanzados en ese ámbito, o esa ley integral llegó con retraso?

Yo creo que la ley integral fue pionera, y puso a España en la vanguardia de los países europeos. Tenemos muchas medidas de protección. Siempre son insuficientes, claro, pero se avanzó mucho en medidas de protección social, laboral, penal para las víctimas de violencia. Creo que estamos en una buena situación, en comparación con los países de nuestro entorno.

¿Por ejemplo?

Alemania. En 2008 estuve allí investigando sobre las prohibiciones de aproximación, y allí todavía estaban discutiendo quién debía abandonar el hogar en un caso de violencia de género, si el hombre o la mujer. Aquí ya teníamos clarísimo que tenía que ser el agresor. Y así con todo, van con un poco de retraso en este tipo de medidas.

¿En qué consiste la labor del grupo de expertos y expertas de la Unión Europea al que aspira entrar?

En monitorizar la implementación del convenio de Estambul en los distintos países que lo han firmado y ratificado. El funcionamiento interno todavía no lo conozco, y ya veremos si llegaré a conocerlo. Lo que hacen es misiones en cada país. Cada país tiene que rellenar un cuestionario sobre las medidas que propone el convenio de Estambul. Luego hay viajes para hablar con expertos y con el Gobierno, para ver cuál es el nivel real de implementación de estas medidas.

¿Se puede hablar de la existencia de una estrategia común europea en la lucha contra la violencia de género?

Hay un mínimo en el que la gran mayoría de los países estamos de acuerdo, y eso se ve en la ratificación del convenio de Estambul. Luego la implementación va a distintos ritmos, y siempre con peculiaridades nacionales. Es muy difícil implementar estándares nacionales.

Fue una de las redactoras del proyecto para la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Es una ley muy avanzada, porque ya legisla sobre la ausencia de consentimiento.

Se propone una protección integral de las víctimas de violencia sexual a todos los niveles. No es solo una reforma penal, que es donde parece haberse centrado la atención. También incluye medidas de contenido social, laboral y asistencial, y medidas relacionadas con la sensibilización y la formación en perspectiva de género de instituciones que son fundamentales para la lucha contra este tipo de violencia, como puede ser la judicatura, la fiscalía o la educación de los jóvenes. Hay mucho más allá del tema penal.

En este tipo de delitos, la sociedad aboga por aumentar el castigo o la pena a los agresores. ¿Hay que enfocarlo de otra forma, más orientada a la reinserción?

El derecho penal es última ratio, debe intervenir al final. Son mucho más importantes las medidas de prevención y sensibilización. También, por supuesto, las medidas de protección y asistencia a las víctimas.

Los partidarios de endurecer el Código Penal apelan al efecto disuasorio que pueden tener las penas largas a la hora de cometer delitos. ¿Esto ocurre?

Los delincuentes no leen el Código Penal. Endurecer las penas no disuade. ¿Qué conseguimos al aumentar las penas? Transmitir un mensaje a la sociedad sobre la gravedad de estos delitos, pero lo cierto es que estos delitos ya están muy castigados actualmente, a niveles que rozan el homicidio. Yo creo que más pena no es productivo, más protección, sí.

Todos los proyectos que salen del Ministerio de Igualdad suscitan una crítica similar en ciertos sectores, que afirman que no se puede legislar sobre cuestiones como el consentimiento, al considerarlo “percepciones subjetivas”.

Yo recomendaría que dieran una lectura de la ley, donde no se habla de percepciones subjetivas. Estamos hablando de una reforma más de los delitos sexuales, que han sido reformados en múltiples ocasiones por múltiples gobiernos. No es un tema sobre el que no se pueda legislar. Hemos estado legislando sobre él siglos.

La polarización política se ha intensificado estos últimos años. ¿Cómo se legisla en un clima de tensión en el que todas las decisiones están miradas con lupa?

No es nada nuevo, porque se observa también a nivel comparado. Es llamativo cómo el feminismo consigue muchos éxitos en términos de impulsar reformas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres, pero también es llamativo como luego esas reformas son criticadas ácidamente, a unos niveles que no se ven con respecto a otro tipo de reformas. Además, muchas de estas reformas, y así se ve en la práctica jurisprudencial, se ven luego descafeinadas en la práctica. Los tribunales son conservadores, en el sentido de que tardan en adaptarse a cambios legislativos. Es llamativo, sí, pero no es nuevo.

¿Falta perspectiva de género en la administración de justicia?

Sí, no solo en la judicatura, en muchas otras instituciones, pero la judicatura es particularmente visible en ocasiones. Creo que hay que formar en igualdad, y hay que formar en género. Los jueces tienen sus opiniones, su ideología, como todos los ciudadanos, pero creo que dar una formación básica sobre estos aspectos, sin duda puede enriquecer el contenido de la sentencia.

¿En qué se traduce esta falta de formación en género en las sentencias de este tipo de casos?

En que, por ejemplo, se interpreta la violencia y la intimidación, que es necesaria para que podamos hablar de agresión sexual, con un parámetro que está basado en el hombre medio ideal. ¿Sentiría temor el hombre medio ideal situado en esta posición? ¿La violencia ejercida sería suficiente para vencer la voluntad contraria del hombre medio ideal? Pero es que, muchas veces, no es el hombre medio ideal el que está en esta posición, es una mujer. Tenemos otros miedos, otros temores. Cuando vuelves a casa, de noche, sola, estás abriendo la puerta de tu casa y oyes pasos detrás, tú temes por tu libertad sexual, porque eres mujer. Un hombre teme por su cartera o por su integridad física. Eso hay que tenerlo en cuenta.

Se vio en el caso de La Manada.

Absolutamente. Pregúntale a cualquier mujer cómo se siente dentro de un portal con cinco hombres que, sin decir palabra, empiezan a desnudarla. ¿Cómo te sientes? Intimidada.

Ha coordinado alguna publicación al respecto de ese caso. ¿Cómo ha cambiado la administración de justicia a raíz de esa sentencia que lo calificó de abuso y no de violación, y la reacción popular que suscitó?

Creo que el caso La Manada ha significado un antes y un después en los delitos sexuales en España. También en su conocimiento por parte de la sociedad. Puso de manifiesto una serie de aspectos que podían mejorarse en la regulación actual. Precisamente, al hilo de esa ventana de oportunidad se ha propuesto este proyecto de ley, que pretende corregir algunos aspectos que estaban dando lugar a algunas interpretaciones que no favorecían la protección de las mujeres. Lo de la violencia e intimidación, o, por ejemplo, el tema del asalto a mujeres que están borrachas e inconscientes: si se ponen en fila siete hombres para violar a una mujer cuando está inconsciente, esa mujer no puede decir que la violaron según nuestro ordenamiento, porque eso no es violación, es abuso sexual. Esto no se entiende; porque su libertad sexual se ve tan afectada como la de la muchacha del caso de La Manada.