El convenio para definir y dirigir el proyecto de la Ciudad de las TIC avanza de nuevo después de casi tres meses pendiente de firma. La Xunta, la Diputación, el Ayuntamiento, la Universidad y el Clúster TIC —empresas del sector— han acordado cambios técnicos en el texto del acuerdo que habían aprobado inicialmente en julio, con el objetivo de definir en un año el plan director y el ente de gobierno. El primer edificio de Pedralonga no será una realidad hasta finales de 2022. El pleno de la Diputación aprobó ayer estos cambios.
Tras “revisar el convenio” antes de su firma, las administraciones y el sector acordaron introducir cambios. Según la propuesta que remitió ayer el Gobierno provincial al pleno, se introducen cláusulas con la opción de resolución o modificación del convenio, y de reducción de la aportación económica de las partes. Entre las causas de extinción del documento, figuran el acuerdo unánime de los firmantes o el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de ellos. La reducción de la financiación solo se contempla para el caso de que las acciones en la Ciudad de las TIC no alcancen los importes previstos inicialmente.
El convenio incluye la posibilidad de que sea modificado con el fin de “lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” del proyecto. En ese caso, la aportación económica de las partes puede reducirse o ampliarse.
En el plazo de un año desde la firma del convenio, según este documento, tendrá que estar listo el plan director de la Ciudad de las TIC y la estructura de gobernanza, mediante una sociedad limitada pública participada por las instituciones públicas que impulsan el proyecto en la antigua fábrica de armas.
Entre los objetivos del plan director se encuentra un trabajo de análisis para elaborar un plan estratégico para el proyecto, la planificación de las actuaciones e inversiones para su puesta en marcha, un plan de gestión de la ciudad y de sus infraestructuras, otro de sostenibilidad económico-financiero y la constitución de la nueva sociedad gestora. También se analizarán diferentes fórmulas jurídicas para definir la estructura de gobierno.
El presupuesto para la ejecución de las actuaciones previstas en el convenio es de 180.000 euros. La Xunta aporta 36.000 euros, un 20%, a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), igual que la Diputación. El Concello pone 75.600 euros; la UDC, un total de 30.600 euros, y el 1% restante, 1.800 euros, corresponde al Clúster TIC.
