El fallo del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía, y que no podrá cobrarse mientras no se produzca un cambio legal, no ha hecho más que generar preguntas sobre sus consecuencias y cómo actuar si ya se ha pagado en los últimos años o se está cerca de afrontar este gasto. A estas dudas contesta el abogado especializado en las áreas de Civil, Mercantil y Penal Económico, Eduardo Ferreiro, del bufete coruñés Talín Ferreiro.

¿En qué situación queda el impuesto? “Hace años que se está discutiendo sobre la realidad de que el Impuesto de Plusvalía municipal es materialmente injusto porque grava rentas ficticias y ha habido algunas sentencias del mismo Tribunal anteriores a esta que son relevantes. La primera fue en febrero de 2017, el Tribunal declaró inconstitucional la norma foral de Guipúzcoa que regulaba el impuesto sobre la plusvalía en aquella provincia, con lo que hubo que modificar la normativa. El Tribunal Constitucional consideraba que cuando hay una caída del valor del suelo, no se genera el tributo ni obligación del contribuyente de pagar este impuesto por la transmisión (venta, donación, herencia). La cuestión que ahora se resuelve es de mucho mayor calado. En esta sentencia que hemos conocido el 26 de octubre declara que el sistema de cálculo es inconstitucional porque determina que siempre hay incremento de valor cuando se transmite un bien inmueble, independientemente de que tal incremento exista en realidad, y de su importe. Esto supone un gravamen desproporcionado que vulnera la norma contenida en la Constitución por la cual todos han de contribuir a sostener gasto público conforme a la capacidad económica de cada contribuyente”.

¿Cómo afecta a la gente que ya lo ha pagado? “El texto definitivo de la sentencia no se va a conocer hasta la próxima semana, lo cual en sí ya entraña un modo de proceder atípico. No obstante esta demora, el Tribunal ha filtrado una nota informativa y un borrador del cual resulta que la sentencia va a considerar la situación de muchos contribuyentes por este impuesto como consolidadas, de tal forma que muchos afectados que en teoría tendrían derecho, no van a poder reclamar. En el mundo jurídico hay estupefacción al comprobar que el Tribunal Constitucional (que no forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano político) incurre en un modo de actuar que ya percibimos antes en sentencias sobre cláusulas suelo. Parece que se opta por un practicismo preservador de lo actuado, benévolo con que pervivan los efectos de la norma inconstitucional frente a criterios de justicia. Esto se hace para reducir en un primer escenario el número de posibles beneficiarios de esta anulación del impuesto y con el argumento, muy discutible, de evitar una cascada de reclamaciones. Pensamos que quienes hayan liquidado el impuesto en los últimos cuatro años antes del 26 de octubre no deben dejar de ejercitar su derecho y deben intentar una rectificación de lo declarado y pagado, pero todo va a depender del redactado final de la sentencia, incluidos los votos discrepantes de algunos magistrados”.

¿Qué debe hacer la gente que tiene que pagarlo a partir de ahora? “Los que han liquidado el impuesto en los últimos cuatro años, sin ninguna duda estar atento a las novedades que se produzcan y reclamar, en cuanto sea posible. Los que tengan que pagarlo a partir de ahora, es difícil saber cómo va a reaccionar el Gobierno ante una cuestión que afecta de lleno a las arcas municipales de los 8.131 municipios que hay en España. Seguramente se impulsará una ley de reforma de la norma que regula las Haciendas Locales para adaptar la figura impositiva a la legalidad constitucional. Incluso hay quien dice que se podría aprobar por la puerta de atrás aprovechando alguna de las leyes que están ahora mismo en tramitación ordinaria, como la de Presupuestos. De esta forma el Gobierno acortaría plazos y daría al contribuyente y a los Ayuntamientos alguna certeza y seguridad jurídica de la que ahora carecen”.

¿Cómo deben actuar los Concellos ante la sentencia? “Van a tener un serio problema para elaborar y equilibrar sus presupuestos hasta que no haya una norma clara y, en mi opinión, esto es fatal para el ciudadano, que será a quien se traslade (otra vez) toda esta incertidumbre. Es lamentable que, a pesar de que todos los operadores jurídicos llevamos años discutiendo esta gran injusticia impositiva, ni desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ni desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se han preocupado por dar una solución y se ha dejado que este problema explote en forma de anulación de normas. Y esta falta de previsión tendrá que pagarlo el ciudadano, como siempre, así que no se deben descartar revisiones de otros tributos locales para paliar el déficit”.

Si el Estado quiere mantenerlo, ¿qué deberá hacer? “Aprobar una nueva ley, pero esto, por mucho que se haga por los trámites más urgentes, lleva tiempo”.

¿Afecta a la recaudación que los Ayuntamientos hayan ingresado por este impuesto? “Desde luego que afecta. La recaudación que aporta este tributo representa entre un 6% y un 8% de los ingresos tributarios totales de las entidades locales, según datos oficiales. La mayor afectación va a depender de dos factores, la mayor o menor acotación por parte del Tribunal de los supuestos consolidados en los que no va a caber la reclamación y la mayor o menor celeridad del legislador en aprobar la normativa que sustituya a las normas tributarias que han sido declaradas inconstitucionales”.