La propuesta del PP de recuperar la policía de barrio ante el aumento de la inseguridad ciudadana que, denuncia, hay en todos los barrios, promover acciones “coordinadas y eficientes” contra delitos crecientes como robos y ocupaciones ilegales de viviendas, e instar al Gobierno del Estado a aprobar de forma urgente una ley que garantice el derecho a la propiedad privada se encontró en el pleno extraordinario de ayer con la oposición del Gobierno local y los grupos de Marea Atlántica y el BNG; la edil no adscrita Isabel Faraldo se abstuvo.
Fue el único asunto de un pleno forzado por el PP en el que los grupos debatieron sobre seguridad e inseguridad ciudadana con cruces de reproches, contraste de cifras sobre criminalidad según el periodo en que han gobernado distintas fuerzas políticas y críticas por el enfoque con el que, desde el Ejecutivo municipal y desde la oposición, se tratan los problemas de delincuencia trasladados por los vecinos. Se admitió el incremento delictivo en A Coruña que certifican los datos más recientes del Ministerio del Interior (una tasa de criminalidad del 33% en el primer semestre frente a la del 11% nacional). Pero el PP denunció la “pasividad” del Gobierno local ante el conflicto, los grupos censuraron a los populares por crear “alarmismo” y abogaron por tratar el problema mediante soluciones integrales, y el concejal de Seguridad, Juan Ignacio Borrego, defendió el trabajo “discreto, no a nivel de matonismo” con el que su departamento “trabaja día a día” y mediante la colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional y en comunicación con los vecinos.
El Gobierno local, Marea, BNG y Faraldo recriminaron al PP que “mezclase temas” relacionados con la seguridad “para sembrar alarmismo, agitar el avispero y sacar réditos políticos”, según recalcó el portavoz nacionalista Francisco Jorquera. “Por supuesto que hay que actuar contra la delincuencia y atajar los problemas de inseguridad. Pero no es suficiente: hay que actuar también sobre las causas que hacen que los barrios se vuelvan más inseguros”, propuso el edil del BNG, que censuró al PP por calificar de “descafeinada” una moción de todos los grupos para aplicar un plan de regeneración en Os Mallos —uno de los barrios donde más se denuncia la inseguridad— días después de ser aprobada en el pleno de octubre.
Marea se manifestó a favor de la “seguridad colectiva” y promovió luchar contra la desigualdad y para favorecer la integración. “Apostamos por una ciudad segura, sin miedo. Sin angustia por no llegar a fin de mes, por atender a tu familia, por no saber si podrás pagar el alquiler a te quedarás en la calle. Una ciudad sin señalar a nadir por homofobia y racismo. Pero para eso hay que trabajar en la prevención”, defendió la portavoz, María García.
El concejal de Seguridad apuntó que A Coruña tiene la Policía Local “más numerosa de Galicia en cuanto a efectivos” y defendió el trabajo “de la mano” entre los responsables municipales en asuntos de seguridad y los vecinos. Se apoyó en datos oficiales de Interior para comparar los índices de criminalidad actuales con los que había en la ciudad en 2014 cuando gobernaba el PP, más elevados.
La portavoz popular, Rosa Gallego, insistió en que la recuperación de la policía de barrio es “un clamor vecinal” porque la situación “es alarmante” y censuró a Marea y al BNG por, en su opinión, justificar las ocupaciones de pisos. “Calificar como sensación de inseguridad lo que es un grave problema de inseguridad en toda la ciudad es reírse de los coruñeses”, resaltó.
Críticas al debate plenario
El ambiente en el que se celebró el pleno de ayer fue tenso en el exterior del Palacio de María Pita. Desde antes de la sesión se concentraron casi un centenar de policías locales para manifestar con pitos, bocinas y gritos sus críticas al Gobierno local por el incumplimiento de los acuerdos establecidos al final del mandato anterior, parte de ellos relacionados con la organización policial, los salarios y la dotación de efectivos y de medios materiales, como vehículos, uniformes y chalecos. Estos agentes protestan desde mayo en la plaza y ayer los nervios se calentaron cuando el portavoz municipal y edil de Facenda e Personal, José Manuel Lage, cruzó dos veces la plaza cuando ellos estaban en el lugar; algunos se le acercaron y lo rodearon, lo que motivó que la docena de agentes del 091 y 092 desplegados ante el edificio se aproximase para evitar incidentes y para que Lage pudiera llegar hasta la puerta principal.
Al final de la sesión, el presidente de la Asociación Profesional de la Policía Local y del sindicato mayoritario, Manuel Freire, interpretó que Lage había “provocado” a los agentes al caminar entre ellos tras negarse a reunirse en los últimos meses por las reclamaciones policiales. “Lage sale como todos los días desde la puerta del concello a la sede de la Diputación y ha vuelto por la plaza como todos los días”, explicó el portavoz municipal a este periódico.
Policías locales protestan contra el Gobierno local y rodean al portavoz y edil de Personal
El pleno tuvo como público a los representantes sindicales de las plantillas de la Policía Local y la Policía Nacional, críticos tras la sesión por el debate entre los grupos políticos y solidarios con las reclamaciones laborales de sus compañeros desde hace meses. “Nos sentimos defraudados por el nivel del debate, que solo sirve para hacer reproches cruzados entre partidos. Se habla de Bárcenas, de la Gürtel, de los alquileres... pero no de la realidad delincuencial. El número de delitos aumenta a medida que las patrullas en la calle disminuyen”, resume Borja Varela, secretario provincial del CEP. Su compañera del SUP, Mónica Tomé, lamenta que en el pleno “no se intentase dar solución a los problemas de seguridad de la ciudad”. “La sensación es que todo continúa igual sin aportar soluciones ni datos reales”, añade. El presidente del SPP, Germán Lago, lamenta la interpretación que las fuerzas políticas hacen de la seguridad: “Nos llama la atención el desconocimiento o despreocupación de la mayor parte de los responsables políticos sobre la situación de la seguridad. Los datos hablan de A Coruña como ciudad segura, pero esa seguridad de las que hacen gala algunos políticos se reduce progresivamente desde 2013 hasta hoy”. También asistieron representantes de los sindicatos UFP y Jupol.
