El Consello Consultivo ha pedido, al igual que en junio, información adicional al Concello que justifique su pretensión de archivar la revisión de oficio del desarrollo urbanístico de Someso, por el que las arcas municipales tuvo que pagar indemnizaciones de más de veinte millones de euros a los propietarios originales de los terrenos, que fueron expropiados para un campo de fútbol y una carretera pero vieron después cómo se recalificaba el suelo y se construía uno de los últimos polígonos residenciales de la ciudad.
En una resolución del pasado octubre, el órgano autonómico devolvió de nuevo para subsanación de errores el expediente al Palacio de María Pita, que en su informe concluye que, durante la tramitación del desarrollo urbanístico en el vazquismo, se cometieron irregularidades que justificarían la puesta en marcha de la revisión de oficio, aunque sea después desaconsejada por los técnicos municipales porque tendría un elevado coste para el Concello, ya que, alegan, obligaría a indemnizar con grandes cantidades a los afectados: con casi cuatro millones de euros a los propietarios de dos parcelas que se recuperarían y con una cantidad no precisada a los de un terreno sobre el que se levantó un edificio cuyas viviendas ya cuentan con licencia de primera ocupación, por lo que quienes las adquirieron también se verían perjudicados.
En su propuesta de archivo inicial, la Asesoría Jurídica menciona que transcurrieron 15 años desde la aprobación del proyecto de compensación, que establece el reparto de las parcelas y las cargas del proceso de urbanización, del polígono de Someso, por lo que considera “evidente que la revisión de oficio afectaría a los derechos ya consolidados sobre terrenos que pasaron a ser propiedad de terceros ajenos al procedimiento, ya que no se pueden ignorar las construcciones y edificaciones que existen en dicho lugar.” A esto añade que la declaración de nulidad de oficio de los acuerdos municipales “no asegura la reparación del daño causado al Concello, y la afectación de derechos de terceros de buena fe puede generar responsabilidad para el Concello”.
La revisión de oficio había sido planteada como indispensable por el Tribunal de Cuentas para poder reclamar a los políticos que adoptaron esas resoluciones que respondieran con su patrimonio. Este órgano, encargado de fallar en los casos relacionados con las cuentas públicas, exigió que se revisasen los acuerdos cuando el Partido Popular le presentó este caso. Fue solicitada en 2013 por el entonces portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, y dos años más tarde por el exconcejal socialista José Antonio Sánchez Penas. Si se archiva, este camino quedaría diluido.
El único aspecto sobre el que el Gobierno municipal se plantea adoptar una iniciativa es el referido a tres parcelas cuya propiedad no fue reconocida al Concello en la ordenación del polígono y que suman 1.558 metros cuadrados. Sobre ellas se propone que la Asesoría Jurídica ejerza las acciones legales procedentes, de acuerdo con el informe del jefe del departamento de Licencias.
