El abogado coruñés Guillermo Mosquera representa, junto con el despacho madrileño Ollé Sesé, a la familia de Diego Bello, el joven empresario coruñés abatido por la policía filipina en enero de 2020. Los agentes alegaban que Bello era un traficante de drogas y que disparó contra ellos cuando intentaron detenerlo, pero la Comisión de Derechos Humanos del país asiático, tras analizar las pruebas e interrogar a testigos, puso en duda esta versión. Los parientes y amigos del joven constituyen la plataforma Xustiza para Diego para reclamar una investigación judicial. Tras casi dos años de investigación, ahora se ha acusado a tres policías implicados en la muerte, y los abogados confían en que el juicio empiece a principios de 2022.
¿Qué ha reactivado el caso?
Hasta ahora estábamos pendientes de que terminase la investigación por parte del NBI de Filipinas, que comenzó poco tiempo después del fallecimiento. El NBI [National Bureau of Investigation, u Oficina Nacional de Investigación] es una mezcla entre Fiscalía y un cuerpo de investigación, que se compara con el FBI de Estados Unidos. Su informe, que nos llegó en octubre, desmonta una por una las cuestiones de la versión de la policía, que, por otra parte, es un informe que ocupa media carilla de un folio.
¿En qué sentido?
Los policías dicen que les disparó, pero el NBI acredita que Diego no portaba ningún tipo de arma. La que se encontró estaba a nombre de una tercera persona de la otra punta del país. El NBI considera que, viendo la orientación de los casquillos, Diego no pudo accionar ese arma. También interroga a los vecinos, ve las cámaras, habla con personas con las que trabajaba Diego... Y ven que la riñonera [en la que supuestamente portaba la droga] no la llevaba a la salida del trabajo, ni nunca se le había visto.
A los policías, además del homicidio, se les acusa de fabricación de pruebas, por depositar droga y un arma para que pareciese que eran de Diego.
Y de perjurio. Por poner la riñonera allí, poner el arma, los casquillos...
¿Cuál es el siguiente paso?
El NBI les dio un primer plazo a los policías para que presentasen alegaciones. Parece ser que se extravió en el último momento, y el NBI volvió a requerírselo. El nuevo plazo acaba el 22 de este mes, y nos dicen que es improrrogable. Digan una cosa o la otra, o aunque no digan nada, el procedimiento sigue. Hay que aclarar que estamos en fase prejudicial.
¿Pero esta investigación del NBI no es parte de la instrucción?
Es diferente al sistema español. Aquí tenemos una fase de diligencias previas, que lleva un juzgado. Pero en Filipinas tienen un funcionamiento híbrido entre el sistema europeo y el americano, y la instrucción la hace el NBI. Ahora, después de que los policías presenten su versión, nosotros tenemos un plazo para responderles. Cuando eso se termina, si entienden que puede haber un crimen, va a juicio. Ahí se dictaría una orden de detención contra estos policías.
¿Hay suficiente carga de pruebas para que vaya a juicio?
En mi opinión, sí. En el plano jurídico, viendo el informe del NBI, entendemos que hay pruebas más que suficientes para que vaya para adelante. Tenemos un único informe policial de media carilla frente a casi 50 páginas de informe del NBI que lo desmontan todo. Este organismo se ha implicado en este caso, como en otros que quiere que se resuelvan.
El de Diego forma parte de 52 operaciones policiales en revisión, todas ellas de la guerra contra las drogas promovida por la ley especial del actual presidente Duterte.
Esto deriva de que a Duterte se le acaba la inmunidad en mayo [cuando debe dejar el poder]. La ONU y los tribunales internacionales han avisado de que van a revisar estas cuestiones. En muchos asesinatos, como en el de Diego, se usó la ley contra la droga para solucionar conflictos locales, riñas. Esto, unido a que Diego es español, y hay presiones de nuestra diplomacia, entendemos a que todo apunta a que va a continuar para adelante y se va a resolver.
¿La salida de Duterte del poder ayudará a facilitar la acción judicial? ¿Ahora impide la separación efectiva de poderes?
Sí. Que no pueda volver a presentarse a las elecciones probablemente ayude, junto con las buenas relaciones entre España y Filipinas. Según creemos, al ser un ciudadano extranjero, ha causado mala publicidad. Junto con todo lo que rodea el caso: que Diego nunca hubiese sido investigado previamente por drogas ni estuviese incluido en ningún fichero de traficantes... Todo eso ayuda a que llevar a pensar que fue una ejecución extrajudicial, por un motivo que desconocemos.
¿Cómo van a seguir la acción judicial en Filipinas?
Estamos en negociaciones con un despacho de allí para que se encargue del procedimiento.
¿Qué plazos se manejan?
Entendemos que no serán muy largos. Calculamos que la finalización de la instrucción será el primer trimestre del año que viene, y ahí ya veríamos si va o no al tribunal.
Y el proceso judicial, en sí mismo, podría durar años...
Sí, como cualquier procedimiento. También veríamos si detienen a los policías o no, si dictan la orden de detención y no los localizan...
Si la Justicia filipina no fuese favorable, ¿es posible llevar este caso a instancias internacionales?
Sí, existen más vías, tanto nacionales nuestras como internacionales.
La acusación se dirige contra tres policías. ¿Han sido suspendidos?
No, siguen trabajando.
¿Son todos los supuestos culpables o acusarán a otros?
En principio, había más. Falta ver qué dicen en sus escritos. Testigos que estaban allí inmediatamente después de la muerte, la novia de Diego, sus vecinos y amigos, decían que allí había más policías.
¿Hay algún caso de ciudadano español ante la Justicia filipina que por sus características sea un antecedente claro del caso de Diego?
No, que tengamos noticia.
