La decisión de la Xunta de eximir a las familias de pagar guarderías para los niños no primogénitos desde el pasado curso ha desencadenado una protesta del Ayuntamiento, que interpreta que el Gobierno gallego debe asumir todo el coste de la gratuidad en los tres centros en la ciudad de A Galiña Azul, que cofinancian las dos administraciones. Estos, situados en Eirís, Monte Alto y A Sardiñeira, se gestionan a través del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, y el Concello reclama a este órgano que se le devuelva el dinero que pagó por estas plazas (un tercio del coste total) en el segundo semestre del curso pasado.

Es el segundo choque relacionado con la financiación del Consorcio, ya que el Concello, junto con los de Vigo, Oleiros y Betanzos, ya se había opuesto a pagar por el mantenimiento los centros que gestiona este organismo (y que incluyen, además de guarderías, centros de día y programas de ayuda en el hogar), si bien la Justicia estableció la obligación de las administraciones locales de abonar parte de los gastos.

El Ayuntamiento desarrolla su argumentación en un informe del servicio de Educación al que ha tenido acceso este diario, y que señala que la decisión de hacer gratuitas las plazas para los segundos y terceros hijos, si bien “loable” la tomó la Xunta “de forma unilateral” y que “debería tener repercusión en el porcentaje de cofinanciamiento de los ayuntamientos” en el caso de los centros que gestiona el consorcio.

¿Por qué? Pues debido a que, en las guarderías municipales con copago, si el Ayuntamiento opta por establecer bonificaciones a partir del segundo hijo equivalentes a las de la Xunta, estas son compensadas por la Consellería de Política Social, que cubre el coste de la ayuda.

Por tanto, según señala el informe del Ayuntamiento, “no tiene mucha lógica” que se compense a los Ayuntamientos en el caso de las escuelas infantiles municipales, y no cuando realizan los pagos a centros incluidos dentro del Consorcio. También indican que la Xunta bonifica a los centros privados para que las plazas sean gratuitas para las familias.

La parte que corresponde al Ayuntamiento se paga semestralmente, y ya se ha realizado una liquidación provisional del segundo semestre del curso pasado, periodo en el que se aplicó la bonificación a las familias. Pero la Junta de Gobierno Local de la semana pasada aprobó presentar alegaciones contra esta. El Gobierno local ha pedido al Consorcio que le informe detalladamente de cuántas de las plazas de los centros de Eirís, Monte Alto y Sardiñeira corresponden a segundos hijos y sucesivos, y, por tanto, pueden beneficiarse de la gratuidad, y le reclama a la Xunta que asuma, en estos casos, el tercio que hasta ahora pagaba el Concello.

Para saber de cuánto dinero se trata habrá que determinar qué proporción de usuarios de las escuelas infantiles, que acogen a niños de entre cero y tres años, no son primogénitos, pero, de acuerdo con cálculos de la Xunta para todo el territorio gallego, podrían ser la mitad.

En cuanto al coste por plaza para el Ayuntamiento, de acuerdo con la ley vigente, citada en el informe municipal, para establecer la participación de los concellos en las escuelas infantiles se establece un coste medio de 4.500 euros por plaza y año. Como en los casos exentos de bonificación el coste se reparte a partes iguales entre Xunta, Concello y familias, la factura municipal sería de 1.500 euros por plaza y niño, si bien, al tratarse solo de un semestre, el ahorro sería de 750 euros.

En el debate del Estado de la Autonomía del mes pasado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que el próximo año todas las guarderías de Galicia serán completamente gratuitas, sean privadas, públicas, de iniciativa social a municipales. Aunque el modelo está por definir, y por tanto no se sabe si eximirá totalmente del copago a otras administraciones, la Xunta calcula que le costará unos 30 millones de euros anuales, y que se beneficiarán 20.000 niños de hasta tres años. Aproximadamente la mitad ya reciben bonificaciones por no ser primogénitos. No supondrá un cambio para las guarderías municipales coruñesas, que son gratuitas desde este curso después de que así lo consensuasen el Gobierno local y Marea Atlántica.

Fallo del Tribunal Superior

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar se creó en 2017, a través de un acuerdo entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para gestionar diversos centros que, anteriormente, se financiaban a través de convenios específicos con los ayuntamientos. El anterior Gobierno local decidió dejar de pagar por el funcionamiento de las guarderías de A Galiña Azul cuando se firmó el acuerdo (hasta entonces abonaba 304.000 euros anuales), y lo mismo hicieron otros ayuntamientos. El asunto pasó a los tribunales.

En el caso del de Vigo, la discrepancia surgía de la financiación de centros de día. El Concello afirmaba que a través del Consorcio se delegaban, “de facto”, competencias en servicios sociales a los municipios sin que se respetasen las exigencias de flexibilidad financiera, lo que podría generar situaciones inconstitucionales. En un fallo de principios del año pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia calificó este argumento de “muy básico” y señaló que la financiación era de “servicios atribuidos por la legislación autonómica a los entes locales y para cuya prestación se optó por fórmulas de cooperación”.

El actual Gobierno local coruñés señaló entonces que la decisión “podría sentar un precedente”. Otra sentencia del Superior obligó este año a Oleiros a abonar los gastos de las escuelas de la red de A Galiña Azul en el municipio, tras un pleito de cuatro años, así como los del centro de día para personas mayores de As Galeras.