Las denuncias relacionadas con las ocupaciones han aumentado de manera importante en los últimos años en A Coruña. De acuerdo con cifras facilitadas por el Ministerio de Interior, en 2010 se registraron en la ciudad apenas cuatro denuncias por ocupación o allanamiento de inmuebles, mientras que en 2020 se llegó a una cifra 9,5 veces superior: un total de 38 casos, el pico de toda la década. Durante los años intermedios, la tendencia fue creciente, y, al contrario que en el conjunto de España, no han bajado con la pandemia. En 2020 la incidencia fue de 15 casos por 100.000 habitantes, el doble que la española, si bien esto no ocurría en años pasados.
Las cifras de Interior no son una representación exacta del fenómeno, pues puede haber ocupaciones que pasen desapercibidas o se resuelvan de manera extrajudicial. Por otra parte, entre los datos pueden incluirse denuncias en falso o allanamientos que no tengan que ver con la ocupación. Pero es probable que el fenómeno haya aumentado, aunque el número total de casos sigue siendo minoritario. Si aceptásemos que cada denuncia de 2020 se corresponde con una ocupación, y las comparamos con el último censo de viviendas, de 2011, saldrían a una por cada 3.500 pisos de la ciudad. Aunque hubiese dos casos que no se denunciasen por cada uno que sí, habría menos de una ocupación por cada 1.000 viviendas. Sin embargo, la ocupación un lugar destacado en las quejas vecinales de algunos barrios; en las manifestaciones de los vecinos de Os Mallos se podían leer carteles de fuera okupas.
¿Qué ocupantes preocupan?
Por lo menos para algunos vecinos, la principal preocupación no es la ocupación en sí misma, sino los casos en que los habitantes de la casa ocupada trafican con droga y causan problemas de convivencia e inseguridad, cuando se teme que provoquen más usurpaciones de vivienda, y cuando los servicios sociales no tienen un plan. La Plataforma Veciñal Os Mallos convocó la primera manifestación contra la inseguridad en el barrio de este año, y José Luis García, miembro de ella declaró a este diario que en el barrio “hay ocupación que es delincuente, y otra que no”; en la calle Noia, según señalaba, hay gente que entró en un piso vacío “porque no encuentra vivienda, pero que no crean problemas” y “narcopisos” que provocan inseguridad.
Lo mismo ha ocurrido en otros barrios. Cuando un grupo de ocupantes se metió en verano del año pasado en un chalé de A Zapateira, y lo publicitó por las redes sociales, decenas de vecinos se concentraron para pedir su expulsión y evitar un “efecto llamada”, pero el presidente de la agrupación vecinal, Juan Manuel Sánchez Albornoz, señaló a este diario que en el barrio había otra ocupación contra la que no protestaban, una familia con dificultades para la que los servicios sociales estaban buscando una solución. La asociación vecinal Os Nosos Lares, de Palavea, que se ha movilizado contra ocupas en los últimos años, cargaron contra individuos que realizaban agresiones y amenazas.
Los rostros de la ocupación
Entidades sociales de la ciudad que trabajan con ocupas coinciden en que existen varios perfiles. Pilar Farjas, de Cáritas, pide diferenciar entre el movimiento reivindicativo, minoritario, los casos en los que existen “verdaderas mafias” y las personas que se encuentran en situaciones de “necesidad absoluta”. Así, señala que hay familias que realizan ocupaciones, pero que no suelen ser problemáticas para la convivencia. “No es que estén buscando una casa que ocupar y vigilando para que salta una persona mayor, no entran en esa tesitura” explica “y normalmente terminan metiéndose en viviendas en muy mal estado, desvencijadas”.
Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica, aclara también que, al menos desde la perspectiva de su agrupación, las familias que ocupan viviendas son minoritarias, y el perfil mayoritario es el de “la persona individual”.
Inmigración y marginalidad
Las entidades que trabajan con colectivos vulnerables insisten en que uno de los perfiles más comunes entre los ocupas coruñeses son los inmigrantes desarraigados. Esto es: los que llegan sin contactos, trabajo o dinero, y están en situación irregular. “El perfil es el de persona extranjera, sola, sin red de apoyo familiar, red social ni apoyo institucional, trabajando puntualmente en la economía sumergida” explica Pablo Sánchez. Estos inmigrantes, señala Farjas, “cohabitan en viviendas que son pisos patera, con diez, quince o veinte personas”.
La directora de Cáritas explica cómo llegan a la ciudad. “La inmigración ilegal va por olas, y hay momentos en los que hay una gran afluencia; en los últimos meses, se ha dispersado a inmigrantes que entran por la frontera, también a A Coruña”. A estos se les “saca de Canarias” y se les deja en otras provincias, pero “no se les facilita acceso a ningún tipo de servicio. Los identificamos en Padre Rubinos, la Cocina Económica y Cáritas, la red básica” de atención social de la ciudad.
El Comité Antisida de A Coruña (Casco) explica lo que espera a algunas de estas personas durante los años siguientes a su llegada. La agrupación trabaja con algunos inmigrantes que son ocupas y también consumidores de drogas. Según cuenta su directora, Sonia Valbuena, “no tienen papeles, ni forma de acceder a ellos, y tienen un alto consumo de sustancias en la mayoría de los casos: cocaína, pastillas, porros todos”. Sin embargo, cree que deriva de “su dinámica de vida; muchos, si cortan con ella, dejarían de consumir sin mayores problemas”, por lo que duda que se les pueda considerar drogodependientes.
Esa dinámica de vida es la marginalidad. Durante tres años, hasta que puedan demostrar arraigo social, están “condenados a la exclusión social”. No pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden acceder a ayudas sociales, ni siquiera acudir a un centro de drogas para tratar sus adicciones. Esto genera una gran frustración, a la que muchos tienen “baja tolerancia” y en otros casos hay trastornos psicológicos sin tratar. “Son muy jóvenes o llegaron con una información errónea sobre cómo iban a poder salir adelante en España” explica. Y por supuesto, no pueden tener ingresos legales. Aparte de las conexiones con la droga, “algunos roban, como muchos españoles, no lo vamos a negar. Cualquier persona en exclusión tiene una alta probabilidad de caer en la delincuencia”.
Un perfil parecido se da, explica Sánchez, en ocupas españoles con “un estilo de vida muy marginal”, con consumo de drogas, una “larga trayectoria personal de desestructuración a diferentes niveles, con problemáticas siempre transversales”. Según explica, “los problemas de convivencia vecinal tienen mucho que ver con que se generan entornos marginales: trapicheos de drogas, posibles incidentes con violencia, robos en el entorno”. Hay “ocupaciones masivas” que generan “problemas de convivencia muy serios”.
Desahucios y desocupaciones
Julio Sugueti, de la agrupación coruñesa de Stop Desahucios, defiende que la ocupación representa un “porcentaje ínfimo” de la problemática en torno a la vivienda, en relación al número de personas que pierden su hogar por un desahucio. Cree que las cifras serían enormes si la mayoría de estos ocupase una vivienda, pero “no lo hacen”, y señala que es algo que está “en la idiosincrasia de los españoles”. Según el activista, hay muchos que prefieren suicidarse cuando pierden su vivienda, antes de ocupar una casa.
Su interpretación es que la alarma por las ocupaciones se debe a una estrategia política de “la ultraderecha” y al interés de las empresas de alarmas, y no responde a un problema real. “El más probable tener un robo [el año pasado hubo 286 en viviendas en A Coruña, es decir, 7,5 casos por cada denuncia de ocupación], pero la gente está más preocupada por los ocupas, algo ínfimo”.
Uno de los motivos de la ansiedad por el fenómeno deriva de que en él chocan dos derechos: la propiedad privada y la vivienda. Algunos propietarios consideran que la ley no protege suficientemente el segundo, y recurren a un nuevo tipo de negocio, las empresas de desocupaciones, que a Sugueti le parecen “aberrantes”. Para Pablo Sánchez, de la Cocina Económica, la ocupación es “un fenómeno social, preocupante, que se tiene que regular” y en el que “vemos la impotencia de los propietarios de los inmuebles para recuperar sus propiedades”. A ese problema, afirma, no le dan respuesta “ni la Administración ni la Justicia. De ahí que hayan surgido empresas especializadas en desocupar, con métodos que todos hemos visto”.
Francisco Fernández es gerente de una de ellas, D.I.O. Express, y admite que en su negocio “hay empresas y empresas”, pero defiende que en la suya “trabajamos dentro de la legalidad vigente: ni cortamos la luz, ni el agua, ni cosas raras”. Difiere de muchas interpretaciones de los colectivos de apoyo social consultados: considera que se ocupa “porque es más barato que pagar un alquiler”, opina que los ocupas no eligen casas en ruinas o abandonadas, y afirma que no se ha encontrado con familias en situación de vulnerabilidad, aunque no niega que las haya.
Pero, en una cosa, su interpretación encaja con el resto de fuentes: cree que la ocupación no va a desaparecer. “¿Si en A Coruña hay 50.000 personas que no tienen casa, el Gobierno va a construírselas y dárselas gratis?”. Si la respuesta es negativa, defiende, el fenómeno continuará existiendo.
Poner el cascabel al gato
El motivo por el que no desaparece la ocupación, para Sánchez, se explica en tres palabras: “Implica ofrecer alternativas”, que son costosas y difíciles para el Gobierno que las ponga en marcha. “Si desalojas a una familia con hijos menores, ¿qué haces con ellos? Como Administración estás obligado a atenderlos. Es un asunto muy complejo de abordar, y el problema radica en la falta de alternativa de vivienda: nadie quiere hacerlo” reflexiona.
Sugueti considera que la falta de ayudas de la Administración dificulta el acceso a la vivienda para los que no se la pueden permitir. “Por nuestra experiencia en casos de desahucio por alquileres, es muy difícil que los servicios sociales den, no ya un piso, sino ayudas. Al final, tras mucho esfuerzo, tras mucho pedirlo, hemos logrado que se les concedan a algunas personas, pero es muy difícil para la gente que no tiene asesoramiento”, considera.
Para Farjas, aunque los alquileres han aumentado en la ciudad en los últimos años, la falta de casa para personas vulnerables “no está tan vinculada a los aumentos de alquiler como a la insuficiencia de viviendas sociales: hemos planteado reiteradamente la dificultad de la vivienda social en esta ciudad”. Además de ser escasa, adolece, cree, de “falta de diversidad”, sin que se garantice un acceso a una casa digna a “adultos mayores, autónomos, independientes, que no tienen dinero para pagar los alquileres, o que están realquilados en habitaciones”.
Cáritas, explica, tiene varios programas para ayudar a personas a llegar a la vivienda digna. Se acompaña en el proceso de inserción a familias a las que se cubren sus necesidades básicas, apoyándolas en la búsqueda de trabajo o la escolarización; también hay ayudas para la rehabilitación, o para instalar un equipamiento eléctrico adecuado. Y asesoría en la búsqueda de pisos. Farjas señala que, dejando aparte la cuestión de los precios, hay una “dificultad enorme” para acceder al alquiler por las “reticencias que subyacen” contra algunos colectivos, y que se expresan pidiendo fianzas o “condiciones absolutamente draconianas” a los posibles inquilinos. En lo tocante a los inmigrantes ilegales, Valbuena señala que Casco atiende a varios en el punto de calor, un centro de baja exigencia en el que “hay quien viene, se ducha, come, poco más”, pero otros se quedan y cuentan sus problemas. También cuentan con pisos, con monitores que están con los usuarios 24 horas. Se les obliga a hacer deporte, formarse, aprender el idioma, buscar trabajo. Pero son solo diez plazas, con una lista de espera “muy considerable”, y muchos no están “preparados” para esa disciplina.
La única solución viable para este dar una solución a este perfil, cree, es modificar la ley de extranjería: “No puedes tener a muchos miles de personas a las que no expulsas y por otra parte tampoco dejas vivir en el país. Es una política altamente ineficiente para los extranjeros, para los españoles, para la economía, para la seguridad y para todo el mundo”. Reclama que “debiéramos ser valientes y debatir” su reforma.
