El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña está colapsado. Lo denuncian los sindicatos, que exigen la creación de un nuevo juzgado o la ampliación de personal para tratar de dar solución al problema. También lo demuestran los datos. Según las estadísticas del Poder Judicial, correspondientes al segundo trimestre del año, el partido judicial de A Coruña —incluye los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Oleiros— tiene 676 asuntos penales en trámite, todavía sin resolver. Además, Comisiones Obreras informa de que hay “casi 300 asuntos sin incoar”, explica Jorge Suárez, coordinador del sector de justicia del sindicato. La situación se repite en otras salas.
Este juzgado ya cuenta con un juez de refuerzo, pero tampoco eso es suficiente para aliviar la sobrecarga de trabajo. La sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) solicitó aumentar la plantilla de los funcionarios del cuerpo de tramitación procesal, mantener el personal interino de refuerzo existente y también establecer de forma permanente una prolongación de jornada de un gestor y un tramitador o dos tramitadores y un auxilio judicial para, según el TSXG, realizar “labores de apoyo directo al magistrado de prolongarse la atención de asuntos de violencia sobre la mujer fuera del horario de audiencia o realizarían labores de refuerzo con un plan de trabajo concreto”.
Desde la Xunta informan que, tras una reunión con el TSXG que se celebró el pasado lunes, se decidió “mantener el refuerzo de un tramitador ya existente en este órgano judicial”. Además, recuerdan, el juzgado “cuenta con prolongaciones de jornada rotatorias del personal para asistir al magistrado en caso de que la labor diaria se extienda fuera del horario de la Audiencia”.
Para los sindicatos esto no es más que “un parche”, apunta Roberto Andrade, delegado de SPJ-USO, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en Galicia, quien denuncia que “la situación es dramática”. “Desde el año 2007, cuando se inauguró el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en A Coruña, no se ha adoptado ninguna medida efectiva”.
Los sindicatos han exigido en varias ocasiones la creación de un nuevo juzgado en la ciudad para tratar estos asuntos de violencia machista, pero, detalla Andrade, “las administraciones competentes consideran que es innecesario, solo en base a unos módulos estadísticos desfasados y que no reflejan realmente la carga de trabajo”. El SPJ-USO insiste también en “la necesidad de que se implanten, como muy tarde en 2023, guardias de 24 horas en A Coruña”. Junto a Vigo, son las dos únicas grandes ciudades españolas que no disponen de este sistema.
Las estadísticas del Poder Judicial recogen no solo que hay 676 asuntos en trámite, sino que se han resuelto un total de 585. En cuanto a los que se encuentran en diligencias previas, hay 414 pendientes. A este juzgado ingresaron, según los datos del segundo trimestre del año, 371 delitos. La mayoría (185) de lesiones y malos tratos. Otros 71 corresponden a quebrantamientos de penas.
“Es difícil desatascar el embudo”, alerta Jorge Suárez, que aunque reconoce que “es complicado que abran otro juzgado”, ve viable “duplicar el personal de forma inmediata” porque asegura que “todos los asuntos que no son de urgencia se quedan aparcados”.
Este colapso ya se había notificado hace tiempo, pero la pandemia lo ha agravado. “Las estadísticas de violencia de género se dispararon en el confinamiento y los señalamientos se ralentizaron. Eso influyó mucho, pero es que solo hay refuerzos temporales”, denuncian desde el sindicato, que avisa que “tampoco se cubren las bajas por enfermedad”.
Pero esta situación se repite en otras salas. Los atascos en los juzgados de lo Civil también se han duplicado. SPJ-USO informa que hay “posibilidad de colapso total de los dos Juzgados de Primera Instancia con competencias exclusivas en materia de familia en A Coruña”. También hay retrasos en los juzgados de lo Social. Roberto Andrade explica que se están señalando juicios “para finales de 2025”. “Es necesaria la creación de nuevos juzgados y la asignación de nuevos magistrados y funcionarios de refuerzo”, concluye.
