“Es una victoria pequeña, pero tenemos que seguir luchando”, dijo ayer el portavoz de Defensa do Común, Manuel Monge, sobre el informe preliminar que emitió la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre el estudio de detalle realizado por la propietaria de las dos parcelas de A Maestranza, la promotora Lipromo A Coruña SLU, en las que pretende construir viviendas. Lo hizo en una concentración delante de los terrenos que Defensa sacó a subasta y que la entidad pretende recuperar para el patrimonio municipal.
La Xunta, en este documento, insta a la promotora a reducir alturas y volúmenes e incluso a eliminar uno de los edificios. Exige también tener más documentación sobre el impacto en el paisaje de los inmuebles proyectados y que se realicen más estudios para concretar el alcance de los restos arqueológicos en las parcelas.
Defensa do Común exige al Gobierno local que defina su postura sobre este polígono y que cumpla los acuerdos plenarios, ya que, en abril de 2016, la Corporación aprobó “pedir al Ministerio de Defensa la devolución gratuita al Concello de A Coruña de los terrenos de Campo da Estrada para su uso público”. Monge hizo hincapié en que los vecinos no quieren que se hagan edificios más pequeños —como plantea el informe preliminar de Patrimonio Cultural— en la zona, sino que las parcelas sean liberadas y se puedan destinar a espacios verdes.
Recordó, además, que el PSOE había votado a favor de la devolución gratuita de las parcelas en una comisión de Defensa, celebrada en junio de 2017, en el Congreso de los Diputados. “No vale votar en Madrid una cosa cuando gobierna el PP y la contraria cuando en el Gobierno están nuestros amigos del PSOE”, reclamó Monge ayer, en una concentración en la que participaron vecinos de la Ciudad Vieja.
Marea Atlántica recordó ayer que algunas de las consideraciones que hace Patrimonio Cultural en su informe sobre el estudio de detalle —propuesto por la promotora y aprobado por el Concello— estaban recogidas ya en las alegaciones que presentó su formación, como por ejemplo, que se basa en una “ordenación vetusta, elaborada “hace casi veinte años” y “acorde a unos criterios hoy superados”, según explica el departamento autonómico.
En este sentido, explica la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, el estudio de detalle “no tuvo en cuenta la sensible localización en la que se inscribe” este polígono de viviendas, que está pensado para hacer seis plantas y bajo. “Fue formulada con unos criterios hoy obsoletos y superados en la aprobación de diversa normativa de protección del patrimonio, que busca garantizar un mayor respeto por los bienes culturales y el paisaje”, explica la directora xeral, ya que la ejecución del proyecto tal y como está formulado supondría modificar la fachada de la ciudad y también del conjunto histórico de la Ciudad Vieja y de las murallas, que cuentan con la distinción de Bien de Interés Cultural.
“Que la empresa cumpla lo que pide Patrimonio y que el Ayuntamiento vigile que así sea, ya que no ha conseguido nada del Ministerio de Defensa de [Pedro] Sánchez”, dijo ayer la portavoz del PP, Rosa Gallego, que considera que es necesario que la promotora se ajuste a los criterios que le marca la Xunta en este informe preliminar.
“Desde Marea Atlántica tenemos claro desde el principio que construir dos bloques de cinco y seis alturas en A Maestranza no solo es una pésima idea por ahogar uno de los últimos espacios abiertos en la Ciudad Vieja, también es de dudosa legalidad. Así lo señalamos en nuestras alegaciones al proyecto aprobado por el Gobierno local, y así lo señala ahora Patrimonio de la Xunta, poniendo de manifiesto lo evidente: Que el apantallamiento del mar y la afectación de las antiguas murallas, un Bien de Interés Cultural, no pueden consentirse. Este modelo de cemento y ladrillo tiene que desterrarse, de A Maestranza, de Percebeiras y de toda la ciudad”, reclamó ayer la portavoz de Marea, María García.
Para el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, “no se trata de minimizar el impacto.” sino de que “no haya impacto”. “Se trata de preservar el patrimonio, lo que tiene valor arqueológico y lo que tiene valor paisajístico. Se trata de atender a la opinión de los vecinos y vecinas, claramente partidarios de aumentar las zonas verdes y no apostar por más cemento. En todo caso, el Gobierno local aún está a tiempo de rectificar y por eso le preguntaremos en el próximo Pleno”, dijo Jorquera.
El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, explicó a este diario que el Concello le ha trasladado estas consideraciones a la promotora que, tras ganar la subasta de los terrenos, tiene reconocidos derechos de edificación en las parcelas, y que será la empresa la que tendrá que “darle una vuelta” al estudio de detalle para poder cumplir con las exigencias de Patrimonio Cultural. Cuando haya modificado el documento lo tendrá que compartir con el Concello y, si satisface los requerimientos, se lo remitirá, de nuevo, a Patrimonio para que pueda emitir su informe.
