La Junta de Gobierno Local aprobó ayer extender tres meses el plazo del que dispone el contratista encargado de suministrar material para ampliar el servicio de bicicletas de uso público en la ciudad. Tendría que acabar el 7 de diciembre, esto es, el próximo martes, pero, debido a que la empresa ha tenido problemas con material procedente de otros países, se ha aceptado ampliar el periodo hasta el 6 de febrero de 2022.

Entre el material se incluyen bicicletas (entre ellas vehículos eléctricos), puestos de anclaje y hardware y software para la gestión del servicio. La empresa se había comprometido a entregarlo todo en unos seis meses y medio, tras presentar una rebaja de 46 días en comparación con el plazo de la licitación. Pero la compañía ha presentado una memoria justificativa en la que señala que hay retrasos en la llegada de materiales procedentes de China, para piezas como los manillares de las bicis. También que los problemas logísticos y la falta de contenedores han dificultado el transporte de estas a Canadá, donde se ensamblan, y que los materiales terminados de estos dos países se han visto afectados “por el retraso en el transporte marítimo”.

El informe municipal considera que este problema no se puede considerar imputable al contratista, puesto que es una situación “generalizada” en el comercio internacional, motivada “por el estado de colapso en el que se encuentra el transporte marítimo mundial a consecuencia del COVID”, por lo que se muestra favorable a ampliar el plazo sin imponerle penalizaciones económicas a la empresa.

Fuentes municipales señalan que el Ayuntamiento “tiene todo preparado para empezar con los montajes de las nuevas bases cuando lleguen” y que, pese a que el plazo se ha ampliado hasta febrero, “está previsto que todo el material llegue en las próximas semanas”.

Hasta ahora ya se han recibido algunos de los materiales previstos, indica el Ayuntamiento, y las bicicletas que vayan llegando se destinarán a las estaciones existentes antes de montar paradas nuevas.

El contrato para el suministro de materiales, financiado al 80% con los fondos europeos Feder, tiene un coste total para las arcas públicas de cerca de 1,8 millones de euros, contando el desembolso del IVA. Se formalizó el pasado 19 de abril.