La regulación de la política municipal de rehabilitación de inmuebles se articulará a través de una ordenanza que ayer recibió su aprobación inicial con el respaldo de todos los grupos de la Corporación salvo el PP, que se abstuvo. La iniciativa del Gobierno local, expuesta por el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, pretende reforzar el marco normativo en materia de vivienda mediante el fomento de las actuaciones de rehabilitación y el cumplimiento de obligaciones de conservación a los propietarios de los edificios.

La nueva ordenanza, que recoge la creación de un registro de solares abandonados a propuesta de Marea Atlántica, plantea como objetivos aportar mayor agilidad a las acciones para actuar en casos de ruina y deterioro de inmuebles, simplifica los trámites para acelerar los procedimientos y aclarar los supuestos para la ejecución subsidiaria a cargo del Concello en los casos urgentes en los que no actúan los propietarios, según repasó Villoslada.

El responsable de Urbanismo vinculó la futura ordenanza con la obligación que tendrán los dueños de edificios de una antigüedad superior a 50 años a someterlos a revisión técnica, un procedimiento regulado por la nueva ley autonómica que afectará, según los cálculos municipales, a más de 8.100 inmuebles.

El concejal resaltó la nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación, la primera después de tres años sin fomentarse, que dispone una cuantía global de 1,3 millones de euros para actuaciones en el casco histórico, las casas de Franco en O Ventorrillo y el grupo de viviendas María Pita en Labañou. Pero Villoslada no aclaró si la razón por la que desde 2019 no se han convocado estas subvenciones, el atasco en la tramitación de solicitudes anteriores a ese año, se ha resuelto, cuestión que también preguntó el PP, que consideró “escasa” la partida total de ayudas prevista en 2022.

El BNG reclamó “crear y utilizar” la futura ordenanza, dado que “hubo otras herramientas urbanísticas que no se usaron”; Marea agradeció la inclusión de sus aportaciones en el planteamiento inicial; y el PP demandó “impulsar” tanto la rehabilitación como la creación de viviendas nuevas. Villoslada criticó la abstención de los populares y, apoyado en datos del Instituto Galego de Estatística, contrastó las licencias para rehabilitar concedidas en el mandato del PP, 57, con las más de 230 en el del PSOE.