La Autoridad Portuaria de A Coruña ha presentado una demanda contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, después de que este organismo le instase el pasado septiembre a remitir a un particular que así lo solicitó un informe de viabilidad financiera de la conexión ferroviaria al puerto exterior y otro sobre la incidencia en la financiación de la venta de activos inmobiliarios.
Transparencia es una institución independiente del Gobierno encargada, entre otras funciones, de salvaguardar el derecho de acceso a la administración pública. De acuerdo con las resoluciones que emitió acerca de este caso, el particular conoció la existencia de un informe de viabilidad de la conexión ferroviaria remitido por la Autoridad Portuaria a Adif y Puertos del Estado, y pidió acceso a Transparencia en abril de este año. En mayo, la Autoridad Portuaria respondió que el informe estaba “en curso de elaboración”. Pero Transparencia califica de “insuficiente justificación” el argumento de la Autoridad Portuaria, y considera que debe suministrarlo a la persona que lo solicitó para cumplir con la legislación.
En lo relativo al informe sobre la incidencia de la venta de activos inmobiliarios, emitido por Intervención Regional, la Autoridad Portuaria señala que si lo redactó este organismo, dependiente de Hacienda, la petición se debe remitir a él. Sin embargo, Transparencia considera que el Puerto debe transmitir la información, ya que obra en su poder y no hay motivos legales para ocultarlo. Para evitar cumplir esta resolución, la Autoridad Portuaria ha llevado a Transparencia ante los tribunales, en concreto el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid.
No es la primera vez que el Puerto denuncia al Transparencia para evitar proporcionar información que le reclama un ciudadano, y el Supremo ya ha fallado en contra del Puerto en tres procedimientos de peticiones de datos bloqueadas en la época del anterior presidente del Puerto, Enrique Losada.
Dos ciudadanos pidieron respectivamente datos de los consejos de administración de la entidad entre 2015 y 2018 e información sobre la actividad de Dragados en el puerto exterior, y el ex edil Sánchez Penas reclamó documentos sobre punta Langosteira. El Alto Tribunal tiene pendiente decidir si el concejal de Marea Xiao Varela puede acceder al expediente abierto por el Tribunal de Cuentas por las obras del puerto exterior. La Audiencia Nacional ya le dio la razón, pero el Puerto alega que los datos están sometidos a secreto judicial porque forman parte de una investigación abierta.
Datos sobre la deuda
El vecino también pidió que se le transmitiesen las actas de las reuniones de 2019 y 2020 de la Comisión del Seguimiento del Convenio de Normalización Financiera, participada por la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado, a la que la primera debe 200 millones y paga anualmente intereses millonarios. En este caso, la institución coruñesa indicó que la comisión está controlada por Puertos, por lo que le competería resolver a esta entidad del Estado.
Transparencia estimó esta argumentación, pero emitió otra resolución paralela instando a Puertos del Estado a remitir esta información al demandante, excepto en las partes en las que “afecte a los intereses económicos y comerciales”. De acuerdo con fuentes próximas al ciudadano que interpuso la reclamación, esta institución todavía no le ha transmitido la documentación, aunque tampoco les consta que el organismo haya judicializado el asunto.
