La empresa adjudicataria de las obras de dragado de la ría de O Burgo, la unión temporal de Acciona y Matías Arrom Bibiloni, ha iniciado ya los trabajos previos de replanteo en el estuario para poder ejecutar el proyecto de regeneración. Una vez finalizadas estas labores de replanteo, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, comenzarán los trabajos, que se prevén para dentro de “poco tiempo”.

Según el calendario de trabajo expuesto en el pliego de condiciones del contrato, las obras tendrían que empezar durante este mes de diciembre, ya que esta actuación está cofinanciada por fondos europeos, que exigen que las obras se inicien antes de que se acabe este ejercicio.

A pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica adjudicó el contrato en julio no fue hasta el 28 de noviembre cuando se formalizó el contrato con Acciona, ya que una de las empresas que concurrió a la oferta recurrió la decisión y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales falló en su contra.

Los mariscadores de la ría de O Burgo exigen saber cuándo comenzarán las obras, ya que esa fecha marcará el fin de sus planes de explotación. Es decir, una vez que se inicien los trabajos, ya no podrán ir a faenar al estuario. El problema al que se enfrentan ahora es que Estado y Xunta no han llegado todavía a un acuerdo para compensar las pérdidas que les ocasione a estos trabajadores no poder mariscar.

El portavoz de los mariscadores a pie, Manuel Baldomir, aseguró ayer, en declaraciones a este diario, que los profesionales siguen con la idea de negarse a retirar la cría de los bivalvos que hay en la zona, una tarea que el proyecto de dragado les otorga a ellos, hasta tener un acuerdo sobre las compensaciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica considera que las ayudas tiene que pagarlas la Xunta, porque tiene las competencias del marisqueo, y la Consellería do Mar cree que debe ser el Estado, como promotor de la obra. El dragado cuenta con un plazo de ejecución de 26 meses y fue adjudicado por 32,2 millones de euros, con impuestos. Los mariscadores calculan que este plan social sería de unos 700.000 euros y exigen que los equipos jurídicos de las dos administraciones mantengan una reunión para decidir quién tiene que pagar las ayudas, ya que, una vez que empiecen las obras no podrán faenar en la ría.