Los mariscadores de la ría de O Burgo piden una solución política que se haga cargo de las compensaciones por no poder faenar en el estuario durante los 26 meses que durarán las obras de dragado. A preguntas del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, el Gobierno del Estado respondió que si los mariscadores consideran que estos trabajos les producen “un menoscabo patrimonial” pueden presentar “reclamaciones”, que serán “cursadas” y “puntualmente atendidas, de acuerdo con el procedimiento legal previsto”.

El Ministerio para la Transición Ecológica entiende también que la responsabilidad de este plan social le corresponde a la Consellería do Mar, ya que tiene transferidas las competencias del marisqueo.

La Xunta, sin embargo —y también lo entiende así el BNG y un estudio encargado por la Consellería do Mar a un catedrático en Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela— defiende que, al tratarse de una obra de titularidad estatal, es esta Administración la que se debe hacer cargo de los aproximadamente 1,3 millones de euros que reclama la Confraría de Pescadores para los mariscadores que tendrán que cesar su actividad en cuanto comiencen las obras de regeneración del estuario.

El portavoz de los mariscadores a pie, Manuel Baldomir, asegura que todavía es posible una solución política y que esa sería la opción que más les beneficiaría, ya que, en caso de tener que recurrir a los tribunales, no solo se verían en casa sin poder faenar y generar ingresos sino también con los gastos añadidos del procedimiento judicial.

“Si tengo que reclamar por el menoscabo patrimonial, también lo voy a hacer por daños y perjuicios, porque nos echan de la ría sin una solución y nos obligan a contratar a un abogado”, explica Baldomir, que no entiende las razones por las que, después de tantos años —los primeros contactos entre administraciones para abordar este proyecto fueron en 2011— y tantos trámites, no se ha solucionado el tema de las compensaciones a los mariscadores, ya que en el proyecto de regeneración definitivo, ya se les reconoce como damnificados por las obras, puesto que declara incompatible la actividad marisquera con el dragado del estuario.

En su argumentación el Ministerio para la Transición Ecológica explica también que los mariscadores serán “los principales beneficiarios de esta actuación” y descarga en la Xunta la responsabilidad de las compensaciones.