El Consello Consultivo de Galicia ha cerrado la posibilidad de exigir responsabilidades personales a los políticos y técnicos del Gobierno local que presidió Francisco Vázquez por transferir, a través decisiones tomadas en 2005 y 2006, parcelas municipales del polígono de Someso a promotores privados.

Con esta decisión, que reclamaba el actual Gobierno local, el órgano concluye que, pese a que el Ayuntamiento actuó en aquellos años saltándose la ley, revertir la situación sería lesivo para los nuevos propietarios. Se da así carpetazo a una gestión urbanística plagada de irregularidades que ha durado más de treinta años y que ha ocasionado pérdidas millonarias al Ayuntamiento en indemnizaciones.

Las expropiaciones

Entre 1989 y 1994, el Concello expropió fincas privadas en la parroquia de San Vicente de Elviña para construir nuevos accesos al polígono industrial de Pocomaco y el campo de fútbol del Relámpago. Pero el campo nunca llegó a hacerse, y las vías no ocuparon todos los terrenos. En cambio, el Gobierno local incluyó las fincas en el polígono de suelo urbanizable Pocomaco: esto es, un conjunto de terrenos en los que se podrían construir viviendas, y en el que en la actualidad ya se han levantado edificios.

Falta de reversión

Aquí comenzó uno de los problemas, pues el Ayuntamiento, que se había quedado con las fincas para realizar equipamientos públicos, tendría que haber informado a los propietarios de que era posible revertir la expropiación ahora que se habían cambiado los fines. Pero no solo no lo hizo, sino que cuando en 2004 la mayoría de los afectados pidieron la devolución de sus propiedades, el Gobierno local se negó. Negó incluso que hubiese habido expropiaciones, afirmando que habían sido compraventas aceptadas por ambas partes.

Indemnizaciones millonarias

Los propietarios acudieron entonces a los tribunales, y estos les dieron reiteradamente la razón. Como las parcelas habían ido cambiando de uso y no se les podían devolver las originales, el Ayuntamiento tuvo entonces que abonar cuantiosas compensaciones, que superaron los 20 millones de euros.

Fincas cedidas...

Fuese como fuese, el Ayuntamiento tenía en su poder una importante parcela en el polígono, de unos 33.400 metros cuadrados. Sin embargo, cuando se hizo el proyecto de compensación, en el que figuraban las propiedades de todos los que tenían terrenos en el polígono, se inscribieron unos 9.500 metros menos. Esto fue posible porque no se habían tomado precauciones para asegurarse el registro de la propiedad municipal: las fincas no se encontraban anotadas en el inventario de propiedades del Concello, ni en el catastro, ni en el Registro de la Propiedad. Estas parcelas públicas pasaron a ocho promotoras: Caixa Galicia, Home Galicia, Vallerhermoso, Multiveste y Uneda, Marte SL, Ferisa y Construcciones Fontenla. Esta última era propiedad del empresario Antonio Fontenla, que también presidía la junta de compensación, esto es, el órgano de propietarios encargado de hacer la urbanización.

...Vendidas con pérdida...

El Ayuntamiento vendió entonces otra parcela a la junta de compensación, que se destinó a vivienda. De acuerdo con un documento elaborado por el Concello durante el Gobierno de Carlos Negreira, la transacción se hizo a un precio sustancialmente inferior al que se debía, con lo que las arcas municipales perdieron más de 1,1 millones en la operación.

...Y permutadas con pérdida

El Ayuntamiento realizó permutas para otras parcelas de su propiedad; esto es, cedió la propiedad a particulares a cambio de recibir fincas en otras zonas. De acuerdo con el informe de la época de Negreira, en uno de estos casos se adquirió una finca en San Pedro de Visma que valía unos 740.000 euros menos que la que se perdió.

Actos nulos de pleno derecho

Estas irregularidades fueron denunciadas en 2012 por el Gobierno local del PP, ante la Fiscalía, y posteriormente las llevaron ante el Tribunal de Cuentas el exedil socialista José Antonio Vázquez Penas y el entonces portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril. Ni la investigación penal ni la que se realizó ante Contas han acabado con la exigencia de responsabilidades, por diversos motivos, pero sí que se ha reconocido, tanto por el Consello Consultivo como por el propio Gobierno local, que se realizaron dos actos “nulos de pleno derecho” en 2005 y 2006: vender propiedades municipales directamente, sin sacarlas a concurso público, y hacerlo para construir vivienda para el mercado libre (sin ser de protección o con precios sociales). Los actos nulos de pleno derecho de una Administración son aquellos que se realizan en contra de la ley vigente; por tanto, no tienen efecto y deben revertirse en cualquier momento, en cuanto este hecho se reconozca.

Sin responsabilidad penal

Una primera denuncia del Gobierno local de Negreira ante la Fiscalía se archivó. En abril de 2013, el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad investigó la posibilidad de que durante la gestión del polígono de Someso hubiese prevaricación (un delito que consiste en que una autoridad pública realice una decisión arbitraria aprovechándose de su puesto) y cohecho (que un funcionario público reciba favores y sobornos). El demandante, Vázquez Penas, afirmaba que Francisco Vázquez había favorecido a Antonio Fontenla, y se indicaba que el empresario había transferido a la mujer e hijos de Vázquez una compañía llamada Iglevaz en 2002. Pero la jueza que llevaba el caso señaló que no había “indicios” de que esto tuviese “relación directa” con lo ocurrido en Someso, y que, en todo caso, el delito estaría prescrito. La Audiencia falló en el mismo sentido.

Responsabilidad pecuniaria

Pero aunque la responsabilidad criminal esté extinta (y con ella la posibilidad de que hubiese sanciones penales, como la prisión), se podían seguir exigiendo compensaciones monetarias. A raíz de las denuncias de la época de Negreira, el Tribunal de Cuentas inició una investigación para determinar si los miembros del equipo técnico y municipal de Vázquez tendrían que indemnizar a las arcas municipales por las pérdidas derivadas de estas irregularidades. Pero para esto se precisaban dos requisitos. Uno, que se señalasen culpables, y en 2015 el Gobierno local del PP, tras años de vacilaciones, acusó a Vázquez y a otros seis ediles. El segundo era que los acuerdos se declarasen nulos, y esto se encontró con la oposición del Gobierno local de Negreira y del actual del PSOE.

Oposición a la nulidad

¿Por qué? Dejando aparte las cuestiones de las responsabilidades políticas, el actual Gobierno local admitía que se realizaron acuerdos ilegales (si bien sus miembros nunca criticaron en público la gestión de la época de Vázquez), pero señalaban que, si estas se invalidaban y las parcelas volvían a la propiedad municipal, habría que pagar indemnizaciones millonarias a los propietarios actuales. En otras palabras, sería menos lesivo para el Concello dejarlo estar.

¿Por qué se cierra el caso?

El Consultivo no aceptó el argumento del Gobierno local de que una situación generada por una ilegalidad se tiene que mantener para evitar gastos a la Administración local. Sin embargo, sí que dio por válida otra línea de argumentación favorable a no revisar el caso que presentó el Concello en su informe: que los denunciantes dejaron transcurrir “voluntariamente” plazos en los que podrían haber reclamado la impugnación, y, cuando pidieron la nulidad, si bien esta no caduca, ya habían pasado varios años desde la decisión. En parte por ello, y en parte por el largo tiempo que ha tardado en resolverse el expediente (el propio Consultivo califica de “censurable” la dilación, la considera injustificada y cree que es una “vulneración” de los derechos ciudadanos) los propietarios llevan largo tiempo ejerciendo la propiedad sobre las fincas. Para no afectarlos, y para no boicotear la “seguridad jurídica”, el Consultivo refrenda que el caso se extinga y las decisiones que tomó el Ayuntamiento hace década y media, si bien contrarias a Derecho, se consoliden.