El Gobierno local del PSOE y el grupo de Marea Atlántica han acordado destinar más de nueve millones de euros a políticas de vivienda pública y rehabilitación. Ambos grupos han pactado ampliar el parque municipal de vivienda. Para ello, se destinarán al menos dos millones de euros para la adquisición, mediante convocatoria pública o cualquier otro mecanismo previsto por ley, de edificios, solares y viviendas.

El objetivo es, recoge el pacto, “disponer de más recursos para afrontar situaciones de emergencia, como los desahucios; contribuir a la movilización de vivienda vacía o en mal estado; e intervenir en el mercado de alquiler poniendo a disposición de la ciudadanía una mayor oferta de carácter social”, la misma motivación que inició el frustrado concurso público para compra de vivienda en el mandato anterior, ahora en revisión de oficio por no ajustarse la compra de algunas viviendas a las bases propuestas.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, reconoció que este es un “primer avance presupuestario”. Le gustaría, de hecho, “que los presupuestos para 2022 salgan lo antes posible”, pero será en enero cuando se vaya “concretando”, según anunció. La junta de gobierno local aprueba hoy la prórroga de las cuentas a no estar aprobadas para el inicio del nuevo ejercicio.

Así, la vivienda se sitúa como una de las “prioridades” en las cuentas del próximo año. Se incrementará en, al menos, un 30% la bolsa de viviendas en alquiler que gestiona Emvsa, y se revisarán las bases para incluir entre los beneficiarios a jóvenes y mayores, además de personas en situación de vulnerabilidad. De hecho, se ampliará el capital social de Emvsa, no solo para desbloquear la apertura del complejo deportivo de O Castrillón sino también para sanear definitivamente la empresa municipal. Se procederá, asimismo, a unificar la gestión municipal del parque de viviendas y el seguimiento de sus usuarios y sus usuarias, y reforzar el seguimiento habitacional de las familias vulnerables que estén en los distintos planes municipales.

Se reservarán 3,6 millones de euros para la movilización de suelo municipal para la construcción de vivienda pública, similar a los proyectos desarrollados en Marqués de Pontejos o Xuxán. Está previsto un incremento del 20% en las partidas destinadas a rehabilitación, “con perspectiva de género y especial atención a los barrios, los colectivos más vulnerables, la accesibilidad y la eficiencia energética”.

La portavoz de Marea, María García, recordó en su intervención que “el acceso a la vivienda es un problema en A Coruña”, donde hay “20.000 pisos vacíos”, la cifra más alta de Galicia. “Tenemos que aumentar el parque municipal de vivienda”, sentenció. En 2022, ambos grupos quieren analizar la posibilidad de regular los pisos de uso turístico, que han aumentando en la ciudad. García opina que estos tienen un doble impacto negativo: “Aumenta el precio del alquiler y expulsa a vecinos”.

Además, antes del 31 de enero, PSOE y Marea iniciarán encuentros con agentes sociales de la ciudad para elaborar un plan municipal por el derecho a la vivienda hasta 2026. Se trata de un “plan social, estable, integral y urgente” , que tendrá que aprobarse en el primer semestre del nuevo año. Se creará un Consello Municipal de Vivenda con entidades sociales, administraciones públicas, instituciones representativas, cooperativas, colegios profesionales, asociaciones vecinales, grupos municipales y movimiento sociales. Tendrá una vigencia mínima de cinco años. Los objetivos son garantizar el derecho a la vivienda, rescatar a personas en situación de emergencia habitacional, la intervención pública en el mercado de alquiler, la rehabilitación del parque residencial de la ciudad, la movilización de vivienda vacía o en mal estado y la atención prioritaria a colectivos en situación de vulnerabilidad, menores de 35 años y mayores de 65.

Ambos grupos acordaron también exigir a Xunta y Gobierno del Estado el incremento de los fondos destinados a vivienda pública, la mejora de las leyes de vivienda correspondientes y la regulación de nuevas situaciones como las viviendas de uso turístico. También piden al Gobierno gallego que impulse medidas de asesoramiento y atención a la ciudadanía.