El Consello de la Xunta aprobó en su sesión de ayer la declaración como proyecto de interés autonómico de los trabajos de la ampliación y mejora del hospital, lo que permite acelerar su tramitación. Cuenta con informes favorables tanto del propio Concello coruñés como del Ministerio de Transportes. La Xunta informa de que, a partir de ahora y de manera simultánea, se abordarán la tramitación urbanística, ambiental y de las expropiaciones necesarias. También se definirán a lo largo del próximo año los primeros proyectos constructivos y trabajos preliminares, “tanto en las edificaciones, como en los accesos viarios”.

Según explica el Gobierno gallego en una nota de prensa, una de las primeras actuaciones será la tramitación abreviada de los viales del entorno, para que estos “estén ya parcialmente operativos en el inicio de la ejecución de las obras del nuevo hospital”. También fecha en los primeros meses el comienzo de las “conversaciones con los titulares de los bienes afectados, con la voluntad de llegar a un acuerdo con todos ellos”.

Para ello, indica la Xunta, “se están preparando propuestas de reubicación de vivienda en el entorno más próximo posible”, para lo que apela a la “colaboración” del Concello, en referencia a la polémica de ambas administraciones por una parcela en el ámbito. La Xunta quiere reubicar en ella a los expropiados que opten por esta fórmula de compensación pero desde María Pita se le responde que ya está comprometida y que nunca se les había informado de los planes a este respecto.

La alcaldesa, Inés Rey, aseguró ayer que la Xunta “nunca habló” de la parcela que ahora incluye en su proyecto para la ampliación del hospital. Un terreno que se cedió en 2010 a Aspronaga, pero donde nunca desarrolló su proyecto de un colegio de educación especial y una residencia, por lo que fue cedida de nuevo, el pasado 2 de junio, a Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home para un centro de asistencia a drogodependientes.

“La empresa que gana el concurso para el diseño del hospital decide meter la parcela, por su cuenta y riesgo, como una mejora del proyecto, y lo hace tres meses después de que la Junta de Gobierno Local decidiera cederla”, explicó ayer la regidora, que acusa a la Xunta de “eludir sus competencias en las expropiaciones”. La alcaldesa insiste en que el Gobierno gallego es quien tiene que “realojar a las personas que vayan a ser expropiadas”. “Que puede ser a través de un realojo o de una compensación económica”, informa, y añade que la Xunta “dispone de parcelas de su titularidad no muy lejos” donde podría ubicar a los expropiados. Inés Rey se queja también de que el Gobierno autonómico todavía no ha informado del número de personas afectadas por las expropiaciones. El anteproyecto del nuevo Chuac prevé el derribo de 25 edificaciones, 20 de ellas de tipo residencial, así como la expropiación de al menos 30 parcelas.

“Es muy difícil de entender que el Ayuntamiento unilateralmente decidiera el futuro de una parcela cerca del ámbito del nuevo Chuac y que condiciona el futuro”, dijo la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. Además, el PP exigió al Gobierno local que “concrete una parcela municipal como alternativa al realojo”.