En el polígono de Fariña Ferreño, un espacio ubicado en las zonas de fincas y huertas de Monte das Moas, la normativa urbanística permite construir una docena de edificios de viviendas. Sus promotores reactivaron a finales del año pasado el proceso de construcción con un informe ambiental que, si se acepta, permitirá solventar este trámite de manera simplificada. Pero la asociación de vecinos de O Castrillón-Urbanización Soto Iar ha presentado alegaciones contra el informe, pues afirma que el proyecto tiene “efectos significativos para el medio ambiente”. Pide que la Xunta haga una evaluación ambiental ordinaria, más laboriosa, y cree que, “como los mayores efectos negativos” son consecuencia del proyecto de urbanización, todo el procedimiento debe empezar de nuevo.

Según argumentan los vecinos, que se reunieron con el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Díaz Villoslada, el informe de los promotores “no tiene en cuenta la existencia de manantiales y pozos de agua” y no plantea la conservación de especies arbóreas presentes, como el roble, el laurel o el nogal. Según denuncian, en el terreno hay una “alta cuantía” de árboles, algunos con más de 50 años de vida, y en el proyecto solo se plantea plantar 16.

A esto se suman quejas que los vecinos ya habían hecho públicas tras conocer el informe, entre ellas su “oposición total” a los muros previstos para evitar el arrastre de tierras: consideran que impiden la conexión peatonal “natural” entre O Castrillón y el parque de Eirís. La necesidad de muros de contención deriva de que el proyecto prevé elevar el terreno en el que se establecerán los edificios. A esto, la asociación vecinal se opone porque altera el “perfil natural” de la superficie y porque los edificios provocarán “un impacto visual en el borde de la ciudad que no parece aceptable”: según señalan, se verán muros y casas desde la bahía de Oza. Consideran que no se han tenido en cuenta las normas urbanísticas específicas del litoral, pese a que el proyecto está a menos de 500 metros de la orilla del mar.

También advierten de que, al elevar el vial de circulación, podrían producirse caídas de vehículos a otras calles por las que pasearán peatones, “lo que no se evita con la instalación de una barandilla como se propone”. Y afirman que no se ha tenido en cuenta, como riesgo, la presencia del poliducto de Repsol en las inmediaciones, “con el peligro que conllevará el previsto movimiento de tierras y la construcción de muros colindantes” con la instalación.

El informe de los promotores ya advertía de posibles “conflictos” con los vecinos, y del impacto que tendrían las obras, como las “molestias” en el instituto, centro de salud y polideportivo cercanos. Además, señalaba que la eliminación de las fincas supondría “una disminución del autoconsumo y actividad de ocio” de sus usuarios. Atribuye al proyecto tres impactos “severos”: los cambios en la dinámica social del barrio, la compactación del terreno y pavimentación (que eliminará la vegetación) y el aumento de consumo de agua y energía y de generación de residuos por los nuevos vecinos. Sin embargo, considera que las facetas positivas de la construcción superan a las negativas y que se crearán puestos de trabajo, además de dar acceso a los vecinos a nuevos viales y parques.

Los vecinos coinciden en su petición de una evaluación ambiental ordinaria con Marea Atlántica, que presentó sus propias alegaciones a un proyecto que tiene “efectos significativos sobre el medio ambiente”; si bien el partido no pidió reiniciar el proyecto de urbanización.