La Consellería do Mar ha propuesto firmar un convenio con el Gobierno central para que este pague las indemnizaciones a los mariscadores durante el dragado de la ría do Burgo. Un acuerdo en el que deben ir recogidos los recursos a destinar y las obligaciones de cada parte. Lo explicó ayer la conselleira de Mar, Rosa Quintana, en una reunión con la Cofradía de Pescadores de A Coruña, a la que no se presentó ningún miembro ni representante del Ministerio para la Transición Ecológica, a la que, según la Xunta y un informe realizado por la Universidade de Santiago, corresponde la responsabilidad de pagar a los trabajadores que no pueden ejercer su actividad durante el dragado.
El secretario de Estado, Hugo Morán, sí conversó con los representantes de la Cofradía, de forma telemática, el día anterior, en una reunión a la que no estuvo invitado el Gobierno gallego. En ella, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente admitió la posibilidad de asumir las compensaciones, pero estas deberán ser abonadas primero por la Xunta, que luego las reclamará al Gobierno central. La Consellería do Mar, sin embargo, no está por la labor. “Son 80 familias que necesitan nuestro apoyo y, si el Gobierno central considera que es muy gravoso para él tramitar 80 expedientes de subvención, podemos hacer la tramitación administrativa siempre y cuando exista un convenio con el que el Estado haga llegar el importe correspondiente para las indemnizaciones”, razonó Quintana, que insistió en que “el Ejecutivo gallego no puede adelantar el dinero para indemnizar a los afectados dado que no son de competencia autonómica”.
La Xunta intentará reunirse con el Ministerio de Transición Ecológico, junto a la Cofradía de Pescadores, como estaba previsto ayer, para conocer su postura y compromiso y saber si está dispuesto a firmar este convenio.
El portavoz de los mariscadores, Manuel Baldomir, reconoce que, según les explicó Rosa Quintana, la propuesta del Estado —que la Xunta pague primero y luego reclame— es “inviable” . “Deberán negociar un convenio, pero echamos en falta que el Ministerio no acudiese a la reunión”, comenta, y recalca que “lo más sensato es llegar a un acuerdo de colaboración”.
Los trabajadores afectados todavía no se ponen una fecha límite para resolver este asunto, pero sí que esperan que se trate “con la mayor celeridad posible”. “La conselleira se ha comprometido a ponerse en contacto con el Estado a la menor brevedad posible para poder hablar cara a cara y solucionar este problema”, resume Baldomir. El Gobierno gallego también considera “necesario y prioritario” alcanzar un acuerdo para cerrar el pago de estas indemnizaciones.
