El número de demandantes de vivienda protegida, ya sea pública o privada, ha disminuido en los últimos dos años, desde la irrupción de la pandemia. Lo muestran los datos de la Xunta del Rexistro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia publicado ayer, en el que figuran un total de 1.994 personas, un 21% menos que en 2020, cuando la cifra era de 2.542 demandantes. La mayoría, no obstante, sigue prefiriendo la promoción pública en régimen de alquiler.

Pero ¿a qué se debe esta caída? El coronavirus ha provocado una crisis económica, los precios de los pisos de alquiler están por las nubes, aumentan los inmuebles de uso turístico y hay muchas dificultades para adquirir vivienda nueva. Y, aun así, la demanda de vivienda protegida cae. Expertos en el sector tratan de dar con las claves y coinciden en que “la falta de oferta” es la que hace romper la subida, pues desde 2018, el número de personas solicitantes de un arrendamiento protegido iba en aumento.

“En muchas ocasiones hemos pedido más vivienda de protección oficial porque no es suficiente. En A Coruña, desde el ofimático, no se ha vuelto a construir nada”, señala el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias.

Al presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido, le “sorprende” este dato y la única razón que encuentra es que “no hay vivienda”. Recuerda que ocurre lo mismo en el mercado libre, en el que “la demanda supera a la oferta”.

Pero, además, dentro de la petición de vivienda protegida, hay diferencias entre los demandantes. La mayoría, un 87%, prefiere que sea de promoción pública. En A Coruña, además, el alquiler se sitúa por encima de la compra: 968 personas optan a un arrendamiento, otras 169 a adquirir en propiedad y 524 a alquiler con derecho a compra. “En A Coruña hay muy poca vivienda protegida. Y a eso hay que sumar que ahora, que casi no hay ayudas, estas viviendas tienen casi más perjuicios que beneficios”, comenta el socio de una cooperativa de Xuxán, José Ramón Mosquera.

El interés que despiertan las viviendas de promoción pública de núcleos rurales o cascos históricos sigue siendo muy escaso, aunque es el único apartado que ha aumentado, con 76 peticiones, trece más que en 2020.

¿Por qué se reducen la lista de demandantes? El secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, cree tener la respuesta. O, por lo menos, una de ellas. “Desde el año 2010, no hay ayudas ni subvenciones ni al promotor ni al comprador. Y, además, cada vez se endurecen mas las condiciones de la compra. Así que nadie se extrañe ahora por esa caída”, expone. La gente, insiste, si no puede comprar, opta por “el alquiler y se apunta al registro”, pero “hay otro problema y es que tampoco hay oferta para todos”.

Por otro lado hay un total de 257 personas que opta a una vivienda de promoción privada, 21 menos que en el registro de 2020. Ha habido un escaso aumento en la cifra de demandantes de compra y alquiler con opción a compra de pisos de promoción privada en régimen general, pasando de 110 a 118 en dos años.

Los profesionales del sector creen que hay otros aspectos que han cambiado la tendencia. Para Benito Iglesias, el “hándicap” es la “burocracia”. “La gente se apunta al registro pasa un año y otro y otro y no hay viviendas. En Portugal, por ejemplo, la burocracia está simplificada al máximo. Aquí no. Entre que se expropia el suelo, licitaciones y proyectos de urbanización pasan diez años”, explica el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, que argumenta que “si un joven de 25 años quiere emanciparse va a buscar otras alternativas porque no quiere esperar diez años”. “Creo que ese es el motivo principal por el que muchos no renuevan su demanda”, indica.

Mosquera también cree que los tiempos de la administración hacen que “la gente se desanime”. “Si tienes una necesidad de comprar vivienda, no te puedes quedar esperando a que el registro funcione”, razona.

Así pues, los retrasos en los procesos y la falta de vivienda están detrás de esta caída del 21% en el número de demandantes de vivienda protegida. El Concello aprobó el pasado noviembre el proyecto para construir un edificio de cinco viviendas sociales en Marqués de Pontejos. También construirá un edificio en el barrio de Xuxán en virtud del acuerdo del edificio Fenosa. Ambos proyectos se iniciaron en el anterior mandato y no han fructificado aún.

Hace solo unas semanas, antes de que acabase el año, PSOE y Marea Atlántica firmaron un acuerdo para ampliar el parque municipal de viviendas. Han decidido reservar una dotación mínima de dos millones de euros para la adquisición, mediante convocatoria pública o cualquier otro mecanismo previsto por la ley, solares y viviendas para aumentar dicho parque. También se incrementará en, al menos, un 30% la bolsa de viviendas en alquiler que gestiona Emvsa, y se revisarán las bases para incluir entre los beneficiarios a jóvenes y mayores, y se reservarán 3,6 millones de euros para la movilización de suelo municipal para la construcción de vivienda pública.

Esos son los planes a corto plazo para aumentar el parque inmobiliario municipal que tiene aproximadamente 400 pisos.

La Xunta, por su parte, cuenta con el plan Rexurbe, al que ha dotado de 2,2 millones de euros para adquirir edificios en mal estado de la Ciudad Vieja y Pescadería y ofrecer tras su rehabilitación viviendas de alquiler a precio reducido. El plan Rexurbe no recibió ninguna oferta en A Coruña en 2019. Un año después no se promovió en la ciudad por el desarrollo de la pandemia y en 2021 la Xunta pidió la colaboración del Concello y de entidades vecinales de las zonas para difundir la propuesta entre los propietarios de los edificios. Con esta estrategia se consiguió el interés de siete titulares de inmuebles en mal estado.