Ocho meses después de que el Gobierno prohibiera la celebración de las juntas de las comunidades de propietarios, desde el 1 de enero pueden volver a convocarse, pero el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia advierte de los problemas que supondrá reunir a las personas en lugares que carecen de las condiciones adecuadas en la actual situación sanitaria. La secretaria de la entidad colegial, Teresa Suárez Agrasar, recuerda que la mayoría de las comunidades se reúnen en garajes, portales o locales pequeños, razón por la cual los administradores solicitaron al Gobierno al inicio de la pandemia que aplicara normas para su regulación, aunque hubo que esperar hasta mayo de 2021 para que lo hiciera.

Suárez destaca que, una vez acabado el confinamiento, las reuniones podían volver a convocarse, “pero no se podían hacer en hoteles porque estaban cerrados, igual que los locales públicos que se cedían hasta entonces, aunque seguía habiendo la obligación de realizarlas pese a que eran de altísimo riesgo” . Esto llevó a que la práctica totalidad de las comunidades aplazaran sus juntas, ya que además se regularon con la misma normativa que se aplicó a los congresos, aunque en ellos los participantes se inscriben previamente y no se llevan a cabo si la asistencia es baja, situaciones que no se producen en una junta de propietarios, que se celebran a pesar de que el número de asistentes sea muy reducido.

El decreto de mayo de 2021 que suspendió las juntas hasta el 31 de diciembre incluía la posibilidad de que los propietarios pudieran adoptar acuerdos mediante el voto por correo o la celebración de las juntas por vía telemática, pero Teresa Suárez pone de relieve que, aunque no todas las personas tienen la posibilidad de usar esa última fórmula, cabía la opción incluso de participar a través de Whatsapp, que sí es empleado incluso por personas con muy escasos conocimientos tecnológicos.

Al levantarse el 1 de enero la prohibición de que se reúnan las juntas de propietarios también se anuló la posibilidad de que se celebren de forma telemática o que se vote por correo, pero la situación sanitaria no solo no ha mejorado sino que se ha producido una explosión de contagios que para los administradores hace poco aconsejable congregar a grupos de personas en espacios reducidos. “Esto es un despropósito que tiene su origen en no escuchar a los profesionales que controlan este asunto”, se lamenta Suárez, quien señala que el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas planteó al Gobierno que se mantengan las medidas que contenía el decreto para evitar que las juntas tengan que ser presenciales, aunque no obtuvo respuesta por el momento.

La secretaria del colegio coruñés admite que no hubo receptividad a la propuesta y lo achaca a que “cuando se toman decisiones no se tiene en cuenta a los profesionales del sector, que somos los que mejor conocemos la casuística de las juntas de propietarios”.

Suárez vaticina además que las comunidades se lanzarán ahora a realizar las juntas porque los presidentes de las comunidades son los responsables de convocarlas y “muchos están hartos de serlo durante tanto tiempo y quieren pasar el testigo”, ya que en algunos casos han ocupado el cargo durante tres años. “Otra cosa es cuántas personas asistan, y por eso sería importante que se pudiera votar por correo o de forma telemática, ya que los niveles de contagio son enormes”, apunta esta administradora, quien considera que el voto por corre “es mucho más fiable” porque algunas personas no se atreven a votar lo que realmente quieren delante de sus vecinos, aunque admite que supone mucho más trabajo para los administradores, que deben enviar previamente una amplia información a los propietarios.

Cataluña proyecta prorrogar esos aspectos del decreto estatal porque tiene una Ley de Propiedad Horizontal diferente, destaca Suárez, para quien gracias a la tecnología existente hoy en día “hay que tener la posibilidad de convocar a los propietarios por más medios que el presencial”, aunque añade que pueden darse las dos fórmulas al mismo tiempo.

También advierte que hay que “liberar a las juntas de esa lacra de que se va a ellas a pelear, tienen que tener un tratamiento casi empresarial, porque en la empresa se hacen juntas telemáticas y hay soluciones para quien no puede conectarse”. En su opinión, “hay otra vida después del COVID, no cabe que estemos en un garaje leyendo presupuestos importantísimos que van a suponer un desembolso enorme y en horarios residuales”. Según afirma, “si uno tiene que hablar con el profesor de su hijo no va después del trabajo, y esto tiene que tener un tratamiento similar”, de forma que deben convocarse en el horario laboral y en lugares adecuados. “Hacer juntas en garajes y portales no garantiza ni la calidad del servicio ni de los acuerdos”, sentencia.

Sobre el regreso de las juntas de propietarios, aunque la ley ya facultaba a los presidente para tomar decisiones urgentes, “muchas cosas quedaron en el aire” durante los últimos meses y que ahora deben convocarse para adoptar acuerdos como la solicitud de las subvenciones de los fondos Next Generation para obras que mejoren la eficiencia energética. Teresa Suárez prevé que en los próximos meses hay muchas juntas de propietarios para abordar ese tema y el de los proyectos que quedaron paralizados durante la pandemia, ya que solo pudieron acometerse en los casos en que la comunidad dispusiera de fondos para financiarlos.

Sobre las ayudas europeas, piensa que suponen una oportunidad para los propietarios de numerosos edificios y viviendas porque “cuanta más obra se haga más dinero se recibirá proporcionalmente para eficiencia energética, como fachadas, ventanas, accesibilidad, cubiertas...”, aunque advierte que “hay poco tiempo para solicitarlas”.