El fin del contrato del transporte público de viajeros en 2024 será abordado por el Gobierno local con el diseño de un nuevo modelo de concesión, según avanzó ayer en el pleno municipal el concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, quien calificó de “obsoleto” el que ahora mantiene el Concello con la Compañía de Tranvías porque entiende que “no responde a las necesidades actuales”. En el debate de una moción de Marea Atlántica que rechazaba el aumento de las tarifas del bus propuesto por la empresa —apoyada por todos los grupos y sobre la que se abstuvo el PP—, Villoslada cuestionó la validez de las “fórmulas de revisión de las tarifas” que fija el contrato actual, que desde 1986 han permitido subidas continuas.

El concejal rechazó además la propuesta de que se estudie la posibilidad de municipalizar este servicio planteada en esta iniciativa y que también defiende el BNG. “La municipalización no es la fórmula mágica”, replicó a ese planteamiento, tras lo que apostó por una “buena fórmula contractual” que permita el control de la concesión y la mejora del mapa de líneas y la flota de autobuses. También consideró necesaria la planificación con la Xunta de rutas conjuntas en la primera corona del área metropolitana y de la creación de una Autoridad Única de Transporte para gestionarlas. Sobre la subida de las tarifas propuesta por Tranvías recordó que el Gobierno local la rechaza mientras no se resuelva en el Tribunal Supremo el recurso contra la sentencia del Superior de Galicia que anula la rebaja de precios aplicada por el Ejecutivo de Marea Atlántica en 2019 y descartó que la presentación de esa iniciativa judicial tenga relación con la negociación del presupuesto.

Falta de empatía

La portavoz de Marea, María García, acusó de “falta de empatía” a la Compañía de Tranvías por promover una subida de tarifas de 22 céntimos para este año y calificó de “ocasión única” el fin del contrato en 2024 para “reformular el transporte urbano” y extenderlo al área metropolitana. Para García, la concesión a una empresa privada es un “corsé de larga duración”, por lo que debe estudiarse la prestación directa del servicio, que el PSOE pretendió excluir de la moción de Marea mediante una enmienda que fue rechazada.