La concesionaria del polideportivo de San Diego, Sidecu Gestión, ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales para reclamarle cerca de 432.000 euros que, según entiende la empresa, dejó de ganar por la decisión municipal de no actualizar los precios de las instalaciones entre 2014 y 2020. A esta suma, si los tribunales le dan la razón, habrá que sumar una cantidad indeterminada de intereses legales. La Junta de Gobierno Local aprobará hoy oponerse a sus pretensiones.
Sidecu empezó a gestionar el polideportivo en el año 2000, y, según fuentes de la empresa, entre este año y 2013 los precios se fueron actualizando de acuerdo con el IPC, “en función de lo que dice el contrato”. Sin embargo, según figura en la documentación presentada ante el juzgado, a partir de 2014 el Concello desestimó, año tras año, subir los precios por silencio administrativo (esto es, dejando sin responder a las peticiones de la empresa).
La concesión acabó en mayo de 2020, aunque, debido a que no se ha sacado a concurso un nuevo contrato (el Ayuntamiento prepara uno para la gestión conjunta de San Diego y el nuevo polideportivo de O Castrillón), Sidecu sigue gestionando el centro en precario. Durante este tiempo el coronavirus obligó a cerrar el centro, y luego, se redujo el número de socios, por lo que la empresa solicitó una compensación al Ayuntamiento. Esta, un proceso paralelo, todavía está negociándose.
En junio del año pasado, Sidecu se dirigió al Ayuntamiento para reclamarle los 431.859 euros que, entendía, le había causado en daños y perjuicios al congelar los precios de una manera que, entiende la concesionaria, infringe los términos del contrato. El Concello tampoco respondió a esta reclamación, con lo que legalmente se entiende denegada; y la empresa acudió ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de la ciudad.
Compensación por el COVID
En cuanto a los perjuicios por el parón del coronavirus, el Ayuntamiento también denegó la compensación monetaria que pretendía la empresa. Fuentes de Sidecu señalan que siguen las negociaciones, y que por el momento las propuestas municipales no son “razonables”.
De hecho, la empresa llevó en otra ocasión al Concello a los juzgados. Cuando acabó el periodo de concesión, en mayo de 2020, el Ayuntamiento lo prorrogó mientras preparaba el nuevo contrato, en un principio por seis meses. Se ha ido prolongando, y Sidecu puso un recurso ante los tribunales para no continuar con la concesión “mientras no se resuelva el expediente de compensación” por el cierre de la instalación por el COVID.
Según señalaron fuentes de la empresa a este diario, se oponían a que la prórroga “compute a efectos del reequilibrio económico”, y Sidecu señaló ayer a este diario que no descarga judicializar también la reclamación por las pérdidas derivadas del coronavirus. La empresa, sin embargo, afirma que esta petición “no va vinculada” a la reclamación indemnización por la congelación de los precios. Por su parte, el Concello, con la Xunta y la Inspección de Trabajo, investigó presuntas irregularidades en la gestión.
El Gobierno local apuesta por licitar un contrato para gestionar conjuntamente el pabellón de San Diego y O Castrillón, si bien no tiene fecha. Prevé abrir interinamente este segundo centro a través de la la empresa municipal Emvsa, pero los vecinos reclaman que el Concello lo gestione de forma directa y separada de San Diego.
