La actuación del Concello para exigir a los propietarios de edificios y solares en estado ruinoso que tomen medidas para garantizar su seguridad se tradujo en la comunicación de 1.502 requerimientos de este tipo entre los años 2019 y 2021. Esa cifra, proporcionada por el Gobierno local al grupo municipal del Partido Popular en respuesta a una pregunta escrita sobre esta cuestión, supone una media de 1,3 órdenes diarias y refleja la situación existente en la ciudad.

Los requerimientos no se corresponden con el número de inmuebles en ruinas, puesto que el Concello se ve obligado a enviarlos de forma reiterada ante la falta de respuesta o la inacción de los propietarios. El casco histórico, formado por los barrios de Pescadería, Ciudad Vieja y As Atochas y regulado urbanísticamente por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, cuenta con 22 edificios a los que se efectuó la declaración de ruina, según el Ejecutivo municipal. Pero un simple recorrido por esta zona permite comprobar que las construcciones en ese estado son muchas más, aunque no todas disponen de esa declaración.

La Ordenanza Municipal de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles —basada en la Lei de Rexeneración, Rehabilitación e Renovación Urbana de Galicia— establece una serie de medidas para forzar a los propietarios de edificios a que los mantengan en buen estado, como la imposición de multas por valor de hasta 10.000 euros , que además son reiterables cada tres meses.

También recoge la ejecución subsidiaria de los trabajos necesarios por parte del Concello y el posterior cobro de su coste al propietario en caso de que se niegue a llevarlos a cabo. El PP solicitó al Gobierno local el número de intervenciones de este tipo de los tres últimos años, pero la contestación fue que entre las ejecuciones subsidiarias y las multas impuestas sumaron 24 y que el coste para el Concello fue de 68.000 euros, aunque a esa cantidad hay que añadirle los últimos datos de 2021.

La última actuación de esta clase acordada por el Gobierno local es el derribo del número 8 de la calle Santa Lucía, que permanece cortada al tráfico desde el 16 de octubre ante el riesgo de caída de cascotes a la vía pública, ya que ese día hubo desprendimientos de la fechada. Aunque el Concello exigió a los propietarios que reparasen el inmueble de forma urgente, solo uno de ellos acometió obras, mientras que uno manifestó no poder hacerlas y otros ni llegaron a contestar.

La propiedad iba, además, a ser subastada, lo que favoreció que los dueños del edificio, que llevaba más de una década deshabitado, no tomaran medidas. Para poder actuar, el Gobierno local declaró la ruina de la construcción y ahora acometerá su demolición y el vaciado del solar.