El edificio número 13 de la avenida de San Roque de Fóra, declarado ilegal por una sentencia emitida en 2008, permanece a la espera de que se ejecute la orden de derribo desde que en julio de 2019 el Concello envió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 el proyecto para su demolición. Los recursos presentados por los propietarios de las viviendas para evitar que se consume la desaparición del inmueble, en los que solicitan la suspensión cautelar del derribo, impiden por ahora que se cumpla el fallo judicial.
Los afectados habían solicitado esa misma medida al Concello a través de recursos de reposición que fueron desestimados en 2017 al considerar que no podían presentarse en esa fase del procedimiento, por lo que acudieron a los tribunales para intentar impedir que la piqueta se pusiera en marcha.
Mientras la Justicia toma una decisión sobre este conflicto, han pasado ya catorce años desde que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que declaró ilegal la licencia municipal concedida en el año 2002 por el Gobierno local socialista presidido por el entonces alcalde Francisco Vázquez.
La duración de este conflicto está lejos por ahora de los 21 años alcanzados por el edificio que albergó la antigua sede de Fenosa, también amenazado por una sentencia que ordenaba su demolición, de la que se salvó en 2019 gracias al acuerdo logrado entre propietarios, denunciante y Concello a través de una mediación.
El plan elaborado por los técnicos municipales para cumplir la sentencia judicial del edificio de San Roque de Fóra —basada en que el inmueble solo podía ocupar el 70% de la parcela, cuando la ocupa por completo— consiste en derribar todo lo construido por encima del nivel de la calle, de forma que solo se conserven los sótanos, donde se encuentra los trasteros y las plazas de garaje y que son compartidos con el resto de edificios que integran la manzana, ya que está parte del conjunto cumple la legalidad urbanística.
Otra de las posibilidades que existían era derribar solo las partes de cada planta que sobrepasan la superficie máxima autorizada, lo que afectaría a un 30% o 40% de su volumen, pero finalmente se optó por la demolición total.
Aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó sentencia en 2008, hubo que esperar a 2017 para que el Concello actuase de forma decidida en este caso, ya que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 le dio un plazo de seis meses para que elaborase un proyecto de demolición. Sin embargo, no fue hasta julio de 2019 que se envió ese documento, sobre el que todavía no hay respuesta.
El conflicto urbanístico del número 13 de San Roque de Fóra dio comienzo el mismo año en que se levantó el edificio, 2002, ya que la propietaria de una de las viviendas presentó una denuncia en la que ponía de manifiesto que la fachada no se ajusta a lo previsto en el Plan General de Ordenación Municipal de 1998, que esta en vigor en aquellas fechas.
Esa iniciativa judicial siguió su recorrido en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en 2005 decidió anular la licencia que había concedido el Concello al entender que la fachada tenía un vuelo excesivo. La sentencia incluyó un requerimiento a la promotora que construyó el inmueble para que elaborase un proyecto de reforma del mismo que permitiese adaptarlo a la legalidad urbanística.
Pero aún hubo una resolución más sobre este caso, ya que en 2008 el Superior emitió otro fallo en el que anulaba por completo la licencia y obligaba a que se demoliese el edificio. Los recursos presentados por los propietarios para evitar el cumplimiento de esa orden fueron desestimados por el mismo tribunal en 2013, aunque hubo que esperar a 2017 para el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 reclamase el cumplimiento de la sentencia.
Nueva amenaza de grandes indemnizaciones
Cuando los propietarios de las viviendas del edificio de San Roque de Fóra supieron que tendrían que ser derribadas para cumplir la sentencia plantearon al Concello reclamaciones de responsabilidad patrimonial, ya que se consideran perjudicados por la concesión de una licencia de construcción que resultó ser ilegal. Estos vecinos no solo se verán obligados a abandonar sus hogares y a buscar nuevos domicilios, sino que, además, cuanto terminé la demolición no podrán regresar al lugar en que vivieron, puesto que no está prevista la reconstrucción del inmueble.
Todos estos aspectos hacen prever que, si finalmente se ejecuta el derribo, los afectados solicitarán una cuantiosa indemnización, lo que trae a la memoria el aún reciente caso del edificio Fenosa, en el que se calculaban en 60 millones de euros la repercusión que tendría para el Concello su demolición. Aunque este inmueble solo cuenta con 16 viviendas, el impacto económico puede ser notable, lo que animó a los propietarios a solicitar que se les aplicase a ellos la fórmula que finalmente se utilizó con la antigua sede de Fenosa: la mediación.
El juzgado que lleva el caso también debe tomar la decisión de si es posible seguir esa vía con este inmueble, aunque el Concello siempre ha manifestado que existen importantes diferencias entre ambos conflictos urbanísticos y que la solución empleada con el edificio que levantó Fadesa en la calle Fernando Macías no es extrapolable a cualquier orden judicial de derribo.
