Los técnicos de Urbanismo y los servicios jurídicos municipales analizan el auto y la providencia dictados el pasado jueves por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 sobre el edificio número 13 de la avenida de San Roque de Fóra con el fin de encontrar la solución más adecuada para darles cumplimiento, informó ayer el Gobierno local a este periódico acerca de este conflicto urbanístico.
El primero de esos documentos da un portazo a la pretensión del Concello de que el derribo del inmueble —afectado por una sentencia de 2008 que ordena esta medida— sea tan solo parcial con el fin de evitar su desaparición, mientras que el segundo exige información sobre la contratación de esas obras y su financiación a través del presupuesto municipal.
El mismo juzgado tiene aún pendiente la contestación al recurso de algunos de los propietarios de las viviendas del edificio que también habían solicitado que la demolición sea únicamente parcial, además de a su propuesta de que el problema se resuelva a través de una mediación entre ellos, la denunciante de la ilegalidad del inmueble y el Concello.
La respuesta dada al planteamiento municipal sobre la viabilidad de un derribo parcial —presentado en marzo de 2021 con resultado infructuoso y por ello recurrido en mayo— y el rechazo que ya expresó este órgano judicial a la mediación en la primera ocasión en la que se le propuso hacen sospechar sin embargo que los afectados también pueden toparse con una negativa en ambos casos.
Las graves consecuencias económicas que tendría para las arcas municipales la demolición íntegra del edificio y las posteriores indemnizaciones que podrían reclamar los propietarios de las viviendas y locales comerciales llevan al Concello a exprimir todas las posibilidades jurídicas para evitar tener que afrontar esa situación. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2008 que declaró ilegal la licencia concedida seis años antes para levantar este inmueble estableció que superaba en un 30% el volumen edificable, por lo que tanto los propietarios como el Concello propusieron que fuese este porcentaje de la construcción el que se derribase.
Pero el juzgado dictaminó la semana pasada que esa fórmula no puede seguirse ya y que la única posibilidad que existe es acometer la demolición total, aunque salvando los sótanos porque se comparten con el resto de edificios de la manzana. El propio Concello ya elaboró un proyecto para llevarla a cabo y se lo envió al órgano judicial en octubre de 2019 para que examinase si se adapta a sus exigencias. Por esta razón, ahora le reclama que detalle las gestiones realizadas para la contratación de esas obras y sobre la modificación del presupuesto que será necesaria para hacer frente a su pago, del que también exige conocer su importe.
La mediación aparece en este momento como la opción más factible para impedir el derribo, ya que los propietarios aluden al caso de la antigua sede de Fenosa —en la que se utilizó esta fórmula de forma innovadora en España— para defender que es posible un acuerdo en este sentido.
El Concello advirtió en un primer momento que esta solución no puede aplicarse en todos los casos y el juzgado la rechazó, aunque los vecinos recurrieron esa resolución y están pendientes de un nuevo dictamen. Pero también el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deberá dar su visto bueno a esa vía en caso de el juzgado finalmente cambie de opinión, ya que fue el autor de la sentencia que ordena el derribo del inmueble.
