El nuevo bono al alquiler de 250 euros, establecido por el Gobierno central para ayudar a pagar el arrendamiento a los jóvenes de hasta 35 años, no permitiría acceder a casi tres cuartas partes de los pisos que actualmente se ofertan en A Coruña. El decreto que lo estableció, publicado la semana pasada, señala que el precio de alquiler “deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales”, y, de los 584 casas que se ofertaban ayer para arrendar en el portal Idealista, solo 156 entraban dentro de esta franja: un 26,7%.
La cifra podría ser inferior en la práctica. El Estado permite descontar de los 600 euros la renta que se corresponda a garajes y trasteros. Por otra parte, se trata de los precios a los que se ofertan los pisos, que no tienen por qué corresponderse con los que se negocien finalmente. No hay datos de los contratos que se están firmando actualmente, pero entre enero y noviembre del año pasado fue de 531,4 euros en la ciudad.
El límite para conceder la ayuda podría subir hasta los 900 euros si la Xunta así lo decide “en base a estudios actualizados de oferta de vivienda en alquiler” ; además, también tendría que haber un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta cifra también la podría establecer la Comisión de Seguimiento de este bono en casos de alquileres compartidos por “dos o más personas jóvenes” que sean beneficiarias del programa.
La franja entre los 601 y 900 euros suma la mayor parte de la oferta de alquiler de la ciudad, con otros 296 pisos, que sumados a los más baratos suponen 452: el 77,4% de los que señala Idealista. Pero, incluso con estas condiciones más generosas, un tercio de las viviendas que se ofertan son demasiado caras para acceder a las ayudas.
En los municipios de la comarca inmediata los precios son más bajos, con lo que más jóvenes podrían beneficiarse si se asientan en la zona periurbana. En Culleredo y en Oleiros se ofertan por debajo de los 600 euros, respectivamente, el 44,4 y el 31,7% de las viviendas, y en Abegondo no hay a ningún precio. En el resto del cinturón que rodea a la ciudad, más de la mitad de los pisos pueden optar a la ayuda: en Arteixo el 87,5%, en Cambre el 63,6%, en Bergondo el 60%, en Sada el 57,1% y en Carral todos, si bien solo se ofrecen tres. Sin embargo, entre estos ocho municipios solo suman 127 pisos, un 21,7% de los de A Coruña.
La Xunta, enfrentada al Ejecutivo central por su proyecto de Ley de Vivienda (que considera que vulnera sus competencias autonómicas) se ha mostrado escéptica en relación a la implantación del bono al alquiler: La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, calculó que llegará a menos de 4.000 jóvenes, el 1,4% de los 280.000 que podrían acceder. Sin embargo, la Consellería no aclaró ayer a este diario los criterios con los que se había calculado la cifra.
El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, señala que la cifra total no puede ser mucho mayor por el presupuesto que se reserva, pero, según ha considerado su organización, “en el mejor de los casos creemos que no llegará a los 2.000 jóvenes”, debido a las restricciones para acceder al bono.
Los solicitantes deben tener una “fuente regular de ingresos”, ya sea por trabajo, actividad de investigación o prestación social, haber trabajado tres meses de los últimos seis al pedir el bono y prever que la fuente de ingresos se mantenga durante medio año a partir de la solicitud. La renta de los que alquilan la vivienda no puede superar tres veces el IPREM (unos 1.737 euros mensuales), si bien puede revisarse al alza en ciertas circunstancias. También tienen que estar empadronados en la casa que arriendan (que no puede pertenecer a parientes o socios) y no poseer otra en propiedad.
Iglesias es también crítico con la medida porque considera que “va a tener un efecto inflacionario” y subir los precios del mercado de alquiler, en especial en las “zonas tensionadas”: A Coruña, Vigo y Santiago. Esto ya ocurrió, indica, cuando se concedieron ayudas similares en época del Ejecutivo de Zapatero.
“Llegará a una parte ínfima de la población joven y perjudicará a todos los que busquen vivienda en las zonas más tensionadas” resume Iglesias, que cree que debería haberse consensuado la política con la Xunta y califica a la medida de “campaña de marketing virtual”.
Políticas alternativas
Para el presidente de Fegein, la mejor forma de ayudar al acceso al alquiler es ampliar el parque de casas disponibles. “En Galicia tenemos 330.000 viviendas vacías” recuerda “si das seguridad jurídica a los propietarios e incentivos fiscales, y consigues derivar una parte hacia el mercado de alquiler, conseguirás abaratar los precios, no solo para los jóvenes, sino para todos”. La única alternativa sería “construir a mansalva”, pero considera que no es necesario cuando se puede “reformar y rehabilitar”.
El arquitecto y urbanista Iago Carro, miembro de Ergosfera, también considera que el bono no facilitará el acceso a la vivienda a los jóvenes. “Los sindicatos de inquilinos que han analizado esta medida consideran que, como es bastante obvio, será una transferencia de rentas hacia las personas que alquilan y no hacia los inquilinos”, indica.
Para Carro, la medida se ha tomado porque existe miedo desde el Gobierno central, sobre todo por los socialistas, a “entrar directamente en la regulación del precio”. Considera que los experimentos en diversas zonas de Europa y España prueban que esto “seguramente no sea la panacea, pero que hay que ser valiente para empezar a testar”. Según considera, estas experiencias prueban que la medida contiene precios “de manera relativa”, y cree que la oposición a ella proviene de consideraciones “ideológicas” que no han mostrado con datos que los precios máximos perjudiquen a la oferta.
Aún así, cree que hay otras políticas “igual de importantes”. Una de ellas sería la construcción de vivienda pública, que, señala, es “irrisoria” en Galicia. De acuerdo con datos suministrados por la Xunta y el Concello, desde 2004 el Gobierno gallego ha terminado 376 pisos de promoción pública en la ciudad, y el Concello no acaba una promoción desde 2008. Actualmente, el Gobierno gallego está desarrollando 40 nuevos pisos en Xuxán y planifica otros tantos; el Concello prevé construir 55 en el futuro próximo.
Carro señala que la mayor parte de estas viviendas de promoción pública de décadas pasadas se vendieron y han acabado en el mercado libre. Defiende que se mantengan bajo la propiedad pública y se arrienden; y también desbloquear proyectos para transferir suelo municipal a cooperativas en régimen de cesión de uso para construir pisos.
El 84% de las ofertas de cuartos permiten pedir la ayuda
El bono de ayuda al alquiler también permite financiar el arrendamiento y la cesión de habitaciones, pero establece que la renta o precio máximos deben ser de 300 euros mensuales. Al contrario que en el caso de los pisos, la inmensa mayoría de las habitaciones que se ofertan en A Coruña cumplen con los requisitos: de las 101 que aparecían en Idealista en la mañana de ayer, 85 cuartos, el 84,5% del total, valían 300 euros o menos. Si se pone el tope en los 450 euros mensuales (un ajuste potencial que, de acuerdo con las condiciones del Real Decreto que crea el bono, debería pedir la Xunta), la cumplen todas las ofertas menos una. Esta es la tónica general en el resto de municipios de la comarca en los que ayer había pisos que se alquilaban por habitaciones: las catorce ofertas de Oleiros estaban todas por debajo de la barrera de 450 euros, y nueve de ellas valían 300 euros o menos. Los dos cuartos que se podían alquiler en Culleredo, y el único que se ofertaba en Sada, se englobaban todos en las condiciones más restrictivas que permite la ayuda. Por otra parte, en otros cinco municipios de la comarca coruñesa inmediata no se podían encontrar ofertas para alquilar habitaciones de manera separada: en Arteixo, Cambre, Abegondo, Bergondo y Carral no había posibilidad de encontrar un cuarto en solitario.
