Veinte asociaciones coruñesas que trabajan en diferentes ámbitos sociales acudieron ayer al centro cívico de Os Mallos para participar en la primera de las reuniones convocadas por el Concello para diseñar el Plan Municipal polo Dereito á Vivenda 2022-2026. La denominada Mesa Social de esta iniciativa, a la que seguirán otras de diferente contenido, tenía por objetivo recabar las aportaciones de los colectivos que trabajan directamente con las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda.

El encuentro contó con la participación de los concejales socialistas Juan Díaz Villoslada y Yoya Neira, responsables de Urbanismo y Benestar Social respectivamente, y de la portavoz y viceportavoz de Marea Atlántica, María García e Iago Martínez. La razón de la presencia de representantes de este grupo de la oposición es que la puesta en marcha del plan de vivienda es uno de los acuerdos alcanzados con el Gobierno local para hacer posible la aprobación del presupuesto municipal de este año.

Villoslada detalló que tras la Mesa Social de ayer, el viernes habrá una de carácter institucional y posteriormente otras con el fin de cumplir el compromiso que el plan de vivienda esté en marcha en esta primera mitad del año. El responsable de Urbanismo destacó que el nuevo plan estatal de vivienda, la nueva ley del sector y los fondos europeos para la reconstrucción, que van a dedicar importantes fondos a esta materia, “obligan a todas las entidades públicas a asumir compromisos para facilitar desde una perspectiva social el acceso a la vivienda, que es una de las políticas claves para la cohesión social”.

Pero Villoslada también puso de relieve las limitaciones del Concello en este campo, en el que las administraciones autonómica y estatal tienen las mayores competencias, por lo que les exigió un “fuerte compromiso en materia de vivienda pública”. Según explicó, los ayuntamientos necesitan que Xunta y Gobierno central “se impliquen a fondo en ser capaces de aplicar políticas de verdad de vivienda pública, porque es una de las carencias importantes en las políticas públicas de este país”. Sobre este aspecto, María García señaló que A Coruña tiene la experiencia “de que cuando el Concello es pionero, otras administraciones se suman”, ya que recordó que tras la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, y la creación de la renta social municipal, la Xunta y el Estado tomaron iniciativas semejantes.

Villoslada admitió que el problema de la ocupación de viviendas podrá ser abordado durante la elaboración del plan, pero advirtió que este fenómeno “tiene su propia dinámica” , así como una “perspectiva de seguridad”, aunque estimó que si desde el Concello se articulan medidas que faciliten el acceso a la vivienda, estas pueden contribuir a reducir el número de ocupaciones.

“Pocas cuestiones hay más importantes que el derecho a la vivienda, es un requisito mínimo para llevar una vida digna”, manifestó María García, quien recordó que el acuerdo sobre el plan de vivienda incluye 9 millones de inversión en el presupuesto de este año en políticas de vivienda pública, rehabilitación y alquiler social, aunque también medidas a medio y largo plazo, lo que justifica la necesidad de un plan “que tiene que trascender la idea de la vivienda como objeto de mercado”.

“Obviamente esta reunión es un paso hacia delante en la búsqueda de soluciones para vivienda social, por lo que es esperadísima”, comentó ayer antes del encuentro Cristina de la Puente, directora de proyectos de la asociación Poten100mos, quien destacó que la situación de alquiler “está muy difícil” para las familias con las que trabaja y que “hay que tener esperanza” en que el plan tendrá resultados reales.

“Todo lo que sea poner en contacto a la administración con las organizaciones me parece una buena iniciativa porque son las que están más en contacto con las dificultades reales de la gente”, indicó Irene Alonso, educadora de la Unidad de Tratamiento del Alcohol y Conductas Adictivas (Utaca), quien negó que existan “soluciones mágicas”, pero que destacó que “sentarse para dialogar siempre es importante”. Calificó además de “salvajes” los precios del alquiler y con unas condiciones “muy difíciles de alcanzar para mucha gente que está en situación de calle”.

“Esperamos que más allá de un plan abstracto haya un presupuesto, porque si no lo hay el plan no va a ser eficaz”, declaró Sonia García, directora del Comité Antisida de A Coruña (Casco), quien reclamó que sea un programa “diseñado para las verdaderas necesidades que hay en la calle” y que tenga “una plataforma de recursos humanos que se dediquen a esto”. También optó por no fijar objetivos muy grandes y “empezar a dar pasos, porque es muy necesario empezar a hacer algo”.

Miguel Plaza, gerente de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (Aclad), defendió “dar soluciones de continuidad ante determinados problemas. Destacó que las personas sin hogar “lo primero que tienen que tener es un lugar donde hacer un poco de vida para empezar a normalizarse”, por lo que planteó la necesidad de presupuesto y equipo humano para “trabajar mano a mano con las entidades que estamos directamente involucradas en el día a día de este tipo de colectivos”.

“Lo que más agrademos es la coordinación porque somos una entidad muy pequeñita y necesitamos saber todas las posibilidades que hay para dar salida a todas las personas que vienen a nosotros”, explicó Natalio Saludes, portavoz de la entidad BoanoiTe, quien pidió apoyo y coordinación municipal “para no hacer cosas inútiles” y estimó que hay “experiencias muy buenas de coordinación con el Ayuntamiento”.