La proximidad del fin del contrato del transporte urbano suscrito con la Compañía de Tranvías, que termina en diciembre de 2024, hace que el Gobierno local ponga ya en marcha los trabajos necesarios para redactar el pliego de condiciones que regirá el concurso que adjudicará el servicio a la empresa que lo preste a partir de esa fecha. La aplicación de la fórmula polinómica que figura en el contrato con Tranvías, mediante la que se calculan cada año las tarifas, es el objeto del estudio encargado por el Concello a la Fundación Universidade da Coruña con un coste de 6.000 euros y que el Ejecutivo municipal incluye entre los trabajos previos a la licitación del servicio.

La fórmula empleada en ese contrato, que fue suscrito en 1986 durante el primer mandato como alcalde de Francisco Vázquez, tiene en cuenta los salarios, el gasóleo y precio franco de fábrica de los autobuses, además del IPC y el beneficio de la compañía, para calcular las tarifas del servicio de cada año. Los detractores de este sistema critican que desde su aplicación nunca se produjo un descenso de los precios, mientras que Tranvías asegura que muchas concesiones de servicios están reguladas mediante fórmulas similares a la utilizada en este contrato.

El concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, defendió en el pleno municipal de enero un nuevo modelo de explotación del servicio y calificó de “obsoleto” el actual al considerar que “no responde a las necesidades actuales”. Ante la moción de Marea Atlántica que rechazaba el aumento de las tarifas del bus propuesto por la empresa, negó la vigencia de las “fórmulas de revisión de las tarifas” establecidas en el contrato a través de la fórmula polinómica.

Pero Villoslada se opuso a la propuesta de Marea de que se estudie la municipalización del transporte urbano que también defiende el BNG. “La municipalización no es la fórmula mágica”, advirtió, y en su lugar planteó una “buena fórmula contractual” que permita el control de la concesión y la mejora del mapa de líneas y la flota de autobuses.

El Gobierno local de Marea Atlántica decretó en 2019 una bajada de diez céntimos en el billete general, el bonobús general, el social y el universitario, la gratuidad de los viajes de los menores de trece años y de todos los transbordos en un plazo de 45 minutos al considerar que los beneficios obtenidos por la Compañía de Tranvías eran excesivos. Para tomar esta decisión, que acaba de ser revocada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y recurrida ante el Supremo, el Concello presidido por Xulio Ferreiro se apoyó en un informe elaborado por la Universidade da Coruña que inicialmente también debía servir para licitar el nuevo contrato.

Ese documento analizó concursos y adjudicaciones de varios ayuntamientos españoles, la relación económica entre las compañías y las administraciones, así como los márgenes de beneficios obtenidos, y propuso tres métodos para calcular las tarifas. A partir de ese estudio, la dirección municipal de Hacienda calculó los “ingresos netos que debería tener la Compañía de Tranvías para obtener un beneficio razonable ajustado a los mandatos del derecho comunitario y teniendo en cuenta la subvención municipal” y concluyó que en 2016 se produjo “un exceso de beneficio razonable” que estimó entre los 3,7 y 4,8 millones de euros.

Estos informes fueron después enviados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tras examinarlos solicitó al Concello que revisase el contrato con la Compañía de Tranvías al estimar que las tarifas no se ajustaban a la normativa europea y exigió que fuese remitido a la Comisión Europea para que analizase si la empresa había recibido “ayudas de Estado ilegales” a través de la compensación municipal que obtiene cada año por las rebajas que se aplican a los usuarios del bonobús.

Competencia apreció la existencia de “indicios en el régimen económico aplicado en estos 30 años de concesión en cuanto a una posible sobrecompensación en favor de la empresa prestadora del servicio”. Según explicó, esta situación generaría a Tranvías “unas rentas regulatorias que exceden lo que se puede considerar los costes netos más un beneficio razonable”. También señaló este organismo que el contrato “asegura la ausencia de pérdidas” y no prevé que la revisión de las tarifas “pueda ser a la baja”.

Entre los documentos enviados por el Concello a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia figuró uno de la propia Compañía de Tranvías en el que se defendía la legalidad del convenio de 1986, así como que la “irretroactividad de la legislación y la seguridad jurídica no permiten realizar modificaciones sobre lo acordado”. La empresa declaró tras conocer la resolución que ha habido “numerosos casos en los que instancias judiciales han invalidado resoluciones” de ese organismo.

La bajada de tarifas que se sustentó en este dictamen fue respaldada inicialmente por un juzgado coruñés y posteriormente anulada por el Superior de Galicia, aunque será finalmente el Supremo el que determine de forma definitiva si se ajusta a la legalidad. La espera por esa sentencia justifica para el Gobierno local la negativa a la propuesta de subida de tarifas presentada para este año por Tranvías de 22 céntimos para el billete ordinario.

El Ejecutivo municipal de Marea Atlántica había planteado anteriormente que el contrato del servicio de transporte que prestaba Tranvías debería concluir en diciembre de 2016 y no en 2024. Para ello tomó como referencia un reglamento europeo de 2007 sobre transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, según el cual interpretó que, al haber sido adjudicado el servicio sin un concurso público, el contrato debería tener una duración máxima de 30 años que se cumpliría al final de 2016.

La lógica discrepancia de Tranvías hizo que este asunto acabara en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en marzo de 2020, ya con el PSOE al frente del Gobierno local, sentenció que los 30 años deben contabilizarse a partir de 2007, año en el que entró en vigor el reglamento que utilizó Marea como argumento para plantear el fin del contrato. Esa medida no llegó a aplicarse porque el Gobierno local aprobó una prórroga del servicio de dos años a Tranvías, a la espera de que el tribunal europeo se pronunciase.