El Concello ha desistido de buscar una solución al conflicto urbanístico del edificio del número 13 de la avenida de San Roque de Fóra, construido irregularmente, que no suponga su demolición total. Dos semanas después de que el juzgado de lo Contencioso-administrativo desestimase la posibilidad de que el derribo al que está obligado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2008 fuese parcial, como planteaba el Gobierno local, el Ayuntamiento asume la demolición en su integridad.

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, apuntaba a finales de enero que los servicios jurídicos municipales analizaban “las últimas posibilidades” de evitar el derribo total del edificio mediante una propuesta que seguía apostando por la eliminación parcial de los elementos construidos de forma ilegal. Pero el Ayuntamiento acaba de remitir al juez la respuesta en la que comunica la tramitación que ha iniciado para ejecutar las obras de demolición y la modificación presupuestaria para poder financiarlas. Fuentes municipales confirman que el derribo del inmueble de San Roque de Fóra será total; solo quedarán en pie los sótanos, que se comparten con el resto de las edificaciones de la manzana.

El Concello se ajustaba a la sentencia del Superior, basada en que el inmueble solo podía ocupar el 70% de la parcela sobre la que se asienta, cuando la ocupa en su totalidad, para proponer en su planteamiento de demolición parcial que se derribase todo lo construido por encima del nivel de la calle; de esta forma solo se conservarían los sótanos, donde están los trasteros y las plazas de garaje compartidas, ya que esta parte del conjunto cumple la legalidad urbanística. El juzgado reclamó hace unos días al Concello que detallase las gestiones realizadas para contratar las obras y la disposición de fondos para costearlas.

La respuesta municipal enviada al juez hace referencia a la actualización de precios de mercado a la que tendrá que adaptarse el servicio de Edificación para licitar las obras de demolición. Su coste en 2019, fecha en la que se firmó el proyecto inicial de derribo, era de unos 500.000 euros. La administración local asegura que hay crédito suficiente en el presupuesto actual —prorrogado de 2020— para comenzar el proceso de licitación de los trabajos que darán cumplimiento a la sentencia y supondrán la demolición del edificio.

La desaparición del bloque del número 13 de San Roque de Fóra traerá consigo probablemente reclamaciones patrimoniales por parte de los propietarios afectados, a las que tendría que hacer frente el Ayuntamiento. Los vecinos no solo tendrán que abandonar sus hogares y buscar nuevos domicilios, sino que al terminar la demolición no podrán regresar al lugar en el que vivieron, puesto que no está prevista la reconstrucción del inmueble. Esta situación hace prever que, debido al derribo, los damnificados solicitarán indemnizaciones a la administración municipal.

El conflicto urbanístico que afecta a este edificio comenzó el mismo año en el que se empezó a construir, 2002, ya que la dueña de una de las viviendas presentó una denuncia en la que ponía de manifiesto que la fachada no se ajusta a lo previsto en el plan general de 1998, en vigor en aquel momento. La demanda siguió su recorrido en el Tribunal Superior de Galicia, que en 2005 decidió anular la licencia que había concedido el Concello bajo el mandato del socialista Francisco Vázquez, al entender que la fachada tenía un vuelo excesivo. La sentencia incluyó un requerimiento a la promotora para que elaborase un proyecto de reforma del deficio que permitiese adaptarlo a la legalidad urbanística.

Aún hubo una resolución más sobre el caso, ya que en 2008 el Superior emitió otro fallo en el que anulaba por completo la licencia y obligaba a que se demoliese el edificio. Los recursos presentados por los propietarios para evitar el cumplimiento de esa orden fueron desestimados por el mismo tribunal en 2013, aunque hubo que esperar a 2017 para el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 reclamase el cumplimiento de la sentencia.