Inés Rey: “No encontramos ninguna vía distinta a licitar la demolición del edificio de San Roque”

“En este momento, con la sentencia que obliga a demoler, no encontramos ninguna vía que no sea licitar ese proyecto de demolición y proceder al cumplimiento estricto de la legalidad”, declaró hoy Inés Rey acerca de este conflicto, surgido por la construcción del inmueble con un volumen superior al autorizado por la normativa urbanística. La licencia, concedida en 2002 por el Gobierno local presidido por Francisco Vázquez, fue anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2008.

La alcaldesa señaló que “si existiera algún medio, alguna vía legal para poder legalizarlo, para mantenerlo” el Gobierno local la seguiría, ya que aseguró que “explora todas las vías que puedan existir, tratando además de causar el menor perjuicio posible y cumplir la Ley”. Rey puso de relieve además que existe una sentencia que establece que el edificio debe ser derribado, por lo que advirtió: “No nos podemos sustraer de esa obligación legal”.

“No podemos declararnos rebeldes en el cumplimiento de la sentencia”, continuó la alcaldesa, a lo que añadió que la actitud del Gobierno local hacia este asunto es “cumplir los pronunciamientos judiciales, como no puede ser de otra manera y como hacen todas las administraciones y los ciudadanos”.

El abogado de una parte de los propietarios del inmueble, Francisco Mateos, declaró el martes a este periódico que si el Concello opta por la demolición del edificio, los afectados “están desamparados y lo máximo a lo que pueden aspirar es a indemnizaciones”, pero Rey comentó hoy sobre esta cuestión que “si existiera alguna vía y el juzgado la aceptara”, los responsables municipales serían “los primeros interesados” en utilizar esa fórmula para “mantener los derechos adquiridos” de los dueños de las viviendas y locales.

La repercusión que tendrá la demolición, si finalmente se lleva a cabo, en las arcas municipales por las compensaciones que solicitarán los perjudicados todavía no está cuantificada, según informó ayer la alcaldesa, quien indicó que el Concello está estudiando las consecuencias económicas que supondrá el cumplimiento de la sentencia.

La primera de ellas será asumir el coste de las obra de derribo del inmueble, que según el proyecto elaborado en 2019 es de 500.000 euros, aunque el Gobierno local ya comunicó al juzgado que ese presupuesto debe ser actualizado antes de la licitación de los trabajos. También le informó de que el Concello dispone de fondos suficientes en el presupuesto para afrontar esas obras, aunque para hacer uso de ellos primero deberá aprobar una modificación de las cuentas.

Los propietarios insisten en que existe la posibilidad de cumplir la sentencia salvando el inmueble, del que dicen que “es legalizable sin tener que tomar una decisión tan traumática”, según explicó su abogado a este periódico, ya que admiten que los vuelos de la fachada sobrepasan lo autorizado pero niegan que se haya ocupado la totalidad de la parcela original, como asegura el Concello. y prohíbe la normativa urbanística. Francisco Mateos manifestó que existe un error al computar la edificabilidad en relación con el terreno, ya que considera que no se tuvo en cuenta que el inmueble cuenta también con un patio interior que comparte con el resto de los edificios de la manzana.

A pesar de estas actuaciones de la jueza, los propietarios no se dan por vencidos. “Vamos a discutir cualquier solución que entrañe una demolición absoluta porque entendemos que no es necesaria”, declaró Francisco Mateos, quien reclama exponer su visión del problema a los responsables municipales, así como a la jueza, a la que también propuso seguir la vía de la mediación para resolverlo.

La regidora asegura que se exploran "todas las vías que puedan existir"

Tras la sentencia de 2008 que decretaba el derribo total del edificio de San Roque de Fóra, los sucesivos gobiernos locales trataron de impedir la ejecución del fallo con iniciativas judiciales. La última de ellas fue una solicitud al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, encargado de hacer cumplir el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para que dictaminase si era posible deribar solo el exceso de edificabilidad del inmueble en lugar de su totalidad. Pero el juzgado contestó el pasado mes de enero que el auto que dictó en julio de 2018 descartó ya esa posibilidad, a lo que añadió que también se opone a legalizar el edificio con un derribo parcial, en consonancia con anteriores resoluciones sobre este caso, de forma que únicamente podrán quedar en pie los sótanos, en los que se ubican los garajes y los trasteros, porque son compartidos con el resto de edificios de la manzana.

A este auto, la jueza sumó ese mismo día una providencia que reclamaba al Concello información sobre “los trámites efectuados para la contratación de la ejecución de las obras de demolición”. Esos datos debían ser facilitados en el plazo de diez días y deberían ir acompañados por los de la “modificación presupuestaria necesaria para la financiación de estos trabajos” y el del coste de su realización.

Tras la sentencia de 2008 que decretaba el derribo total del edificio de San Roque de Fóra, los sucesivos gobiernos locales trataron de impedir la ejecución del fallo con iniciativas judiciales. La última de ellas fue una solicitud al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, encargado de hacer cumplir el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para que dictaminase si era posible derribar solo el exceso de edificabilidad del inmueble en lugar de su totalidad.

Pero el juzgado contestó el pasado mes de enero que el auto que dictó en julio de 2018 descartó ya esa posibilidad, a lo que añadió que también se opone a legalizar el edificio con un derribo parcial, en consonancia con anteriores resoluciones sobre este caso, de forma que únicamente podrán quedar en pie los sótanos, en los que se ubican los garajes y los trasteros, porque son compartidos con el resto de edificios de la manzana. A este auto, la jueza sumó ese mismo día una providencia que reclamaba al Concello información sobre “los trámites efectuados para la contratación de la ejecución de las obras de demolición”. Esos datos debían ser facilitados en el plazo de diez días y deberían ir acompañados por los de la “modificación presupuestaria necesaria para la financiación de estos trabajos” y el del coste de su realización.