“Vamos a discutir cualquier solución que entrañe una demolición absoluta porque entendemos que no es necesaria”, manifestó ayer Francisco Mateos, abogado de algunos de los propietarios del edificio número 13 de la avenida de San Roque de Fóra que el Concello derribará en cumplimiento de una sentencia judicial, según avanzó ayer este periódico. Para este letrado, el inmueble “es legalizable sin tener que tomar una decisión tan traumática”, por lo que intentará analizar este asunto con los responsables municipales, ya que la única información de la que dispone es la que el Concello proporciona al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, encargado de hacer ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2008.
El pasado 20 de enero, el juzgado dictó un auto en el que contestó a una petición del Concello sobre la posibilidad de derribar tan solo el exceso de edificación que motivó la ilegalización del inmueble. En esa resolución se negaba que fuera admisible una demolición parcial y se determinó que tan solo podrán conservarse los sótanos del inmueble porque son compartidos con el resto de edificios de la manzana.
Ese mismo día, el juzgado también emitió una providencia que ordenaba al Concello que le proporcionase en el plazo de diez días información sobre “los trámites efectuados para la contratación de la ejecución de las obras de demolición”, además de sobre la tramitación de “modificación presupuestaria necesaria para la financiación de estos trabajos”. El documentado mencionaba también la exigencia de que se detallase el coste de las obras.
La jueza destacó en su auto además que “no es cierta” la afirmación del Concello de que no se resolvió la solicitud de un incidente de ejecución de la sentencia que ordenó la demolición y que debía determinar el alcance de esa actuación. Para ello le recordó su auto de julio de 2018, que desestimó la posibilidad de seguir esa vía. La resolución del pasado 20 de enero también rechazó, a pesar de lo que ahora defienden los propietarios del edificio, la opción de legalizarlo mediante su derribo parcial y para ello aludió a los dictámenes emitidos en los últimos años.
El abogado de los afectados niega que el edificio ocupe toda la parcela
Francisco Mateos destacó ayer la dificultad que supone para los afectados mantener la relación con el Concello a lo largo del tiempo transcurrido desde el inicio de este conflicto, ya que tan solo desde la sentencia de 2008 se han producido varios cambios en la Corporación. Según comentó, los propietarios “quieren saber qué es lo que propone el Ayuntamiento y qué solución da, porque estamos hablando de domicilios”.
Mateos aseguró que el juzgado “ha dicho en varias ocasiones que o se demuele todo el edificio o se regulariza con la licencia” y añadió que si no opta por la segunda fórmula “los propietarios están desamparados y lo máximo a lo que pueden aspirar es a indemnizaciones”. También destacó que el Concello planteaba hasta hace poco dos opciones de demolición, una parcial que afectaría al 30% de lo construido y otra total, por lo que expresó su sorpresa de que ahora admita que solo cabe la segunda posibilidad.
Aunque el Gobierno local informó ayer a este diario que existe un proyecto de demolición elaborado en 2019 y que su coste era de 500.000 euros, por lo que ahora debe ser actualizado, Mateos advirtió que los perjudicados no han visto ningún proyecto todavía, por lo que solicitarán que se les informe sobre esta cuestión.
Sobre las irregularidades del edificio que motivaron la sentencia que ordena su derribo, el abogado la limitó al exceso de vuelos, ya que aseguró que la ocupación de toda la parcela no figura en el sentencia y solo fue mencionada por el Concello “muy posteriormente”. Mateos señaló que para hacer ese cálculo “se toma la referencia de la parcela equivocadamente, ya que el patio de manzana es compartido entre todos los edificios que la forman” y no se ha computado como parte de la parcela, por lo que reclama poder discutir este asunto en el juzgado.
Los propietarios de los locales y viviendas tampoco han recibido por el momento contestación de ese órgano judicial sobre el recurso que presentaron para que se admita la posibilidad de una mediación en este caso, tal como se hizo con la antigua sede de Fenosa, ya que la primera solicitud planteada sobre esta cuestión fue rechazada.
Para Francisco Mateos, es “muy difícil” cuantificar las indemnizaciones que podrían solicitar los propietarios de las viviendas porque son muy diferentes entre ellas. Algunas de ellas fueron adquiridas por más de 300.000 euros cuando se construyó el inmueble, mientras que otras tienen un precio menor y un tercer grupo fueron permutadas por el terreno sobre el que se levanta el edificio con sus antiguos dueños.
También puso de relieve el abogado la complejidad que tendrá el derribo de esta construcción si finalmente se lleva a cabo, ya que comparte el sótano con otros edificios y habrá que evitar dañarlos, razón por la que expresó su extrañeza acerca de que el Ayuntamiento “no quiera resolver esto de una manera más lógica”.
El Gobierno local respondió ya al juzgado sobre su exigencia de información acerca del proyecto de demolición y le comunicó que habrá que adaptar el presupuesto a los precios actuales del mercado, ya que el documento fue elaborado en 2019. En aquel momento se estimó que el coste de esta actuación sería de 500.000 euros, que seguramente se verá incrementado debido al alza experimentada por los materiales y servicios en el sector de la construcción. Sobre la disponibilidad de fondos para acometer los trabajos, también requerida por el juzgado, se contestó que el presupuesto municipal, prorrogado del año anterior, cuenta con recursos suficientes para financiarlos.
El impacto del derribo de la antigua sede de Fenosa se calculó en 60 millones de euros
El conflicto judicial del edificio que sirvió en el pasado de sede a Fenosa en la calle Fernando Macías, sobre el que también existía una orden de derribo, es el precedente más cercano sobre las consecuencias económicas que tendría para el Concello hacer frente a una operación de ese tipo. En aquel caso se estimó que entre las obras de demolición y el pago de las indemnizaciones a las que tendrían derecho los afectados, las arcas municipales tendrían que aportar 60 millones de euros, lo que habría hipotecado las inversiones del Concello durante varios años.
El acuerdo logrado entre las partes a través de una mediación evitó ese coste, pero no impidió que hubiese que abonar compensaciones. Una de ellas, de 2,9 millones, al arquitecto que denunció la ilegalidad del edificio y pleiteó durante 21 años sobre esta cuestión. También hubo que asumir el compromiso de construir un edificio de viviendas de promoción pública en Xuxán, cuyo presupuesto es de 8 millones, además del pago de indemnizaciones a los propietarios de las viviendas y locales comerciales por los daños morales causados durante este largo proceso.
El Concello abonó finalmente 888.000 euros a 94 de los 96 propietarios que las solicitaron, con un reparto de 12.000 euros para aquellos que son dueño de una vivienda habitual o un local comercial y de 9.000 si no tenía esas condiciones. En el caso del edificio de San Roque de Fóra, el número de viviendas y locales no llega a la veintena, por lo que las compensaciones que pudieran reclamarse no tendrían un impacto tan grande, a lo que se une que su precio de mercado es inferior a las de la sede de Fenosa.
