Los tres policías filipinos acusados de asesinato por la muerte del joven coruñés Diego Bello el 8 de enero de 2020 han dejado pasar el plazo para presentar contraalegaciones al último informe emitido por el NBI, un órgano del país asiático que ha realizado la investigación del caso. De acuerdo con uno de los abogados de la familia de Bello en España, Guillermo Mosquera, esta renuncia a defenderse no interrumpirá el proceso legal, y pone fin a su intervención en la instrucción del caso. Ahora, el fiscal debe decidir si los lleva a juicio, una resolución que se espera que llegue “pronto”, y el juez aceptarlo.

De acuerdo con Mosquera, alguno, o varios, de los acusados realizaron un escrito en el que decían que querían cambiar de abogado, pero este movimiento no dilató los plazos ya que no se llegó a formalizar y no figura en los autos. “Ni lo vi yo, ni lo vio el cónsul”, resume Mosquera, que señala que la renuncia de los policías a presentar alegaciones no les ayudará a retrasar enfrentarse a un tribunal. “Ya está para dictarse la resolución de apertura de juicio”, confía.

El plazo de los policías para presentar alegaciones ya acabó el 29 de diciembre, por lo que la decisión de la Fiscalía sobre si los policías serán juzgados tarda para la familia. El tío de Diego Bello, Francisco Lafuente, señala que ha habido varios condicionantes que ayudan a explicar la demora: “está el COVID, hubo tifones en la isla de Siargao [donde se produjo la muerte] y ha empezado la campaña electoral” para las elecciones al Congreso y Senado filipino, además de para elegir al presidente y el vicepresidente. Serán el 9 de mayo.

Y la temperatura política del país asiático influye en el caso de Diego Bello. El coruñés, que tenía 32 años cuando falleció y poseía varios negocios en Filipinas, fue abatido por policías en una supuesta operación antidroga en el marco de violenta una campaña contra los estupefacientes promovida por el actual presidente, Rodrigo Duterte, y en la que las organizaciones humanitarias denuncian miles de muertes extrajudiciales; en concreto, se cree que se han ocultado ejecuciones por motivos espúreos dentro de falsas operaciones contra el narcotráfico.

Esa es la versión sobre el homicidio de la familia de Bello, que desde el primer momento defendió que el coruñés no tenía relación con las drogas. Estas tesis han sido respaldadas por los informes forenses de la Comisión de Derechos Humanos y por el NBI, que señalan que no hay pruebas de vinculación de Bello con el narcotráfico más allá de las que presentaron los policías acusados de su homicidio.

El NBI, que acusa a los agentes de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio, considera que crearon un montaje para fingir que el joven disparó contra los policías en primer lugar, mientras que las pruebas forenses indican que lo acribillaron sin que este los atacase y que lo remataron a sangre fría cuando ya estaba herido y en el suelo. Pese a este informe, el policía Vicente Panuelos, responsable de la operación cuando era capitán, fue ascendido a mayor en diciembre.