La solución a las dificultades financieras de la Autoridad Portuaria de A Coruña pasa a corto plazo para el Gobierno central fundamentalmente por la venta de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, aunque también se defiende el aumento de la instalación de empresas en el puerto y de la actividad de la dársena exterior. Así contestó el Ejecutivo a la pregunta efectuada por el diputado coruñés en el Congreso Antón Gómez-Reino, del grupo de Unidas Podemos-Galicia en Común, en relación con la posibilidad de que una de las alternativas al pago de la deuda del organismo portuario sea la condonación del préstamo de 200 millones de euros contraído con Puertos del Estado.

La respuesta a Gómez-Reino recuerda que además del préstamo de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria tiene que hacer frente al pago de las amortizaciones de otro de 100 millones suscrito con el Banco Europeo de Inversiones, por lo que califica de “importante” la deuda que soporta esta institución a causa de las obras del puerto exterior. Para resolver este problema, el Gobierno indica que tanto la Autoridad Portuaria como Puertos del Estado buscan fórmulas que garanticen el equilibrio económico del primero de esos organismos, entre las cuales incluye la “generación de recursos a través de la venta de los terrenos portuarios de Batería y Calvo Sotelo”.

También se mencionan como vías para conseguir ese objetivo el “impulso de la actividad concesional”, que consistiría en la implantación de nuevas compañías en terrenos portuarios, así como la “búsqueda de nuevas oportunidades en el puerto exterior”, en referencia a los proyectos que existen para el desarrollo de actividades innovadoras en punta Langosteira.

La contestación al diputado coruñés ni siquiera cita expresamente la condonación de la deuda como una posibilidad para resolver el problema financiero del Puerto, a la que Gómez-Reino se refería como una de las opciones existentes, ya que tan solo alude a otra de las mencionadas en la pregunta, la “renegociación de las condiciones de devolución del préstamo otorgado por Puertos del Estado”, sobre la que dice que “se está avanzando en un grupo de trabajo formado por representantes de la Xunta de Galicia, Adif, la Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Puertos del Estado”.

Según detalla el Gobierno, entre esas administraciones se diseña un “protocolo y posterior convenio para la creación de un ente público que gestione esos terrenos y genere los recursos económicos necesarios para la Autoridad Portuaria”. La respuesta añade que el Concello, la Xunta y el Puerto “han manifestado públicamente que han llegado a un acuerdo respecto a su participación en dicho ente”.

Pero la contestación no hace referencia a la posición de la administración central sobre este asunto, requerida en la pregunta parlamentaria, cuando el organismo público que se pretende crear es el que debería financiar las transformaciones urbanísticas que se efectúen en los muelles, que requerirán importantes inversiones.

Tampoco responde el Gobierno a la pregunta efectuada por Gómez-Reino sobre si existe intención de adoptar alguna medida para garantizar que los terrenos portuarios que se liberen conserven su carácter público, una cuestión que apoyan Concello, Xunta y Autoridad Portuaria, al menos para la Batería y Calvo Sotelo, ya que estas tres administraciones evitan pronunciarse por el momento sobre el futuro de San Diego y el muelle petrolero con el argumento de que las concesiones existentes en ambos muelles caducan en el año 2027.

Gómez-Reino destacaba que tras los convenios de 2004 que establecieron la venta de los muelles interiores de A Coruña para la financiación de las obras del puerto exterior la “movilización ciudadana” y el rechazo a la privatización de esos terrenos por parte de colectivos políticos y sociales pusieron sobre la mesa la necesidad de que “sirvan para resolver problemas urbanos endémicos”, entre los que menciona los “déficits de movilidad sostenible o la carencia de espacios libres y zonas verdes”, a lo que suma la posibilidad de que pueda aprovecharse “su potencialidad para el desarrollo de la actividad económica en el espacio portuario”.

Fondos

El enrocamiento del Gobierno central en su postura sobre los muelles coincide con la negativa del Ejecutivo municipal a incluir en el presupuesto de este año —aún en fase de negociación con el grupo de Marea Atlántica— de fondos para la adquisición de los terrenos portuarios. En el pleno del pasado 13 de enero, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, informó a la Corporación de que en las cuentas de 2022 no habrá una partida de 15 millones que permita al Concello hacerse con la propiedad del 75% de la Batería y Calvo Sotelo.

Villoslada hizo público este anuncio en el debate de una moción del BNG que proponía destinar esos recursos del Concello a inversiones en los barrios en lugar de a la adquisición de terrenos portuarios. La razón de que el Gobierno local tomase esa decisión es, según explicó el concejal, que el protocolo que debe regular la operación de compra todavía no ha sido cerrado en las conversaciones que mantienen el Concello, la Xunta y la Autoridad Portuaria. También se refirió al ente público para la gestión de los muelles, sobre el que dijo que la administración municipal trabaja sobre su diseño con el planteamiento de que esta institución tenga “el mayor peso posible” en ese organismo.

Un “agente urbanizador” para el suelo portuario

El primer paso para la creación de un ente público para la gestión de los muelles que pierdan su actividad portuario se dio ahora hace un año por parte de la Autoridad Portuaria, cuyo presidente, Martín Fernández Prado, expresó su deseo de que se convierta en un “agente urbanizador” de los terrenos para su integración en el conjunto de la ciudad.

También manifestó entonces que el Puerto será la institución “coordinadora” de ese ente, al que además de las funciones urbanísticas le atribuyó las de “dar garantías al Puerto en sus aspectos financieros”, aspecto que se refiere a la necesidad de ingresos que tiene ese organismo para hacer frente a su elevada deuda y que justifica, en su opinión, la venta de los muelles. La Autoridad Portuaria creo en su consejo de administración una delegación especial para definir el proceso que se seguirá sobre la entidad, que está formado por representantes políticos y técnicos de Puertos del Estado, Concello, Xunta y el propio Puerto.

Marea Atlántica fue, durante el pasado mandato municipal, la primera fuerza política que defendió la creación de un organismo público para abordar la transformación de los espacios portuarios, aunque su propuesta para el mismo era la de un consorcio. El PSOE también respalda ahora desde el Gobierno local la puesta en marcha de lo que denomina como “ente público de gestión”.