El proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobado en noviembre por el Consejo de Ministros, pretende adaptar la legislación a la realidad del mercado actual, al que en los últimos años se han incorporado nuevos agentes y servicios audiovisuales, una gran parte impulsados por las tecnologías digitales. Las emisoras de radio comunitarias quieren que desde su ámbito de actuación más reducido, y teniendo en cuenta que no persiguen intereses lucrativos, la nueva ley les proporcione estabilidad económica para sobrevivir y una seguridad jurídica que les permita emitir con licencia y sin obstáculos. El representante del sector que la semana pasada participó en unas jornadas informativas en el Congreso para expresar su punto de vista sobre la ley y formular reclamaciones fue Mariano Fernández, uno de los fundadores de Cuac FM, la radio comunitaria de A Coruña que el próximo marzo cumplirá 26 años.

“La ley anterior, de 2010, recogía en una disposición transitoria que un año después de su aplicación a las radios comunitarias, reconocidas como derecho de la ciudadanía, se les daría licencia para emitir, y eso no pasó. Por eso tuvimos el conflicto con la Xunta que nos obligó a parar aunque después lo ganamos en los juzgados. La nueva ley no refleja tan claramente que seamos un derecho ciudadano, pese a que tiene mejoras jurídicas. Pero queremos una seguridad que suponga que podamos emitir, que no se nos diga que se nos va a dar algo y luego no ocurra”, explica Fernández, que desde hace casi cuatro años es también secretario y coordinador de legislación de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), integrada por unas 150 emisoras libres y comunitarias de todo el país.

Cuac FM ganó en 2019 el juicio a la Xunta cuando la Secretaría Xeral de Medios le prohibió emitir en frecuencia modulada por carecer de licencia; el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la resolución autonómica y el Supremo tumbó después el recurso. Pero desde entonces la emisora coruñesa ofrece su programación con la “garantía temporal de emisión” que le otorgó la sentencia del Superior, que más que una licencia es como un permiso provisional hasta que la situación se resuelva, si cabe a través de la nueva Ley de Comunicación Audiovisual.

“Si un medio quiere ganar dinero puede recibir su licencia, pero si no quiere, si ese no es su fin, entonces no se le da. El proyecto de ley parte de una arbitrariedad que nos perjudica. Nosotros no ingresamos por publicidad, y no podemos hacer campañas institucionales o desarrollar iniciativas benéficas. No podemos seguir alimentándonos de la atmósfera”, añade Fernández.

Medios como Cuac FM, admite su cofundador, se han debilitado en los últimos años, en parte a consecuencia de la pandemia del COVID, que impidió emitir a algunos de ellos y tuvieron que desconectar los micrófonos. Por ello defiende que la nueva norma les garantice fondos para continuar su actividad. “La ley nos dice cómo no debemos financiarnos, pero no indica cómo debemos hacerlo”, se queja. “Sin medios seguiremos languideciendo hasta que quedemos unos pocos, las radios más fuertes”.

Fernández anhela que las emisoras comunitarias gocen en España del reconocimiento que afirma se les da en otros países europeos. “En Europa se las financia por el valor social que representan, y la Unesco y el Parlamento Europeo las recomiendan como medios útiles de impacto cualitativo grande en comunidades y apuestan por estimular su proliferación. La Generalitat catalana hizo un estudio en el que considera estas radios como solución contra las intrusiones de radios piratas, que hacen competencia a las que sí pagan sus licencias”, comenta.