La empresa estatal propietaria de la antigua cárcel provincial de Monte Alto contratará “de forma inminente” a un servicio de vigilancia para impedir la entrada al edificio, y tapiará la puerta de entrada, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Pero el Estado no contempla, al menos “de momento” realizar obras para rehabilitar el edificio, en avanzado estado de deterioro y con el exterior invadido por la maleza.
De acuerdo con fuentes municipales, el Concello pidió recientemente que la empresa gestora, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), tapiase las instalaciones y “tomase medidas para que no entre nadie” . La Subdelegación del Gobierno afirma que hubo vigilantes en el pasado, pero no ha podido aclarar a este diario si tuvieron actividad a partir de febrero de 2019, cuando el Siepse recuperó la gestión. Al menos en los últimos meses, el edificio estuvo desprotegido.
Según señala el Ayuntamiento, en las instalaciones hubo “puntualmente” ocupantes. El verano pasado los bomberos acudieron en dos ocasiones para apagar fuegos que empezaron en colchones abandonados, que fuentes municipales vincularon con reuniones de adolescentes dentro del inmueble abandonado. Aunque la Policía Local no tiene constancia de incidentes graves, indica el Concello, es preciso cerrar el edificio para “evitar problemas mayores”.
La vieja cárcel, que se vació en 2009, no cuenta con un plan concreto de recuperación, y los proyectos para que pasase a propiedad municipal nunca han fructificado. En 2005 el Ayuntamiento, gobernado en aquel entonces por los socialistas y con Francisco Vázquez como alcalde, firmó un convenio con Interior para obtener el edificio y la parcela en la que está situado a cambio de 1,2 millones y una finca de 9.000 metros cuadrados.
Tras el cambio de Gobierno local, el PP pretendió que el edificio se entregase al Concello gratis. Se basaba en que los terrenos, originalmente, fueron de propiedad municipal, y se cedieron en 1925 con la condición de que tendrían que volver al Ayuntamiento si dejaban de emplearse para albergar a una cárcel. El Consello Consultivo avaló esta interpretación, y, tras las elecciones locales de 2015, Marea Atlántica también siguió esta línea.
Pero, tras una disputa judicial que se prolongó años, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló en 2020, ya con la alcaldesa Inés Rey en María Pita, que el Concello debía abonar 1,2 millones si quería conseguir la propiedad.
Desde entonces, el actual Gobierno local afirma que trabaja para conseguir la reversión de los terrenos, pero sin resultados visibles. En enero del año pasado afirmó que se estaban realizando contactos a través del secretario de Estado de Memoria Histórica, para conseguir la reversión. Según el Concello, para lograr la entrega primero sería necesario elaborar un plan director para las instalaciones, en las que se pidiese declararlas Bien de Interés Cultural (BIC). Ese mismo mes el Ayuntamiento contrató, por unos 18.000 euros, un servicio de asesoría para realizar “un proyecto de contenido cultural para la recuperación de la antigua prisión”, que se publicó en mayo.
Pero hasta ahora no se ha dado a conocer el plan director. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, afirmó en el pleno municipal de este mes que la solución “no es fácil” y que el Concello busca “salidas”. Fuentes municipales señalaron ayer a este diario que se trata de hallar la “mejor fórmula”, pero sin aclarar si esta contemplará el pago de 1,2 millones o buscará otra vía.
Unos 30 millones de inversión
Pero la suma a pagar al Siepse no es el principal gasto que habría que asumir antes de recuperar el edificio para la ciudadanía. Entre 2017 y 2019 la gestión del edificio se cedió temporalmente al Concello, aunque la empresa estatal mantenía la propiedad, y cada administración aportó 150.000 euros para mejoras.
El entonces concejal de Urbanismo, Xiao Varela, señaló que era insuficiente: se habilitaron algunas estancias y se mejoró el acceso, pero el Concello calculaba que la reparación de las cubiertas costaría trece millones. Y el actual Gobierno local estima el gasto necesario para rehabilitar en unos 30 millones.
La experiencia de gestión municipal, que se acordó inicialmente por dos años pero que habría podido prorrogarse, tampoco prosperó. Aunque se había firmado en enero de 2017 no se realizaran actividades hasta agosto de 2018. Entonces, una parte de las instalaciones, de unos 100 metros cuadrados, abrió bajo la gestión de por el colectivo Proxecto Cárcere, y en ella se realizaron algunas iniciativas culturales y vecinales.
Pero en diciembre Proxecto Cárcere anunció un cierre temporal que se convirtió en definitivo, después de que el Concello no le autorizase a realizar actividades por “falta de documentación” acerca de las mismas y un incumplimiento de normas advertido por la Xunta. El departamento de Patrimonio del Gobierno gallego también negó al Concello una solicitud para instalar una rampa en la entrada de la prisión; Proxecto Cárcere situó una por su cuenta para que los visitantes pudiesen entrar sin riesgos.
Proxecto Cárcere acusó al Ayuntamiento de no haber sido claro en los requisitos solicitados para organizar los actos, y le reprochó al Gobierno gallego que en los años previos se desentendiese del inmueble, pero posteriormente dificultase su recuperación.
