Las dificultades que atraviesa la constructora coruñesa Arias Infraestructuras, tradicionalmente la mayor contratista gallega de obra pública, hacen que se encuentre en concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad que padece para hacer frente a sus créditos bancarios, que suponen la mayor parte de los 10,2 millones de deuda que soporta en la actualidad.
Otra medida adoptada por la compañía es la aplicación desde el mes pasado de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para el 80% de la plantilla, formada en la actualidad por 98 personas, según el comité de empresa, que detalla que en las últimas semanas han abandonado de forma voluntaria la constructora varios trabajadores. Fuentes del comité de empresa explican que los empleados, la mayoría de los cuales tienen una notable antigüedad, se encuentra “fatal”, ya que se les adeuda la nómina de febrero.
Los primeros efectos de la crisis de la constructora se apreciaron con la paralización en las últimas semanas de varias de las obras que le había adjudicado el Ayuntamiento de A Coruña, como las de la calle Aguillón, en el barrio de San Pedro de Visma; la calle San Leopoldo, en el Agra do Orzán; y las del último tramo de la avenida de Oza, en Casablanca, que se suman a la del campo de fútbol de Eirís, que también permanece paralizada, razón por la cual el Concello impuso a la empresa una sanción de 44.500 euros.
La empresa es además la responsable del mantenimiento y reparación de las aceras y áreas peatonales de la mitad sur del municipio, contrato con un importe de dos millones de euros al año, que también se ve afectado por estos mismos problemas. El Gobierno local informó a este periódico que busca una solución a corto plazo para que esas obras vuelvan a ponerse en marcha cuanto antes.
Los representantes laborales señalan que se trata de una compañía “puntera y muy cualificada” y atribuyen la situación actual a problemas de gestión, ya que existe oferta de obra en el sector de la construcción. “Todavía no sabemos cuáles son sus planes”, señalan fuentes del comité sobre los proyectos de la dirección.
Las cuentas de Arias de 2020 se cerraron con unas pérdidas de un millón de euros, frente a los 897.000 euros del año anterior, mientras que la cifra de negocio alcanzó los 18,2 millones, por debajo de los 20,9 millones de 2019 y muy lejos de los 48,3 millones que se lograron en el año 2016.
La compañía sufrió en 2017 importantes problemas económicos a causa de una obra que llevó a cabo en Bolivia y que la obligó a efectuar una reestructuración financiera. El inicio de la pandemia en 2020 generó nuevas dificultades, según refirió en el informe que presentó al cierre del año, en el que detalló que a causa de la ampliación del plazo de ejecución de las obras “no se han podido minorar los trabajos subcontratados y, sin embargo, el coste de nóminas prácticamente se ha mantenido constante”.
Pese a esta situación, Arias “decidió mantener un alto compromiso social” y redujo “al mínimo” la regulación temporal de empleo, aunque esto hizo que el peso de los gastos de personal en relación con la cifra de negocios subiera del 24% de 2019 al 27,4% en 2020, lo que trató de compensar rebajando los servicios contratados a otras empresas en 854.935 euros.
Arias Infraestructuras es la heredera de la antigua Arias Hermanos Construcciones, fundada en 1955 por la familia Arias Díaz-Eimil, que la vendió al grupo Abeirar, presidido por Ildefonso Rodríguez. En 2018 hubo un nuevo cambio de propietarios, ya que Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi, exdirectivos de Isolux Corsan, se hicieron con las riendas de la constructora.
Obras en la ciudad
La sanción de 44.506 euros impuesta por el Gobierno local a Arias Infraestructuras el pasado día 3 supone el 5% del importe del contrato para la ampliación del campo de fútbol de Eirís y la construcción de sus vestuarios, que fue adjudicado en octubre de 2020 y cuyas obras se encuentran paralizadas. El Ejecutivo municipal considera que se produjo una “infracción grave” motivada por el incumplimiento del contrato, ya que exigió a la constructora en dos ocasiones el año pasado que reiniciase los trabajos, aunque no obtuvo éxito, ya que la propia compañía llegó a reclamar la rescisión del contrato.
La ejecución de este proyecto contó con dificultades desde el primer momento, ya antes de su inicio, ya que la aparición de un pozo romano en las proximidades del campo de fútbol demoró la autorización de Patrimonio para poner en marcha las obras y posteriormente surgieron dificultades con la ocupación de los terrenos necesarios para dar acceso provisional al núcleo de Lamadosa durante el desarrollo de los trabajos. Cuando por fin hubo vía libre para su arranque, Arias informó al Concello de que pretendía desvincularse del contrato, aunque la administración municipal le reiteró poco después que debía iniciar las obras.
La apertura de un expediente sancionador llevó a la constructora a argumentar que el Concello era el culpable del retraso del proyecto y que era imposible comenzarlo hasta que no concluyese la protección a los restos arqueológicos hallados en el lugar, pero los responsables municipales replicaron que los trabajos podían haber comenzado en el lado opuesto del campo de fútbol. Arias rechazó además ejecutar las obras por fases con el fin de ahorrar costes y alegó que el encarecimiento de los materiales de construcción habían hecho insuficiente el presupuesto del proyecto.
Otras adjudicaciones conseguidas por la empresa en A Coruña se encuentran en una situación similar, ya que las obras de construcción de aceras en la calle Aguillón, en San Pedro de Visma, están interrumpidas desde finales de febrero al haber retirado Arias su maquinaria del lugar. La calzada permanece levantada desde entonces y los materiales de construcción se apilan en la zona a la espera de que se retomen los trabajos que pretendía instalar entre el cruce con la calle San Pedro de Visma y el centro cívico, así como renovar las canalizaciones de recogida de aguas pluviales.
La peatonalización de la calle San Leopoldo también está afectada por la crisis de Arias, que era la encargada de transformar esta vía con la instalación de una plataforma única para vehículos y transeúntes y la plantación de árboles. La constructora dejó de trabajar en el lugar a mediados de febrero y el Concello trabaja también en la búsqueda de una solución al problema.
La construcción de aceras en el último tramo de la avenida de Oza, antes de su entronque con la de A Pasaxe, fue otra de las adjudicaciones de Arias que quedó paralizada a los pocos días de iniciarse. A ella hay que sumar el trastorno que supone para el Concello que esta empresa sea la responsable del servicio de conservación de las aceras y áreas peatonales de la zona sur de la ciudad, adjudicado en 2020 con una duración de tres años y que puede ser prorrogado dos más, ya que esta actividad quedará interrumpida hasta que se halle una alternativa.
