El acuerdo que cedió a la empresa Carnicosa la explotación del Matadero Municipal, situado en A Grela, se firmó en 1986. Pero en estos 36 años el Concello nunca ha recibido el canon que le corresponde: 29 millones de pesetas anuales, actualizado ahora a unos 175.000 euros. En la época como alcalde de Francisco Vázquez se permitió a Carnicosa compensar el gasto, primero con inversiones, y luego también con gastos de mantenimiento. Ahora, el Ayuntamiento negocia con la concesionaria una “nueva fórmula” que permita “liquidar” tanto los futuros pagos como la deuda acumulada.
Sería el fin de un estado de cosas que el Consello Consultivo denominó como “una situación irregular que se viene sucediendo desde hace décadas” y tiene sus raíces en 1987, cuando el pleno municipal, entonces dominado por el PSOE acordó perdonar el canon a la concesionaria durante tres años, extendibles a un cuarto, a cambio de que realizase obras en las instalaciones.
En 1991 el periodo se extendió indefinidamente, y en 1994 se acordó deducir también “los gastos de inversión, adecuación y mantenimiento de las instalaciones”. Pero, aunque un informe del interventor de 2007 advertía de “irregularidades” en las facturas presentadas por la empresa, la situación fue aceptada, al menos por omisión, por todos los Gobiernos locales hasta el actual.
Entre 2008 y 2015, según ha podido comprobar este diario, cada presupuesto municipal preveía ingresar entre 178.000 y 195.000 euros por el canon, pero este nunca se abonaba. El PP encargó un informe para comprobar si los gastos de Carnicosa cumplían las condiciones impuestas por el pleno, pero nunca se hizo público. En época de Marea, la previsión de cobro se redujo a un simbólico euro, que tampoco se cobró.
En los primeros presupuestos elaborados por el actual Gobierno local, los de 2020, se preveía ingresar más de un millón de euros por el canon: el plan era percibir el de ese año y el de todos los atrasados y cuyo cobro no hubiese prescrito. Se le reclamó la cantidad a Carnicosa, pero la empresa presentó alegaciones en las que afirmaba que esto sería un “incumplimiento de previos acuerdos de la Corporación”, en referencia a las resoluciones plenarias de la época vazquista. También protestaba porque el cambio “supondría un absoluto desequilibrio financiero de la concesión”.
En los presupuestos de 2020 el Concello preveía cobrar más de un millón por los atrasos que no hubiesen prescrito, pero nunca se percibieron.
El Concello desestimó estas alegaciones, pero pidió la opinión del Consello Consultivo de Galicia, que, pese a entender que el Ayuntamiento quisiera “la regularización del servicio”, consideró que pedir el pago suponía reinterpretar unos acuerdos plenarios ya establecidos, y por tanto no correspondía exigir los pagos atrasados. La decisión no es vinculante, y el Ayuntamiento podría haber seguido adelante con el cobro, pero suponía un mal precedente si la disputa acababa en los tribunales. El proceso se interrumpió.
La alcaldesa, Inés Rey, afirmó en julio del año pasado que los servicios jurídicos del Concello estaban “estudiando” una solución. Pero finalmente el Concello ha optado por modificar las condiciones a través del “diálogo” con Carnicosa (que mantiene la concesión hasta 2033) y “reformular” el canon.
La “liquidación” del canon, según fuentes municipales, aspira tanto a cobrar la suma a partir de ahora como a percibir la deuda acumulada, pero no se sabe en qué medida, pues variará la fórmula. Así, los presupuestos calculan ingresos por canon por 167.000 euros este año, pero no tiene por qué ser la cantidad que finalmente se cobra, si se cobra algo.
