La Valedora do Pobo considera que en los comicios para elegir a la directiva de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil del pasado mes de noviembre se produjeron irregularidades, entre ellas una modificación del censo cuando la campaña electoral ya estaba en marcha. También afirma que, aunque al Concello le correspondía haber supervisado el proceso y velado por su legalidad, desatendió la denuncia que le presentó un grupo de voluntarios y le insta a hacerlo ahora.
Según refleja un informe de la Valedora emitido este mes, la junta electoral de la agrupación, siguiendo su normativa electoral, debe tener cinco titulares y tres suplentes, pero en las elecciones del año pasado “se constituyó con cuatro personas”.
La junta electoral planteó suspender las elecciones por posibles vulneraciones de "la legalidad, transparencia y objetividad", pero el Ayuntamiento, según afirma, apostó por continuar.
El 18 de octubre del año pasado, veinte días después de constituirse, la junta emitió un escrito que llamaba a “suspender el proceso electoral” debido a “acontecimientos que vulneran la legalidad, transparencia y objetividad” recogidos en la normativa que rige el proceso. Pero las elecciones nunca se paralizaron, y el 20 de octubre la junta informó que “tras consultar a la Dirección de Área (de Seguridad Ciudadana), indica que se puede continuar con el proceso electoral a expensas de la reunión con la asesoría jurídica”.
Con la campaña electoral en marcha, la junta anunció que había solicitado a Seguridad Ciudadana excluir a dos personas del censo, respondiendo a una reclamación. La justificación era que ambos estaban en excedencia y habían comunicado que “en principio no tienen pensado volver”. Ambas se apartaron.
El Concello alegó a la Valedora, en un informe firmado por el director de Seguridad Ciudadana, que no tiene “competencia ni actuación en el proceso electoral”, que realiza “íntegramente” la agrupación de voluntarios. De cualquier forma, considera que las discrepancias en el censo “fueron resueltas por la junta”.
El número de integrantes de la junta electoral fue inferior al previsto por la normativa.
Pero la Valedora recuerda que, según un informe de la asesoría jurídica municipal, la asociación de voluntarios no tiene “personalidad jurídica propia” y depende “orgánica y funcionalmente” del Concello. La normativa que regula las elecciones fue aprobada por el “coordinador de Seguridad Ciudadana” en 2017.
Según señala el informe de la Valedora, “más allá de la fundamentación legal” que justificase la exclusión de estas dos personas, considera que se produjo “una modificación del censo electoral después de la aprobación definitiva de las candidaturas y una vez iniciada la campaña electoral”.
El voluntario que llevó este asunto a la Valedora denunció el cambio de censo a la junta y le reclamó que se disolviera, pero esta le dijo que no realizaría comentarios porque “se nos ha notificado que hemos sido denunciados en el Juzgado”. En el informe de la Valedora no hay constancia de esa denuncia, y el interesado ha declarado a este diario que no la interpuso y que no le consta que lo hiciera otra persona.
La reglamentación de Protección Civil permite poner reclamaciones ante la alcaldesa, pero una que se presentó por registro en noviembre, después de las elecciones, nunca fue atendida.
El denunciante, junto con otras personas, presentó una reclamación en el registro municipal tres días después de las elecciones, siguiendo la normativa, que permite apelar a la alcaldesa. Pero nada indica que fuese atendida, y la resolución de la junta que da por terminado el proceso señala que “no se tiene constancia de que se haya admitido a trámite ninguna reclamación por parte de la alcaldesa Inés Rey”.
La Valedora recuerda al Concello que debe responder a esta reclamación y velar por el “cumplimiento estricto” de la norma electoral. Si no toma una “medida adecuada” en un plazo “razonable”, la Valedora amenaza con informar a la Xunta.
Supuesta corrupción, prescrita
En las elecciones de noviembre de 2021 ganó con 26 votos la candidatura de la actual jefa de la agrupación, Ana María Ares, y perdió la de la anterior, Sonia Vieites, que había denunciado las irregularidades públicamente. Sin embargo, la exjefa no es la persona que puso la reclamación ante la Valedora do Pobo.
Vieites, junto con otro denunciante, sí llevó a los tribunales al exjefe de Protección Civil desde 1998 hasta 2011, Federico de la Fuente, por supuestas irregularidades en el manejo de la cuentas. Un informe de la Policía Nacional lo acusa de utilizar las cuentas de la agrupación como un “negocio” particular mientras era exjefe, y de seguir manejándolas hasta que se constituyó una nueva directiva en 2017.
Federico de la Fuente negó a este diario las acusaciones, señalando que nunca había cometido un quiebro para las arcas públicas ni empleó fondos en su beneficio. Recientemente, aunque fuentes de la Policía Nacional indican que el grupo que participó en la investigación no está de acuerdo con este criterio, el juzgado archivó el caso al considerarlo prescrito. Los denunciantes señalan que recurrirán.
