La Opinión de A Coruña

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¿Por qué desestima el Concello de A Coruña todas las 21 alegaciones a los presupuestos de 2022?

Rechaza peticiones vecinales de invertir en barrios al considerar que incumplen requisitos legales | Excluye los futuros ingresos del Concello por las expropiaciones de Langosteira

Calle de la Merced, para la que una reclamación vecinal pedía mejorar la accesibilidad. | // VÍCTOR ECHAVE

Los presupuestos municipales para este año, que se aprobaron inicialmente el mes pasado, recibieron 21 alegaciones en plazo durante el periodo de exposición pública, emitidas por asociaciones de vecinos, asociaciones, clubes deportivos, particulares y el partido Vox (si bien estas se consideran como emitidas por la vecina que las envió). Sin embargo, un informe de la concejalía de Hacienda que será refrendado en la comisión del ramo de este viernes argumenta que se deben desestimar todas las alegaciones, excepto, parcialmente, una que señala un error en la remuneración de la alcaldesa. Tras este paso, podrán ir a pleno para su aprobación definitiva.

Como ya ha ocurrido otros años, el fundamento para rechazarlas se basa en que las alegaciones no responden a los motivos legales. Alegar es un derecho del ciudadano, pero solo se pueden ejercer cuando los presupuestos no se hayan conformado según los trámites legales, cuando falten fondos para cumplir obligaciones del Concello, por una “manifiesta insuficiencia” de los ingresos para cubrir los gastos o porque estos no basten para cumplir con las acciones que se prevén. Pero no es válido alegar para, por ejemplo, pedir una obra o una subvención que no se haya incluido en las cuentas.

Media docena de las peticiones tienen que ver con las subvenciones nominativas. Por ejemplo, la Liga Reumatológica Galega pedía que subiese la asignación anual que recibe, la Fundación Rogelio Groba reclamaba que se le concediese una ayuda, y los clubes Atlético Coruña Montañeros y Padre Faustino pedía que no se les bajase la cuantía de subvención en relación a la de años anteriores. Vox reclamaba eliminar un centenar de ayudas. Por su parte, Ascega pedía más ayudas económicas y apoyo municipal para la instalación de ascensores.

Otras ocho peticiones parten de reclamaciones de asociaciones de vecinos que pedían actuaciones para sus barrios: Matogrande Novocentro, Juan Flórez Ensanche, A Falperra, Orzán-Pescadería, Os Mallos Unidos, María Pita, Elviña Dos Fases y las de Oza-Gaiteira-Os Castros, que reclamaba, entre otras, mejorar la accesibilidad de la calle de la Merced. El Concello señala afirma que este tipo de propuestas de inversiones se pueden canalizar a través de los presupuestos participativos.

En cuanto a las previsiones de ingresos, dos vecinos, incluida la representante de Vox, consideraron algunos apartados demasiado optimistas, y el demandante particular señala, entre otras cuestiones, que se deben incluir los ingresos de los terrenos municipales expropiados por el tren a punta Langosteira.

El Concello considera, en base a un informe del Servicio de Gestión Tributaria, que las estimaciones son realistas, y, en lo relativo a las expropiaciones, no se han incluido los fondos por “prudencia financiera”. Vox también alegó en contra de la creación de un operador energético municipal y del programa de dinamización Mover os baixos, de EMVSA.

Error en el suelo de Inés Rey

El mismo particular que alegó contra la previsión de ingresos presentó una reclamación de cinco puntos, que fueron rechazados excepto uno, referido a un error sobre el sueldo de la alcaldesa, Inés Rey. Entre otras advertencias, entendía que la aprobación inicial de los presupuestos era nula, por la convocatoria de urgencia de la comisión informativa y el pleno, y que faltaban puestos de trabajo y crédito para pagar sueldos en la documentación.

También hay una alegación de Paulo Rodríguez, el director del teatro Rosalía y delegado sindical del IMCE, sobre el presupuesto de este órgano dependiente del Concello. Señala que fue aprobado sin negociar con los trabajadores, algo que niega el propio IMCE, que asegura que hubo una “negociación prolongada”, y critica que se eliminen algunas plazas y se reduzcan la dotación de otras. También considera que la plaza del director del Fórum pasa de naturaleza laboral y funcionarial, y que se incumplió un pacto de 2020 entre el IMCE y sus trabajadores relativo al cuadro de personal. El Concello rechaza todas las alegaciones.

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