El Ayuntamiento está demoliendo las dos plantas superiores del edificio del número 49-51 de la calle Santo Tomás, una obra que parte de una licencia municipal concedida en 2008 y anulada años después por los tribunales. Esto causó un perjuicio al dueño, que pagó por una obra que ahora derriba, pero el Consello Consultivo considera que el Concello no tiene por qué pagarle los 795.000 euros que pedía como indemnización: argumenta que todos los conceptos por los que reclama dinero no son achacables al Ayuntamiento o no están debidamente acreditados. Las obras efectuadas, según el órgano, tienen “importantes desajustes” en relación a la licencia.
El dueño consideraba que el Ayuntamiento tenía que pagarle el dinero que gastó en la redacción del proyecto y el pago de tasas para obtener la licencia. Este gasto, argumenta el Consultivo, tenía que hacerse para pedir la propia licencia, independientemente de que el Concello la concediese o no. Por otra parte, alegaba que gastó más de 384.000 euros en las obras de ampliación, además de abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y otros gastos relacionados. En este caso, “sí se trataría de conceptos indemnizables”, ya que el propietario no habría realizado el gasto si el Concello no hubiese otorgado una licencia irregular.
Pero Consultivo también indica que falta la “prueba” de que los gastos son los reclamados. Así, un informe pericial de parte del propietario valora el coste de ejecución material de las obras en 330.000 euros, “más del doble de la cuantía fijada en el proyecto” al que se dio la licencia (algo más de 157.000 euros). En cuanto a los honorarios técnicos, no se han presentado facturas u otros documentos acreditativos.
Pero es que, además, la ampliación del edificio, de la que el dueño disfrutó entre 2011 y 2021, sobrepasa la licencia. Según un informe del arquitecto municipal, se construyó a mayores un altillo y unas escaleras, se unió una de las nuevas viviendas con el edificio colindante y hubo una “modificación drástica” de las condiciones de habitabilidad, entre otros cambios no previstos en el proyecto. Estos desajustes, considera el Consultivo, “son de la exclusiva responsabilidad” del reclamante.
Por el mismo motivo, el Consultivo desestima los 151.000 euros que el dueño reclamaba por ingresos que deja de percibir de los pisos derribados. Reclamaba otros 21.600 euros por el lucro cesante de los alquileres de viviendas de la cuarta planta, pero tampoco aporta documentos que lo justifiquen.
El propietario pedía otros 165.000 euros por los “costes de reposición”, esto es, el gasto del derribo. Pero, indica el Consultivo, es “el propio Concello” el que se está encargado de la demolición. En cuanto a unos 15.000 euros reclamados por gastos judiciales, el Consultivo considera que es una cuestión que corresponde a los juzgados.
